Lo ocurrido durante la noche en Miraflores ya no puede leerse como un simple incidente de seguridad. En un momento en que el país esperaba una transición política de carácter protocolar, el cielo de Caracas se iluminó con fuego antiaéreo, mientras las redes sociales se inundaban de videos, rumores y preguntas inquietantes.

Desde entonces, una duda peligrosa atraviesa el debate público: quién controla realmente el poder en Venezuela y si estos hechos marcan el inicio de un golpe silencioso dirigido contra Delcy Rodríguez.

De acuerdo con los análisis difundidos en espacios radiales y políticos, pocas horas antes de los disparos la Asamblea Nacional había ratificado el nuevo esquema institucional.

Jorge Rodríguez fue confirmado nuevamente como presidente del Parlamento, y Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada en el marco de un proceso de transición. En el discurso oficial, el mensaje era de continuidad y control. En la realidad, la noche se encargó de desmentirlo.

Las imágenes que circularon mostraban baterías antiaéreas disparando desde las inmediaciones del Palacio de Miraflores. En un primer momento se habló de un ataque externo con drones. Sin embargo, la versión que fue ganando fuerza resultó aún más alarmante.

Los drones derribados pertenecían presuntamente a la propia Policía Nacional Bolivariana. Es decir, la Guardia Presidencial abrió fuego contra equipos de una fuerza que forma parte del mismo aparato estatal.

Este hecho, más allá de lo anecdótico, deja al descubierto un problema estructural. No se trata de un error técnico aislado, sino de una ruptura profunda en la coordinación, la comunicación y la confianza entre los distintos centros de poder del régimen.

Cuando fuerzas armadas, policía y cuerpos de seguridad presidencial ya no distinguen con claridad a aliados y amenazas, el problema deja de ser operativo para convertirse en político.

Analistas han puesto el foco en señales aparentemente menores pero cargadas de significado. Uno de los comentarios más observados fue el de Diosdado Cabello, quien por primera vez se refirió públicamente a Delcy Rodríguez como “hermana”.

En el lenguaje político venezolano, las formas de tratamiento no son inocentes. Revelan jerarquías, distancias y, en ciertos contextos, desplazamientos de poder. Para muchos, ese gesto verbal reflejó una tensión latente dentro de la cúpula gobernante.

Al mismo tiempo, resurgieron versiones sobre contactos discretos con Washington. Algunas fuentes señalan que el primer intento de negociación no se habría hecho con Nicolás Maduro, sino con el ministro de Defensa Vladimir Padrino López.

Dichos contactos se habrían sostenido durante un tiempo, hasta que la comunicación se cortó abruptamente. A partir de ese momento, Delcy Rodríguez habría pasado a ocupar un rol central como interlocutora en eventuales acuerdos.

La contradicción se vuelve evidente al comparar escenarios recientes. Ante operaciones militares externas atribuidas a Estados Unidos, el sistema antiaéreo venezolano mostró una respuesta limitada o nula.

Sin embargo, frente a drones propios sobrevolando Miraflores, la reacción fue inmediata y desproporcionada. Esta diferencia alimenta la sospecha de que el verdadero temor del régimen no proviene del exterior, sino de sus propias fisuras internas.

El riesgo mayor no es el episodio en sí, sino lo que puede desencadenar. Cuando las distintas facciones armadas comienzan a desconfiar unas de otras, el margen para el error se reduce peligrosamente.

En ese contexto, los colectivos armados, las unidades locales y los mandos intermedios pueden actuar guiados por rumores o interpretaciones erróneas. Así, la posibilidad de un conflicto interno deja de ser una hipótesis teórica para convertirse en una amenaza concreta.

Frente a este panorama, la palabra transición aparece como una salida inevitable, pero también como un proceso largo, doloroso y cargado de incertidumbre.

Diversos analistas sostienen que el control de las gobernaciones y alcaldías resulta incluso más estratégico que la presidencia. En Venezuela, el poder económico está directamente vinculado al territorio.

El petróleo y otros recursos naturales no se concentran en Caracas, sino en regiones específicas. Quien domine esas instancias locales tendrá una ventaja decisiva en cualquier reconfiguración del país.

A esta inestabilidad interna se suma la presión internacional. En Estados Unidos han salido a la luz expedientes judiciales que retoman acusaciones formuladas desde 1999, relacionadas con narcotráfico, grupos armados y altos funcionarios del Estado venezolano.

La mención de figuras cercanas al poder, incluidos familiares de Nicolás Maduro, refuerza la percepción de que la transición se desarrolla bajo una sombra judicial difícil de ignorar.

Mientras tanto, una parte importante de la opinión pública observa con preocupación el silencio de artistas e influenciadores con millones de seguidores.

Para muchos venezolanos, esa ausencia de pronunciamiento no es neutralidad, sino una señal de los vínculos económicos y políticos que se han tejido durante años. La falta de voces claras en un momento crítico aumenta la sensación de abandono y desconfianza.

En perspectiva, los disparos sobre Miraflores no pueden reducirse a un episodio confuso o incluso cómico, como algunos intentaron presentarlo.

Son el reflejo de un sistema que muestra signos evidentes de descomposición interna. Cuando la cadena de mando se fragmenta, cuando los acuerdos se negocian en la sombra y cuando las armas se apuntan entre fuerzas del mismo Estado, el país entra en una zona de alto riesgo.

La pregunta central ya no es solo si existe un golpe de Estado contra Delcy Rodríguez. La verdadera interrogante es hacia dónde se dirige Venezuela después de esta noche de caos.

Todo indica que el país ha entrado en una fase de transición prolongada, marcada por tensiones, negociaciones opacas y decisiones que pueden definir su futuro por décadas.

En ese escenario, cada error y cada disparo mal interpretado pueden tener consecuencias irreversibles para una nación que ya ha pagado un precio demasiado alto.