Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJEG), fue vinculada a proceso tras serle dictado auto de formal prisión por su presunta participación en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

La resolución fue emitida por Raquel Duarte Cedillo, Jueza Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, quien determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) aportó pruebas suficientes para continuar el proceso penal en contra de Galeana Marín.

A la magistrada en retiro se le imputan delitos relacionados con la desaparición forzada de personas y actos en perjuicio de la administración de justicia. Su presunta implicación forma parte de las investigaciones que las autoridades federales han intensificado en torno al caso Ayotzinapa, a casi una década de los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

La defensa de Galeana cuestiona los cargos presentados por la FGR, según explicó su abogado, el propio Tribunal Superior de Justicia de Guerrero informó a la jueza que no existe evidencia documental de que la entonces magistrada hubiese sido notificada sobre la existencia de los videos que supuestamente habría omitido resguardar.

Además, dos técnicos en sistemas, Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, declararon en su momento ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) que el 27 de septiembre de 2014 intentaron respaldar los videos en una memoria USB, pero los archivos ya estaban dañados. Uno de ellos también intentó en cuatro ocasiones transferir los datos a un disco duro, sin éxito, aparentemente por fallas eléctricas que afectaron los archivos.

“La acusan de destruir evidencia que, en realidad, ya estaba dañada, y de ser omisa con información de la que nunca fue notificada”, argumentó el abogado García Miranda. “No hay una sola persona que la señale directamente. La FGR primero sostiene que destruyó pruebas y luego dice que simplemente fue negligente. Es una contradicción evidente”, añadió. “Esto parece más un intento por calmar la indignación social que una imputación jurídicamente sólida”.

Cabe señalar que el proceso contra Galeana Marín se basa en una orden de aprehensión emitida originalmente en 2022, pero que fue cancelada cuando la FGR se desistió de ejercer acción penal. No fue sino hasta el pasado 29 de abril de 2025 que la Fiscalía reactivó la solicitud de captura, misma que fue autorizada por la jueza Duarte Cedillo al día siguiente. La ex magistrada fue detenida el 14 de mayo.

Mientras el caso sigue su curso, la resolución judicial y las acusaciones en su contra han reavivado la atención en torno al caso Ayotzinapa, uno de los más emblemáticos y sensibles en la historia reciente del país.