Hay accidentes que conmocionan. Y hay otros que obligan a una sociedad entera a preguntarse hasta dónde puede llegar la pérdida de conciencia humana y el desafío abierto a la justicia.

El caso de Roberto Hernández, un trabajador humilde de reparto de leche de la empresa Lala, ya no es solo una tragedia vial. Se ha convertido en un símbolo de crueldad, indiferencia y fuga organizada.

La noche del 3 de enero de 2026, alrededor de las 10 p.m., Roberto Hernández, de 52 años, circulaba en su motocicleta por Periférico Oriente para recoger a su pareja al salir del trabajo.

Era una ruta habitual, sin señales de peligro. En un cruce del sector Iztapalapa, un Honda City azul lo impactó violentamente por detrás.

Al volante iba Gabriela Gómez Córdoba, de 43 años, conocida como Gaby.

El momento decisivo no fue el choque, sino lo que ocurrió después. En lugar de detenerse, pedir ayuda o auxiliar a la víctima, Gaby continuó conduciendo y arrastró el cuerpo de Roberto bajo el vehículo durante casi dos kilómetros, atravesando doce calles.

Otros conductores tocaron la bocina, gritaron, intentaron alertarla. Nada funcionó.

Solo cuando el cuerpo salió despedido tras golpear un reductor de velocidad, el automóvil se detuvo. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Roberto ya había fallecido.

Las lesiones evidenciaban una fricción prolongada con el asfalto, incompatible con un simple accidente.

La indignación creció aún más con lo que ocurrió después. Apenas 76 minutos más tarde, cámaras de seguridad captaron a Gaby llegando a su casa con una calma que heló a la opinión pública. No llamó a emergencias. No mostró signos de pánico. No pidió ayuda.

De acuerdo con la investigación, Gaby pidió de inmediato a su familia que preparara versiones falsas para la policía. Recogió documentos personales, algunas pertenencias y desapareció pocas horas después. No fue una reacción impulsiva, sino una huida planificada.

El Honda City fue localizado el 5 de enero, sin placas y con señales claras de manipulación para borrar evidencias. Para los investigadores, esto confirmó la intención de obstaculizar la justicia.

Inicialmente, el caso fue clasificado como homicidio culposo. Sin embargo, tras analizar la conducta posterior al impacto, el juez ordenó reclasificar el delito como homicidio calificado. La decisión marcó un precedente. La pena podría alcanzar hasta 50 años de prisión.

Cuando la indignación aún estaba en su punto más alto, surgió otro dato demoledor. No solo Gaby desapareció. Toda su familia también lo hizo.

Su hermano, David, habría huido a Estados Unidos. Su esposo y su hija abandonaron su domicilio en Nezahualcóyotl. La casa quedó vacía, cerrada, sin rastros de vida.

Para la opinión pública, ya no se trata de una fuga individual. Se trata de una huida familiar coordinada. La sospecha de encubrimiento y complicidad creció con fuerza. Muchos se preguntan si una evasión tan rápida habría sido posible sin apoyo directo de sus allegados.

La muerte de Roberto Hernández trascendió el ámbito judicial. Repartidores, motociclistas y trabajadores de plataformas realizaron protestas masivas en Ciudad de México, bloqueando avenidas principales y exigiendo justicia.

De ese clamor nació la propuesta conocida como la “Ley Roberto”, destinada a endurecer las penas contra conductores que huyen tras causar accidentes, especialmente cuando abandonan a las víctimas.

Para muchos ciudadanos, no se trata solo de una reforma legal, sino de una declaración moral contra la indiferencia al volante.

La familia de Roberto, en breves declaraciones públicas, expresó un único deseo: que la verdad salga a la luz y que los responsables enfrenten la justicia.

Recordaron que Roberto no era una estadística, sino un padre, una pareja, un trabajador honesto.

El caso también plantea una pregunta mayor. Cuando un sospechoso y su familia cruzan fronteras y desaparecen, ¿qué tan preparada está la cooperación internacional para garantizar que la justicia no se diluya?

Hasta hoy, la búsqueda de Gabriela Gómez Córdoba y de sus familiares continúa. Con cada día que pasa, la indignación social no disminuye. Se transforma en presión constante sobre las instituciones.

El caso Roberto Hernández ya no es solo una tragedia personal. Es una prueba para la conciencia colectiva, para la firmeza del sistema judicial y para la confianza ciudadana en la justicia.

Y mientras la fuga continúe, esta herida seguirá abierta en la memoria de México.