“El Estado nos ha fallado.”
La voz temblorosa del asesor legal de la familia Moya resonó en una conferencia de prensa cargada de lágrimas en la Ciudad de México.

Detrás de él, la madre de Kimberly, Jacqueline, sostenía con fuerza una fotografía de su hija: una sonrisa congelada que contrasta con la desesperación que hoy domina su vida.

Han pasado semanas desde la desaparición de Kimberly, y lo que más indigna a la familia no es el paso del tiempo, sino el silencio de las autoridades.

La familia de Kimberly afirma que el gobierno del Estado de México ha fracasado rotundamente en su responsabilidad.

A pesar de la existencia de un expediente judicial y la detención de dos personas, no hay avances reales en la búsqueda.

“No vemos ningún progreso en la investigación”, declaró su abogado, enfatizando que la justicia no se mide por declaraciones, sino por resultados.

Según él, las autoridades estatales están “rebasadas”, y si no pueden continuar, deben ceder el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que asuma el control.

Sin embargo, hasta el momento, no ha habido respuesta oficial sobre esta solicitud. Ninguna declaración sobre una posible transferencia del caso, ni una explicación de las demoras en la recolección de pruebas.

La familia asegura que no fue informada sobre ningún cateo y que solo se enteró de los descubrimientos después de revisar el expediente judicial.

Lo que encontraron fue aterrador: en un taller mecánico registrado por la policía, se hallaron manchas de sangre en un colchón, y las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Kimberly.

Este hallazgo constituye la evidencia más contundente de que la joven estuvo allí. Pero lo más perturbador fueron los otros objetos encontrados: preservativos usados y una caja con la marca “Playboy”, posiblemente de revistas o videos.

Para la familia, estos indicios abren la posibilidad de que Kimberly haya sido víctima de un abuso sexual violento. Entre lágrimas, su madre declaró: “Solo quiero que mi hija regrese, aunque sea en la verdad y en la justicia.”

El caso de Kimberly ocurre en medio de una crisis nacional: el Estado de México enfrenta una ola de desapariciones sin precedentes, con miles de casos sin resolver.

Organizaciones civiles denuncian que, solo en el último año, se han registrado más de 3.000 personas desaparecidas, y la mayoría de los expedientes permanecen estancados. Las autoridades alegan “saturación”, pero para las familias esa palabra significa otra cosa: abandono.

Cansada del silencio, la familia Moya ha decidido actuar. En la misma conferencia, Jacqueline anunció que, si la FGR no atrae el caso, organizarán un bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). “No buscamos confrontación, solo justicia”, afirmó.

El plan contempla el cierre de Circuito Interior, una de las principales vías de acceso al aeropuerto, así como bloqueos en Insurgentes, Periférico Sur, Tlalpan y Viaducto.

El movimiento cuenta con el apoyo de estudiantes de la UNAM, los CCHs y del Comité de Madres Buscadoras, quienes confirmaron su participación.

Se espera que sea una de las manifestaciones más grandes desde los casos emblemáticos como Ayotzinapa. “No podemos seguir callando. Si el Estado no habla, el pueblo hablará por él”, dijo un estudiante del CCH durante la reunión.

La familia también ha hecho un llamado a la opinión pública para no olvidar a Kimberly. Exigen que Caminos y Puentes Federales entregue los videos de seguridad del 2 de octubre —día de la desaparición— que muestran un vehículo sospechoso.

La falta de respuesta por parte de la institución alimenta sospechas de ocultamiento o negligencia institucional.

Los dos sospechosos fueron detenidos tras los cateos, pero la familia asegura que no fue informada oficialmente. “Nos enteramos por el expediente.

Nadie nos avisó, nadie nos explicó nada”, lamentó el abogado, señalando la falta de transparencia que caracteriza el proceso.

Entre la rabia y la desesperación, la familia Moya ha decidido transformar el dolor en acción.

Respaldados por colectivos sociales y otras madres buscadoras, prometen no descansar hasta que se conozca la verdad. “Si no encuentro a mi hija, al menos quiero que los responsables enfrenten la justicia”, afirmó Jacqueline.

El caso de Kimberly no es una excepción. Es un espejo que refleja la tragedia compartida por miles de familias mexicanas que viven entre la incertidumbre y el miedo.

En un país donde el silencio se ha convertido en el idioma oficial del Estado, cada protesta se transforma en un grito, y cada madre, como Jacqueline, en el símbolo de una nación cansada de esperar justicia.

“Solo queremos la verdad”, repite. “Si el Estado no habla, lo haremos hablar.”