Aquella noche, la ciudad de Uruapan estaba extrañamente silenciosa. A las 11:47 de la noche, una ambulancia se detuvo frente a la morgue del Instituto Forense de Michoacán.

En la camilla yacía el cuerpo del alcalde Carlos Manso, aún envuelto en una camiseta de emergencia manchada de sangre y cubierto con una sábana blanca.

Ninguno de los trabajadores del turno nocturno sabía que estaban a punto de enfrentarse a un cadáver que escondía secretos capaces de sacudir al poder.

El doctor Eduardo Molina, perito forense con décadas de experiencia, entró en la sala fría con la serenidad del oficio.

Había visto innumerables cuerpos víctimas de la violencia mexicana, pero esa noche percibió algo distinto. El olor del desinfectante se mezclaba con el rastro metálico de la pólvora. El aire era tan denso que, según recordaría más tarde, “podía oler el poder y el miedo en aquella habitación.”

Al retirar la sábana, el cuerpo aún conservaba calor. La piel enrojecida revelaba que la muerte había ocurrido solo minutos antes.

Lo que más perturbó al médico no fueron las heridas, sino la expresión del rostro: los ojos entreabiertos, la mandíbula tensa, una mezcla de horror y resistencia. Como si Manso hubiera visto algo imposible de creer — quizás el rostro de su traidor.

El torso y el abdomen mostraban hematomas que podían corresponder tanto a maniobras de reanimación (RCP) como a signos de una agresión previa.

Molina anotó cuidadosamente: “Estas marcas pueden deberse a dos escenarios diferentes.” Pero al limpiar la sangre seca encontró algo que lo detuvo en seco: residuos de pólvora de dos composiciones distintas. Solo había una explicación plausible: dos armas diferentes, y al menos dos tiradores.

Tres balas. Tres disparos que contaban la historia de un crimen planificado.
El primero, en el hombro izquierdo, con trayectoria descendente: el asesino estaba de pie, frente a la víctima. No fue letal, pero lo derribó.

El segundo, en el abdomen, atravesando hígado e intestinos: un disparo para provocar una muerte lenta y dolorosa.

El tercero, en el pecho derecho, con trayectoria ascendente, atravesando el pulmón hasta llegar al corazón: el tiro de gracia.
Todos a menos de dos metros de distancia. Sin forcejeo. Sin azar. Una ejecución metódica.

Molina extrajo la bala: calibre 9 mm, el tipo más usado en asesinatos políticos en Michoacán. El patrón balístico coincidía con ataques recientes en Zamora y Apatzingán.

El archivo nacional confirmó su peor sospecha: era la misma Glock 17, con número de serie limado, utilizada en tres homicidios de funcionarios locales. Alguien —o un grupo— estaba dejando una firma criminal.

Cuando intentó establecer la hora exacta de la muerte, surgieron las incongruencias. El expediente médico indicaba paro cardíaco a las 11:44 p. m., pero el análisis interno mostraba que Manso seguía con vida al menos cinco minutos más. Cinco minutos que lo cambiaban todo.

El registro del hospital señalaba que “murió en camino al hospital”, aunque el informe de la ambulancia tenía un vacío de tres minutos sin comunicación. Tres minutos de silencio donde la verdad pudo ser manipulada.

Molina notó además que los horarios de salida y llegada no coincidían con la distancia real recorrida. Alguien había modificado las marcas temporales. En su nota privada escribió:

“Las lesiones internas no corresponden al tiempo de muerte declarado. Posible alteración de registros para encubrir la causa real.”

A las 2:13 de la madrugada, mientras terminaba su informe, sonó el teléfono fijo. En la pantalla: “Privado”. Una voz masculina, grave y fría, habló con precisión quirúrgica:

“Doctor, escriba que murió por mala atención médica, no por asesinato. Su familia estará protegida. Será compensado.”
No hubo amenazas, solo la calma de quien sabe que tiene poder absoluto.

Dos días después, las cámaras de seguridad captaron autos sin placas estacionados cerca de su casa. Uno de los hombres llevaba discretamente una insignia del Ministerio Público en el cinturón.

Molina comprendió entonces que no se enfrentaba a criminales comunes, sino a los guardianes del propio sistema.

Bajo una presión insoportable, eligió callar, pero no traicionar la verdad. Terminó su informe completo y guardó una copia cifrada.

Semanas más tarde, un periodista anónimo recibió una filtración: el documento original. Su contenido estremeció al país. La bala fatal había sido disparada a menos de dos metros, desde el frente, por alguien a quien Manso reconoció. La teoría del “ataque fortuito” se desmoronó.

Tras la publicación, Molina fue convocado a Ciudad de México para “revisar el informe”. Desde entonces, desapareció. Un mes después, la prensa confirmó que el doctor vivía bajo protección federal como testigo clave en una investigación sobre corrupción política, policial y criminal.

En una breve entrevista, cansado pero sereno, dijo:

“El cuerpo de Carlos Manso no solo me reveló cómo murió. Me mostró hasta qué punto un sistema puede pudrirse por miedo a la verdad.”

Hasta hoy, nadie sabe si Manso fue asesinado por denunciar la corrupción o por descubrir algo demasiado grande. Lo cierto es que el silencio alrededor de su muerte suena cada vez más ensordecedor.

El caso Manso ya no es solo la historia de un alcalde asesinado. Es el espejo de una nación donde decir la verdad puede costarte la vida.