Entre las luces titilantes de las velas en una noche de festival, un disparo rompió la calma de la celebración.

El alcalde Carlos Manso, que apenas había agradecido al pueblo por su unidad, cayó al suelo en brazos de sus escoltas.

En cuestión de segundos, los aplausos se transformaron en gritos, las velas en símbolos de duelo. El ataque fue rápido, preciso y despiadado.

Para muchos, no fue un acto impulsivo, sino un crimen planificado con fría meticulosidad.

Testigos presenciales relataron que el agresor apareció entre la multitud y disparó tres veces a corta distancia.

Una bala le alcanzó el abdomen, otra el brazo, y la tercera se incrustó en una pared detrás del alcalde. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el atacante fue abatido por los escoltas.

Dos sospechosos más fueron detenidos cuando intentaban escapar en motocicleta. En menos de diez minutos, el centro de Uruapan quedó completamente cerrado.

Omar García Harfuch, figura clave de la seguridad nacional mexicana y sobreviviente de un atentado en 2020, llegó de inmediato al lugar de los hechos con un equipo de fuerzas federales.

Ordenó medidas de emergencia: proteger la escena, bloquear los accesos a la ciudad y activar la cooperación entre inteligencia nacional y policía estatal.

En cuestión de horas, Harfuch recibió los primeros informes, revelando un entramado más complejo de lo que cualquiera imaginaba.

Fuentes de alto nivel confirmaron que el ataque tenía las características de una célula organizada. Desde el tipo de munición hasta la sincronización de movimientos, todo indicaba una operación profesional.

Uno de los detenidos tenía antecedentes por tráfico de armas en Michoacán y vínculos con grupos delictivos que controlan rutas de narcotráfico.

Los investigadores sospechan que se trató de una ejecución selectiva, posiblemente con mensaje político, diseñada para intimidar a las autoridades locales que desafiaban a las estructuras criminales.

Semanas antes de su muerte, Manso había expresado su preocupación por el aumento de la violencia y la infiltración criminal.

Había solicitado formalmente al gobierno estatal más apoyo de seguridad para su municipio y para él mismo.

“Me siento amenazado”, declaró en una conferencia en octubre. Aquellas palabras hoy resuenan como una advertencia ignorada, y las autoridades centrales deben explicar por qué nadie escuchó.

Harfuch no se limitó a los arrestos inmediatos. Ordenó una investigación ampliada en tres frentes: móvil político, red criminal local y posible complicidad institucional.

Los peritos recogieron más de 30 pruebas físicas: casquillos, grabaciones de cámaras y huellas. Se analiza la data de los teléfonos de los detenidos para rastrear órdenes, transferencias y comunicaciones previas al festival.

La Fiscalía de Michoacán confirmó que el caso se judicializará bajo el delito de homicidio doloso con agravante de organización criminal, sin descartar vínculos con actores políticos o económicos.

“No es un caso aislado. Forma parte de una cadena de ataques que buscan desestabilizar gobiernos locales”, declaró el fiscal. Mientras tanto, cientos de ciudadanos se reunieron frente al ayuntamiento con pancartas: “Justicia para nuestro alcalde”.

La familia de Manso, entre lágrimas, lanzó un mensaje contundente: “No queremos solo al que apretó el gatillo. Queremos saber quién dio la orden.” La frase recorrió el país, convirtiéndose en un grito colectivo de indignación frente a la impunidad.

En medio de la tensión nacional, Harfuch apareció en cadena televisiva. Su voz fue firme, sin dramatismos, pero con la frialdad de quien conoce la magnitud del desafío:

“Ya hemos identificado las rutas financieras y logísticas del grupo atacante. Habrá más detenciones en las próximas 48 horas. Y que quede claro: nadie, sin importar su rango, estará por encima de la ley.”

El mensaje fue interpretado como una advertencia directa a los círculos de poder. Detrás de los disparos de aquella noche no solo se esconde un crimen, sino tal vez un intento de reconfigurar las estructuras políticas y criminales en Michoacán.

En los próximos días, las unidades de investigación federal continuarán rastreando a los autores intelectuales, revisando movimientos bancarios, y cruzando información de empresas y funcionarios locales.

Cada llamada, cada transferencia, cada pista podría revelar la verdad que México entero espera conocer:
¿Quién está realmente detrás del asesinato del alcalde Carlos Manso?

Mientras tanto, en la plaza principal de Uruapan, las velas siguen encendidas. No son solo por el luto, sino por una esperanza que se niega a apagarse: la esperanza de que esta vez, la verdad no sea silenciada.