Uruapán, Michoacán — En una sala fría de interrogatorio, el sicario bajó la cabeza. Su voz era baja, entrecortada, pero cada palabra cortaba el aire como un cuchillo:

“No fue un ataque improvisado. A nosotros nos mandaron.”

Esa frase cambió por completo el curso de la investigación. Lo que antes parecía un crimen aislado de delincuentes comunes, ahora se perfila como un asesinato político planeado y financiado por estructuras de poder que operan desde las sombras.

Durante más de tres horas de interrogatorio, el principal sospechoso —el tirador— confesó haber recibido órdenes directas, junto con la fotografía de su objetivo.

Le prometieron una suma considerable, pero nunca le pagaron todo. “No sabía quién era, solo tenía que hacerlo,” dijo con voz quebrada, mientras sus manos temblaban entre las esposas.

Su cómplice, el conductor del vehículo de escape, confirmó la versión: todas las instrucciones llegaban desde números de teléfono distintos cada día, y provenían de fuera del estado de Michoacán.

Ambos mencionaron “una voz grave, pausada, pero firme”, la del hombre al que solo llamaban El Patrón. Las autoridades no han revelado su identidad, pero lo describen como “un actor con poder operativo y recursos considerables.”

Las pruebas encontradas refuerzan la teoría de una operación meticulosamente planificada.
Los peritos digitales lograron recuperar un mensaje eliminado del teléfono del sicario, enviado la noche anterior al crimen:

“El evento no se cancela. El objetivo estará allí. No hay margen de error.”

En una casa abandonada a las afueras de Uruapán, los agentes hallaron un mapa del centro de la ciudad marcado en rojo, restos de comida y un ordenador portátil destruido con martillo. Restos químicos indicaban el uso de solventes industriales para borrar datos.

El análisis balístico determinó que las armas utilizadas eran nuevas, sin registro, ensambladas con piezas de distintos lotes. Esto descarta por completo un ataque espontáneo y apunta a una red logística y financiera bien estructurada.

Los investigadores financieros rastrearon una serie de transferencias pequeñas, inferiores a 30.000 pesos, enviadas desde distintas ciudades: Querétaro, León, Toluca y Ciudad de México.

El dinero fue movido a través de intermediarios “limpios”, sin antecedentes, que cobraban comisión. Los expertos creen que se trata de una red de microblanqueo, una técnica usada para ocultar fondos destinados a sobornos o contrataciones ilegales.

El patrón de transferencias coincide con casos previos de corrupción y violencia política en México. “No hablamos de dos sicarios, sino de un mecanismo diseñado para proteger a quien paga,” comentó una fuente cercana a la investigación.

La gran pregunta sigue siendo: ¿Por qué mataron a Carlos Manso?

En su declaración, uno de los detenidos lo dijo con crudeza:

“Porque se metió donde no debía. Porque hablaba demasiado.”

Según documentos de inteligencia, Manso había denunciado públicamente la infiltración del crimen organizado en los programas municipales y los contratos amañados en obras públicas. Durante meses recibió amenazas directas. Una de ellas decía:

“Si no se calla, lo harán callar.”

Pero Manso no se calló. Y terminó asesinado a plena luz del día, frente a su gente.

El secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, confirmó que la identidad del autor intelectual ya ha sido establecida.

“Estamos más cerca que nunca de la verdad. Nadie se esconderá detrás del poder,” declaró en conferencia de prensa.

Harfuch aseguró que los datos financieros y las ubicaciones telefónicas apuntan hacia una estructura organizada con respaldo económico externo. “Nadie tiene derecho a matar a un alcalde y seguir durmiendo tranquilo,” sentenció.

Mientras tanto, en las calles de Uruapán, la conmoción no se disipa.
El rostro sonriente de Manso aparece en murales improvisados con la frase escrita en marcador negro:

“El que decía la verdad está muerto. ¿Quién hablará ahora?”

El funeral fue sencillo, pero miles de ciudadanos se reunieron frente al Palacio Municipal, encendiendo velas y cantando el himno nacional.

Para muchos, la muerte de Manso no fue solo un crimen político, sino un mensaje de terror dirigido a todo México: la justicia sigue siendo un lujo, y la verdad, un riesgo mortal.

Las autoridades federales han ampliado la investigación a estados vecinos.
Se detectaron transferencias internacionales vinculadas al caso, procedentes de la frontera norte, zona controlada por grupos criminales con capacidad de financiar operaciones de alto perfil.

Fuentes cercanas a la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que se prepara una orden de captura contra una figura política influyente, enemistada con Manso por sus políticas de transparencia financiera. Aunque no se reveló su nombre, el rumor ya sacude a los círculos del poder en la capital.

En su última entrevista, Carlos Manso dijo:

“Si algún día me matan, recuerden que no muero por error. Muero por decir la verdad.”

Hoy, esas palabras resuenan con fuerza. Su muerte no fue casual, sino el resultado de un sistema podrido donde el poder y el crimen se dan la mano.
La investigación continúa. Pero el pueblo de Uruapán tiene claro su deseo:
que la verdad no vuelva a ser enterrada bajo el polvo del miedo.