Bajo la tierra caliente de Michoacán, donde alguna vez resonaban las canciones de los productores de aguacate y limón, hoy se escuchan rumores

de túneles secretos —“búnkers”— usados no solo para esconder personas y dinero, sino también secretos del poder.

Cuando las primeras imágenes de esas estructuras subterráneas salieron a la luz, no mostraron únicamente concreto y cables, sino los rastros de una red de poder profundamente enraizada entre la política, el ejército y el crimen organizado.

En el centro de esa tormenta está Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, asesinado durante un festival público, cuyo nombre aparece ahora en la misma investigación que Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán y figura señalada por haber manejado esos búnkers para fines poco claros.

Todo comenzó cuando la Fiscalía General de la República (FGR) reveló documentos que vinculan a Manzo con una empresa de helicópteros de lujo propiedad de Aureoles.

Imágenes que circulan en redes, aunque aún sin confirmación oficial, muestran a Manzo utilizando un helicóptero con las siglas “SA”, presuntamente abreviatura de Silvano Aureoles.

Ese helicóptero, según los registros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pertenece a una empresa fundada por Aureoles durante su gestión como gobernador.

La compañía fue congelada y sus bienes confiscados tras ser acusada de lavado de dinero y de prestar servicios a grupos criminales.

Cada hora de vuelo costaba entre 2.500 y 7.000 dólares, una cifra difícil de justificar para un alcalde que, hasta hace poco, prometía “vivir con austeridad y estar cerca del pueblo”.

Un detalle que encendió las alarmas: una de las salidas de emergencia de los búnkers descubiertos desemboca en una cancha de baloncesto dentro de un barrio residencial de Uruapan.

Los investigadores creen que esas estructuras no eran simples refugios, sino centros logísticos donde se almacenaba droga, dinero en efectivo y se celebraban reuniones clandestinas entre políticos y jefes del crimen organizado.

Mientras tanto, Silvano Aureoles, uno de los rostros históricos del PRD, niega toda acusación y asegura ser víctima de una “campaña política para destruir su reputación”.

Sin embargo, fuentes de la fiscalía confirmaron que varias empresas ligadas a Aureoles —incluida la de los helicópteros— están siendo investigadas por recursos de procedencia ilícita, corrupción y desvío de fondos públicos durante su mandato.

Lo inquietante es que Carlos Manzo ya había sido advertido. Las autoridades federales, a través de la Secretaría de Seguridad, le pidieron no armar una fuerza paralela ni “combatir la violencia con más violencia”. Pero él se negó.

En una reunión privada, afirmó: “No voy a dejar que Uruapan se arrodille ante los criminales.”
Fue una declaración valiente… pero también, quizá, una sentencia de muerte.

Semanas después, Manzo fue abatido a tiros durante el Festival de las Velas ante cientos de personas. Los videos grabados por ciudadanos muestran el caos, los gritos, el silencio posterior.

Michoacán estalló en furia. Durante dos días, miles de personas salieron a las calles gritando: “¡Manzo no murió, lo mató el Estado!”

La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó de inmediato la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, bajo la dirección del ministro de Seguridad Omar García Harfuch.

Tropas de la Guardia Nacional y del Ejército fueron desplegadas en Buenavista, Cotija y Hatemo: se detuvo a nueve personas, se decomisaron 20 artefactos explosivos, tres granadas, más de 5.000 cartuchos, 350 kilos de metanfetaminas y varios vehículos blindados. Pero el propio Harfuch admitió: “El problema no son solo los criminales, sino quienes los protegen.”

Al mismo tiempo, el Movimiento del Sombrero, fundado por el propio Manzo, anunció una marcha por la paz el 15 de noviembre en Ciudad de México. Ciudadanos con sombreros —símbolo de resistencia— exigirán justicia no solo para Uruapan, sino para todo el país.

Un diputado del movimiento declaró: “Solo tenemos 15 guardias para protegernos, pero hay millones de corazones marchando con nosotros.”

Aun así, no todos aprueban su postura. Algunos analistas consideran irresponsable que el diputado haya salido a patrullar colonias por su cuenta, calificando la acción de “prender el avispero” y de poner en riesgo la estrategia de Harfuch. Pero para muchos michoacanos, el miedo ya dejó de tener poder.

El gobernador actual, Alfredo Ramírez Bedoya, ordenó investigar al equipo de seguridad personal de Manzo. Según los informes, el alcalde contaba con ocho escoltas privados y catorce miembros de la Guardia Nacional.

Sin embargo, la noche del ataque, la primera línea de escoltas se separó y la segunda “flexibilizó su perímetro”. Una fuente confidencial aseguró: “Hubo una permisividad intencional, como si alguien quisiera abrirle el paso al asesino.”

El caso se complica aún más con la muerte del único sospechoso detenido, quien falleció durante un supuesto forcejeo con la policía.

Su arma contenía restos de sangre de ambos cuerpos, lo que ha provocado sospechas de una ejecución encubierta para cerrar el caso.

En medio de todo, Silvano Aureoles —quien en 2023 compartió actos públicos con Manzo— reaparece como el nombre más peligroso del expediente.

Si se demuestra la conexión entre sus empresas y el helicóptero utilizado por Manzo, este escándalo podría enterrar políticamente a toda una generación de poder en Michoacán.

Los analistas coinciden: no se trata solo de un asesinato político, sino de un ajuste de cuentas interno entre facciones donde política, dinero y crimen se entrelazan en un mismo subsuelo de poder.

Un exoficial de seguridad, bajo anonimato, lo resumió con crudeza:

“El búnker no es un refugio, es un símbolo. Ahí la política se da la mano con el crimen. Ahí la verdad está enterrada.”

Hoy, Michoacán sigue cubierto de humo. Pero más aterrador que los disparos es el silencio: el de quienes fueron cómplices, el de los que saben demasiado.

Y mientras las voces claman justicia por Manzo, la pregunta sigue suspendida en el aire:
¿Fue una víctima del sistema… o parte de él?

Hasta que Alejandro Gertz Manero, fiscal general, presente los resultados finales y Harfuch revele las primeras conclusiones, México entero seguirá observando.

Porque la historia del “Búnker de Michoacán” ya no es solo un expediente judicial, sino una prueba nacional de si el país tiene el coraje de excavar hasta el fondo —allí donde el poder, la impunidad y el miedo comparten el mismo sótano.