Bajo las luces de neón que iluminan Mazatlán, uno de los destinos turísticos más concurridos de México,

la desaparición de un joven ha detonado un sismo político y social sin precedentes en Sinaloa.

Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años y originario de Durango, viajó a la costa para disfrutar de un fin de semana familiar.

Sin embargo, en cuestión de horas, la diversión se convirtió en una pesadilla interminable: desapareció en el interior de un bar lujoso con cámaras de vigilancia en cada esquina, pero sin un solo registro sobre el momento exacto en que salió del lugar.

Lo ocurrido con Carlos Emilio dejó de ser una tragedia familiar y se convirtió en una alerta roja contra un sistema de vigilancia selectiva, donde las cámaras pueden verlo todo, menos la verdad que compromete a los poderosos.

La noche del 5 de octubre, Carlos Emilio entró a Terraza Valentino, un centro nocturno emblemático en la zona turística de Mazatlán.

Las cámaras captaron sus movimientos entre la multitud, su llegada a los baños y su tránsito por el lugar. Luego, de manera repentina, la grabación se interrumpe justo cuando debía registrarse su salida.

El argumento ofrecido: las cámaras sufrieron una “falla técnica” en el instante más crucial. Tal coincidencia técnica, en términos de investigación criminal, jamás puede considerarse casualidad. Implica control, acceso privilegiado y la intervención de alguien con capacidad de borrar huellas.

El caso adquiere un nivel aún más delicado cuando se confirma que el propietario de Terraza Valentino es Ricardo Belarde Cárdenas, entonces Secretario de Economía del Gobierno de Sinaloa.

Un funcionario de alto rango involucrado en negocios del entretenimiento nocturno, un sector históricamente asociado a zonas grises y operaciones clandestinas.

El día en que la Fiscalía General del Estado realizó un cateo en el bar, Belarde presentó su renuncia inmediata. No fue una decisión administrativa, sino la reacción reflejo de quien sabe que la verdad podría derribar toda una estructura de poder.

Durante la diligencia, las autoridades aseguraron discos duros con archivos de seguridad, servidores DVR, listas de personal, reportes de acceso, registros de consumo y toda bitácora interna disponible.

No obstante, la pregunta clave se mantiene viva: ¿quién controla realmente el sistema de vigilancia de un negocio como este? En ese tipo de establecimientos, una orden como “apagar la cámara” solo puede provenir de un mando superior.

Si las grabaciones no existen, se trata de una grave negligencia. Si fueron eliminadas, estamos ante un delito de obstrucción de justicia que exige nombres, apellidos y sanciones.

Mazatlán es, a la vista del turismo, un paraíso costero. Sin embargo, detrás de esa fachada se esconde un dato escalofriante: es el puerto mexicano con mayor número de desapariciones de visitantes en todo el país.

Las víctimas casi siempre desaparecen en la madrugada, dentro de centros de entretenimiento, bajo la sombra de cámaras que misteriosamente dejan de funcionar. Cuando un patrón se repite, la narrativa deja de ser “mala suerte” y se transforma en alerta sistémica.

En este tablero de poder y silencio, emerge la figura de Carlos Manso, titular de Seguridad y Protección Ciudadana.

Su papel ha sido esencial para evitar que el caso termine archivado en el olvido administrativo. Manso ha traído presión federal, inteligencia interinstitucional y un seguimiento minucioso imposible de evadir para las autoridades locales.

Cuando un Estado se encuentra contaminado por intereses cruzados, la presencia de la Federación puede marcar la diferencia entre la verdad y la impunidad.

La familia de Carlos Emilio vive un dolor que no admite discursos vacíos. No exigen promesas ni comunicados.

Exigen hechos concretos: la entrega íntegra de todas las grabaciones, la identificación de quienes tuvieron acceso a las cámaras esa noche, la explicación detallada de cada minuto perdido y la apertura total de los procesos internos de seguridad del bar.

La indignación pública ha convertido esta desaparición en una causa colectiva. Marchas y vigilias se replican tanto en Mazatlán como en Durango. La ciudadanía solo corea dos exigencias:
“Que aparezcan los videos. Que aparezca Carlos Emilio.”

Este caso ya no se limita a una carpeta de investigación. Expone fallas mortales en la regulación de la industria nocturna, la supervisión de negocios con alta incidencia delictiva, los mecanismos de seguridad privada y los nexos sensibles entre el sector empresarial y el poder político.

Cuando un miembro del gabinete estatal cae de inmediato tras un cateo, el mensaje es evidente: lo que se intenta ocultar no es menor.

Si la red de privilegios que ha protegido intereses en la oscuridad queda al descubierto, las consecuencias no serán únicamente administrativas.

Todo un sistema de favores, omisiones y protección deberá enfrentarse al escrutinio y a la ley. La desaparición de Carlos Emilio está forzando al Gobierno de Sinaloa a demostrar si realmente está dispuesto a aplicarse la misma justicia que exige a los ciudadanos.

Porque la pregunta que resuena en México ya no es:
¿Dónde está Carlos Emilio?
La pregunta, hoy, es mucho más profunda y peligrosa:
¿Quién permitió que desapareciera?