Un asesinato a plena luz del día, cinco disparos precisos y una nota escrita a mano que decía: “Hay cosas con las que es mejor no meterse.”

Para muchos, solo era una advertencia. Para Gabriela Mejía Martínez, era un desafío. Tenía 34 años, era madre de dos hijos y la exalcaldesa más joven en la historia de Colima.

Pero, sobre todo, era una mujer que había decidido mirar de frente al poder, tocar lo intocable y denunciar lo que otros preferían callar. Su decisión fue valiente. Su destino, trágico.

Gabriela no fue una víctima cualquiera. Fue una figura incómoda, una mujer que incomodó a los suyos. Dentro del PRI, su partido, ya la veían con recelo.

Había comenzado a investigar irregularidades en contratos públicos, obras infladas y transferencias millonarias a empresas fantasma. Su lucha no era contra un enemigo visible, sino contra un sistema profundamente entrelazado entre política, dinero y violencia.

El 14 de octubre, a las 5:15 de la tarde, en la colonia El Cariño, Gabriela caminaba junto a su hermano cuando dos hombres en una motocicleta negra se acercaron y abrieron fuego.

Cinco disparos, secos y precisos. Ella cayó al instante. Su hermano resultó herido. Los atacantes se esfumaron en segundos. Nadie gritó. Nadie corrió. Solo quedó el silencio de un crimen ejecutado con frialdad quirúrgica.

Los investigadores descubrieron que dos días antes del atentado, varias cámaras del sistema C5i habían sido cubiertas con bolsas negras.

Una de las principales, ubicada justo en la calle donde ocurrió el ataque, “dejó de funcionar por una falla técnica”. Gabriela, mientras tanto, había recibido un sobre amarillo bajo la puerta de su oficina. Dentro, solo una frase: “Hay cosas que no deberías tocar.”

Pero ella ya estaba tocándolas. En su computadora —hallada en la escena del crimen, con el teclado manchado de sangre— se encontró un archivo titulado “Expediente Colima”.

Contenía copias de contratos de obra pública, transferencias bancarias y mensajes cifrados. En uno de ellos se leía: “Eliminar el problema, cuanto antes.”

Un audio grabado 48 horas antes de su muerte revelaba una voz distorsionada que decía: “Ya se le dieron demasiadas oportunidades.”

El 20 de octubre, tras seis días de trabajo y más de 200 horas revisando cámaras, la policía federal capturó a Felipe de Jesús N, de 28 años, en un operativo conjunto.

Era el sicario. Tenía antecedentes por robo con violencia y había sido liberado en 2022 por una reducción de condena “inexplicable”. En su teléfono, los agentes hallaron un mensaje: “La vieja cayó, falta limpiar lo demás.”

El rastro llevó a una cadena de nombres y direcciones. La motocicleta utilizada estaba registrada a nombre de un familiar de un funcionario municipal.

En los chats del sicario apareció un contacto identificado como JRA, un operador político de experiencia, exasesor y viejo aliado de Gabriela. En los mensajes que envió dos días antes del crimen, se leía: “Debe hacerse limpio, sin testigos. Orden confirmada.”

En un restaurante del centro de Colima, donde solían reunirse empresarios y políticos locales, la policía incautó una libreta con una palabra repetida una y otra vez: “Cuervo”. Para los investigadores, “Cuervo” era el nombre clave de quien dio la orden final. Un hombre que aún se mueve entre las sombras.

La reacción oficial fue tibia. La gobernadora publicó un breve mensaje en redes condenando la violencia, pero sin mencionar el nombre de Gabriela. La sociedad civil estalló en indignación.

Colectivos de mujeres y periodistas salieron a las calles con pancartas que decían “Ni una más” y “No fue un crimen pasional, fue político.”

En medio del caos, el 20 de octubre, llegó a Colima Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad. Su presencia cambió el tono.

“Esto no es un caso de Colima. Es una red nacional. Cuando tocan a una mujer con poder, intentan matar una idea”, declaró frente a la prensa.

Harfuch instaló un centro de mando provisional, ordenó acceso total a los expedientes y lanzó la operación “Desarme”: una ofensiva para desmontar las estructuras de corrupción y crimen organizado infiltradas en las instituciones locales.

En menos de 48 horas, tres funcionarios municipales —el director de adquisiciones, un asesor jurídico y un subsecretario— renunciaron alegando “motivos personales”. Todos pertenecían al círculo cercano de JRA.

Los registros financieros mostraron que la red operaba a través de empresas fantasma que recibieron más de 90 millones de pesos en contratos públicos. Al menos el 60% de esos fondos se desvió a cuentas privadas en Guadalajara y la Ciudad de México.

Las líneas de investigación llevaron a conexiones en otros estados e incluso fuera del país. Harfuch ordenó la activación de una alerta de Interpol después de descubrir boletos de avión a Guatemala a nombre de un familiar de un político activo.

Los investigadores describen el caso como “una radiografía del Estado mexicano contemporáneo”: un entramado donde los intereses privados, la impunidad y el miedo se funden en un solo cuerpo.

Y en el centro de todo, la figura de Gabriela Mejía. La mujer que se negó a obedecer. La mujer que sabía demasiado.

Cinco días antes de ser asesinada, Gabriela había enviado una copia de su expediente a una persona de confianza fuera del estado. Esa persona sigue desaparecida. Los fiscales creen que ese documento podría contener la prueba definitiva que une a los responsables intelectuales del crimen con los circuitos financieros del poder.

En su última carta, entregada a un colaborador y hoy bajo resguardo de la Fiscalía, Gabriela escribió:
“Si tengo que irme por decir la verdad, me iré con la cabeza en alto.”

Colima sigue en silencio. Pero bajo ese silencio, se mueven las grietas de un sistema que por años se creyó intocable.

La pregunta, hoy, no es quién mató a Gabriela Mejía. Esa respuesta ya comienza a emerger entre expedientes y transferencias bancarias.

La verdadera pregunta es otra:
¿Será la justicia lo suficientemente fuerte para vencer a quienes aprendieron a matar desde dentro del Estado?