La muerte de “El Guano” no fue un simple ajuste de cuentas ni la caída aislada de un operador del crimen organizado.

Para analistas de seguridad y fuentes cercanas al aparato de inteligencia, este hecho marcó un punto de inflexión en la guerra no declarada entre el Estado mexicano y los grandes cárteles.

Lo que el público conoció a través de breves comunicados oficiales apenas roza la superficie de una confrontación mucho más compleja, hecha de decisiones polémicas, cálculos estratégicos y reacciones en cadena que todavía siguen desarrollándose.

A finales de 2025, el gobierno de México dio un giro claro en su doctrina de seguridad. Tras años de operativos masivos, enfrentamientos abiertos y altos costos humanos, las autoridades optaron por una estrategia distinta.

El nuevo enfoque privilegió la inteligencia estratégica, la infiltración de las estructuras criminales y las intervenciones de alta precisión.

El objetivo ya no era enfrentar a miles de hombres armados en el terreno, sino cortar los centros de mando y provocar el colapso interno de las organizaciones.

Omar García Harfuch se convirtió en el rostro visible de esta estrategia. Sobreviviente de un atentado del CJNG en 2020, Harfuch consolidó una imagen de firmeza y continuidad.

Para su equipo, debilitar a un cártel significaba identificar a los operadores clave, aquellos que controlan rutas, finanzas y comunicaciones, y neutralizarlos antes de que el daño se extienda.

En ese contexto, “El Guano” apareció como un objetivo prioritario. De acuerdo con informes de inteligencia, fungía como coordinador regional en el noreste para el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Era responsable de rutas de trasiego transfronterizo y de la supervisión de una estructura armada considerable. No era el líder máximo, pero sí un engranaje esencial. Su caída prometía generar un vacío de poder capaz de desestabilizar operaciones críticas del grupo.

La operación contra “El Guano” no fue improvisada. Durante meses, agencias mexicanas, en coordinación con socios estadounidenses, lograron infiltrarse en los canales de comunicación cifrados de su red.

El análisis de mensajes, patrones de movimiento y protocolos de seguridad permitió ubicar con precisión una casa de seguridad.

En la madrugada del 17 de diciembre, un grupo de fuerzas especiales ejecutó el operativo. El enfrentamiento fue intenso y breve. El saldo oficial reportó seis personas abatidas, entre ellas el propio “El Guano”.

La decisión de neutralizar al objetivo en lugar de capturarlo generó debate interno. Algunos sectores consideraban que una detención habría permitido obtener información valiosa.

Otros advirtieron que mantenerlo con vida implicaba riesgos mayores, desde la posibilidad de fuga hasta la continuidad del mando criminal desde prisión. La resolución final reflejó una prioridad clara: interrumpir de inmediato la capacidad operativa del CJNG en esa región.

La reacción del cártel no tardó en manifestarse. Mensajes interceptados por inteligencia mexicana revelaron la activación de un plan de represalia denominado Operación Respuesta Total.

El esquema contemplaba ataques simultáneos en varios estados, bloqueos de corredores económicos y atentados contra funcionarios de alto nivel.

Entre los nombres señalados como objetivos prioritarios figuraba el propio García Harfuch. Para las autoridades, no se trataba de una amenaza retórica, sino de un plan con logística y mandos ya definidos.

Frente a ese escenario, el gobierno enfrentó una decisión crítica. Esperar y reforzar la defensa significaba asumir el riesgo de un estallido de violencia coordinada.

En la madrugada del 18 de diciembre, con información proporcionada por un agente infiltrado de alto nivel, Harfuch ordenó una acción preventiva. La operación, conocida internamente como Código Verde, apuntó de manera simultánea a tres coordinadores regionales del CJNG que dirigían la represalia.

Los resultados se conocieron en cuestión de horas. En el occidente del país, un enfrentamiento de menos de veinte minutos terminó con la neutralización del objetivo. En el norte, las fuerzas de seguridad capturaron a otro coordinador junto con un arsenal de uso militar.

En la zona centro, un tercer blanco fue abatido tras un choque armado que dejó a dos agentes heridos. Antes de las nueve de la mañana, la estructura encargada de ejecutar la Operación Respuesta Total había quedado severamente dañada.

Pese al éxito táctico, las autoridades reconocen que el CJNG no desapareció. La organización reaccionó con rapidez, promoviendo a mandos de menor rango, modificando rutas y ajustando protocolos de comunicación.

Este proceso de adaptación encendió las alertas en otros puntos del país, particularmente en Durango. Fuentes de seguridad señalan que Los Chapitos, otro actor relevante del mapa criminal, observaron con atención los acontecimientos.

Su estrategia habría sido evitar confrontaciones abiertas mientras evaluaban las nuevas correlaciones de fuerza y las oportunidades derivadas del reacomodo interno de sus rivales.

Así, diciembre de 2025 se consolidó como el inicio de una nueva normalidad. El Estado mostró disposición para actuar con inteligencia y anticipación, sin ceder territorio. Los cárteles, por su parte, demostraron una capacidad de resiliencia que mantiene viva la amenaza.

La confrontación se asemeja cada vez más a una partida prolongada, donde cada movimiento se basa en información, cálculo y riesgo.

La gran incógnita sigue siendo si esta estrategia logrará debilitar de forma duradera a las organizaciones criminales o si solo abrirá breves pausas antes de nuevos episodios de violencia.