La defensa de la ley expresada por Lobato y Page deterioran a un Gobierno implicado en la sucia operación contra Ayuso
Juan Lobato, ayer, a su salida del Tribunal Supremo.EFE
La «sombra turbia sobre la realidad del partido y del Gobierno» de la que habla Emiliano García-Page penetró ayer decididamente en La Moncloa con la declaración de Juan Lobato ante el Tribunal Supremo. Los whatsapps que presentó perfilan lo que ya puede definirse sin ninguna duda como una operación de Estado para derribar a Isabel Díaz Ayuso, al acreditar que La Moncloa difundió el correo confidencial del abogado de Alberto González Amador antes de que ningún medio de comunicación lo publica
ra.
En una mañana intensa para el PSOE, el ex líder de los socialistas madrileños y el presidente de Castilla-La Mancha lanzaron un mensaje que desafía la forma en la que Pedro Sánchez concibe la política. «Los socialistas, siempre con la verdad y la ley por delante», afirmó Lobato al salir del Supremo. Casi a la misma hora, Page decía desde Sevilla:
«Ninguna militancia obliga a ser cómplice».
La declaración de Lobato no solo confirma
la conexión política entre la Fiscalía General del Estado y la Presidencia del Gobierno
sino que deja a La Moncloa a los pies del Supremo. La mano derecha de Óscar López, entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, será citada como imputada en el proceso que se sigue contra el fiscal general, pues difundió un documento secreto de origen necesariamente ilícito.
Hoy sabemos que el correo que llegó al mail personal del fiscal general a las diez de la noche del 13 de marzo estaba en el móvil de Pilar Sánchez Acera al menos a las 8.29 horas del día siguiente. Hoy sabemos también que desde la sala de máquinas de la Presidencia se utilizó a
un medio progubernamental
(El Plural)
para convencer a Lobato de que exhibiera el documento en la Asamblea de Madrid, como finalmente hizo. Y hoy sabemos que la directora de ese medio,
Angélica Rubio,
ha sido colocada por el PSOE en el Consejo de RTVE.
De modo que el Gobierno que se dice víctima de una conspiración urdida por «la derecha política, judicial y mediática»
usó datos secretos de la Fiscalía y recurrió a un medio de
agitprop
para apuntalar una sucia operación política. Era evidente: nunca se trató de combatir un falso bulo -la información veraz publicada por EL MUNDO-, sino de una simple coartada para, vulnerando derechos fundamentales de un particular, dañar a una rival del Gobierno.
El fiscal general ha perdido su argumentario
y, con él, su burladero de defensa.
El
caso Aldama
y las imputaciones de la mujer y del hermano del presidente completan esa «sombra turbia» ante la que Sánchez se conjura
bunkerizándose.
La cúpula del PSOE ha diseñado su
41º Congreso como un oasis
en el que parece que ninguno de estos escándalos existe. Mientras al Gobierno se le amontonan las crisis de credibilidad -ayer supimos también que, frente a las dudas sembradas por el PSOE, Aldama sí estuvo presente en Ferraz en la noche electoral de 2019-, la voluntad del presidente pasa por alinear aún más al partido con sus propios intereses.
Con todo, si bien un cambio drástico es más que improbable, sí se constata un avance:
la oposición interna acude a Sevilla con más visibilidad que nunca.
Las federaciones críticas ya no son solo Castilla-La Mancha y Aragón: a ellas se han sumado Castilla y León y Extremadura, mientras Madrid afronta la crisis desatada por la dimisión de su secretario general.
La apuesta por
un partido que no se dirige a las mayorías sociales
sino a resistir en La Moncloa y en Cataluña gracias a las constantes cesiones de Estado a los partidos nacionalistas ha pasado factura a los cuadros socialistas de la mayoría de las regiones. La fuerza moral de las convicciones asiste a quienes pretenden desmontar una deriva que no solo ha quebrado la historia vertebradora del PSOE, sino que ha deteriorado las instituciones y la convivencia entre españoles.
