En cuestión de horas, lo que parecía un accidente de tránsito se transformó en uno de los crímenes más perturbadores de los últimos tiempos en México.

Y en cuestión de días, una familia entera se desvaneció sin dejar rastro.

Entre ambos momentos quedó el cuerpo destrozado de Roberto Hernández y una cadena de preguntas que todavía no encuentran respuesta.

El 3 de enero, en Iztapalapa, Roberto Hernández fue impactado por un Honda City azul conducido por Gabriela Gómez.

Pero lo que convirtió el hecho en una tragedia nacional no fue el choque, sino lo que ocurrió después. Roberto no recibió auxilio.

Su cuerpo quedó atrapado bajo el vehículo y fue arrastrado durante casi dos kilómetros por el asfalto. Los testigos gritaban. Intentaban detener el auto. Nadie logró hacerlo.

Las cámaras de seguridad registraron el recorrido del vehículo con manchas de sangre visibles y restos del cuerpo aún adheridos.

Gabriela no regresó. No pidió ayuda. Siguió manejando hasta su casa en Ciudad Jardín, Nezahualcóyotl.

Allí permaneció menos de veinte minutos.

Según la investigación, recogió documentos, dinero en efectivo y ropa. Antes de irse, dio una instrucción clara a su familia: si la policía preguntaba, debían decir que nunca la habían visto regresar. Luego se marchó. Desde entonces, no volvió a aparecer públicamente.

A partir de ese momento, el caso dejó de ser la historia de una sola persona.

Un día después, el automóvil fue trasladado a otro lugar. Le retiraron las placas y lo abandonaron en una calle distinta, rompiendo cualquier vínculo directo con la vivienda familiar.

Cuando la policía llegó, la familia negó todo. Solo al ser confrontados con las imágenes de las cámaras admitieron que Gabriela había pasado por la casa, pero solo por unos minutos.

En los días siguientes, cinco viviendas vinculadas a la familia fueron cateadas. Todas estaban vacías. Sin ropa. Sin objetos personales. Sin dispositivos electrónicos. Todo indicaba una salida apresurada, pero organizada.

La lista de desaparecidos creció rápidamente. David, el hermano de Gabriela, presuntamente cruzó a Estados Unidos.

Elliot, su esposo, enfermero en un hospital, dejó su trabajo sin aviso y desapareció. Ingrid, su hija, tampoco estaba en su domicilio. Un primo que había colaborado con la policía, también cortó toda comunicación.

La periodista de investigación Anabel Hernández afirmó que es extremadamente raro que una familia entera logre desaparecer al mismo tiempo sin una preparación previa.

Para ella, no se trató de una reacción de pánico, sino de un plan de fuga cuidadosamente diseñado.

Otro punto que alimentó las sospechas fue el tema económico. Gabriela figuraba como enfermera, pero era dueña de tres vehículos: una motocicleta Italika, un Chevrolet Cavalier y el Honda City involucrado en el crimen.

Mantener varios vehículos y financiar la huida de toda una familia durante varios días difícilmente encaja con un salario común.

La pregunta es inevitable: ¿quién está financiando esta desaparición?

Con todos estos elementos, la fiscalía cambió por completo el rumbo del caso. El delito fue reclasificado de homicidio culposo a homicidio calificado.

No solo por la muerte, sino por la conducta posterior: huida, omisión de auxilio, arrastre prolongado del cuerpo, ventaja por el uso del vehículo y ataque sorpresivo desde atrás.

Con esta tipificación, Gabriela Gómez podría enfrentar hasta cincuenta años de prisión. Los familiares que la ayudaron a escapar también podrían ser procesados por encubrimiento y obstrucción de la justicia.

Mientras tanto, la familia de Roberto Hernández vive otra realidad. No solo perdió a un hijo, a un padre, a un sostén.

También debe soportar la idea de que la responsable y su entorno desaparecieron como si nada hubiera ocurrido.

Para los allegados de Roberto, lo más doloroso no es solo la muerte, sino la sensación de que la justicia se diluye entre silencios y huidas. Cada día que pasa, la esperanza de verdad se vuelve más frágil.

Anabel Hernández sostiene que, sin la presión social y la difusión constante en redes, este caso probablemente ya estaría archivado.

La indignación colectiva, los videos compartidos miles de veces y las preguntas insistentes obligaron a las autoridades a actuar con mayor rapidez.

Sin embargo, advierte que la presión pública no puede reemplazar la búsqueda real de la verdad.

Hoy, Gabriela sigue prófuga. Su familia sigue oculta. Y el caso ya no representa solo un crimen, sino un símbolo de algo más profundo: la fragilidad de la justicia frente a redes invisibles de protección.

La muerte de Roberto Hernández dejó de ser únicamente una tragedia personal. Se convirtió en una prueba para el sistema judicial, para el periodismo y para una sociedad que se niega a aceptar que el silencio sea la última palabra.

Porque en un país donde una familia puede desaparecer en una sola noche, lo más aterrador no es el crimen, sino la posibilidad de que quede sepultado en el olvido.

Y mientras Gabriela Gómez no enfrente a la justicia, esta historia seguirá abierta, con cada vacío en el expediente convertido en una herida que aún no cicatriza.