En apenas unos segundos de un video grabado con un teléfono móvil, una escena cotidiana se transformó en un escándalo nacional.

No fue un crimen violento ni un gran caso de corrupción política, sino una cadena de insultos, amenazas y gestos agresivos dirigidos contra un joven repartidor de pizza.

Lo que encendió la indignación colectiva fue una pregunta que se propagó con rapidez en redes sociales: ¿quién es Liliana, dónde trabaja y qué consecuencias legales podría enfrentar?

El hecho ocurrió durante una entrega como tantas otras en la rutina de Julián Jiménez, un joven de 20 años, estudiante de último año de diseño tecnológico. Para costear sus estudios, Julián trabaja como repartidor de pizza.

Al llegar al conjunto residencial de una clienta llamada Liliana, se encontró con un obstáculo frecuente en zonas de alto nivel socioeconómico: no había un espacio autorizado para estacionar su motocicleta y subir hasta el apartamento. Ante esa situación, pidió a la clienta que bajara a recoger el pedido.

Ese momento marcó el inicio del conflicto. En lugar de mostrar comprensión, Liliana descendió con una actitud hostil.

En los videos que luego circularon masivamente se la escucha lanzar insultos directos contra Julián, utilizando expresiones ofensivas que atacaban su dignidad personal.

Lo llamó mal repartidor, inútil y llegó a decir que él no pertenecía a ese barrio. Varias de sus frases reflejaban un desprecio explícito por la condición social del joven, subrayando que ella tenía dinero para comprar pizza y que él solo estaba allí para entregarla.

La situación se agravó cuando la agresión dejó de ser solo verbal. Las imágenes muestran a Liliana pateando la motocicleta o la pierna de Julián, acompañando sus acciones con amenazas claras.

Dijo que anotaría la placa del vehículo y que se quejaría con sus superiores para que lo despidieran.

Frente a esa conducta, Julián mantuvo una postura serena, habló con respeto y trató de explicar que no podía subir por una razón ajena a su voluntad.

La diferencia entre la calma del joven y la furia de la clienta impactó profundamente a quienes vieron el video.

Una frase en particular quedó grabada en la memoria colectiva: “Usted no sabe quién soy yo”.

Repetida varias veces, esa expresión evocó para muchos una forma de poder basada en el estatus, el dinero o los contactos, una advertencia implícita de que la otra persona debía someterse.

Fue justamente esa frase la que llevó a numerosos usuarios a investigar la identidad de Liliana.

Según la información revelada por quien grabó el video y confirmada por distintas fuentes, Liliana trabaja desde el año 2001 en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Se trata de una entidad estatal encargada de proteger a la niñez, a las familias y a los sectores más vulnerables del país. Al conocerse este dato, la indignación creció.

Para muchos ciudadanos resultó inconcebible que una funcionaria vinculada durante más de dos décadas a una institución de protección social apareciera protagonizando un acto de humillación, discriminación y violencia contra un joven trabajador.

El caso dejó de percibirse como un conflicto aislado entre una clienta y un repartidor. Pasó a ser una prueba para las instituciones y para la ética del servicio público.

Numerosas voces señalaron que si una conducta así quedara impune o se minimizara, el mensaje para la sociedad sería devastador: que despreciar al trabajador y abusar de una posición de poder no tiene consecuencias reales.

Desde el punto de vista legal, las posibles repercusiones para Liliana no son menores. De acuerdo con la Ley 1010 de 2006 en Colombia, se consideran sancionables los actos de acoso y discriminación que se produzcan en contextos relacionados con el trabajo.

Aunque Julián no sea empleado directo de Liliana, la interacción se dio en el marco de una relación laboral legítima, la prestación de un servicio de reparto, donde el trabajador tiene derecho al respeto de su dignidad.

La normativa contempla multas que pueden oscilar entre dos y diez salarios mínimos mensuales para quienes incurran en conductas de acoso o discriminación por razones sociales.

Además, si se demuestra que el afectado sufrió daños psicológicos como consecuencia del episodio, la persona responsable podría verse obligada a asumir parte de los costos de atención médica.

En escenarios más graves, este tipo de comportamiento puede constituir una causa válida para la terminación del contrato laboral del infractor sin derecho a indemnización.

Para el ICBF, el impacto del caso va más allá de la situación individual. La entidad enfrenta un fuerte escrutinio público, ya que la conducta atribuida a una de sus funcionarias contradice de manera frontal los valores que la institución dice promover.

La confianza de la ciudadanía en los organismos encargados de proteger a los más vulnerables depende en gran medida de la coherencia ética de quienes los integran.

Mientras tanto, la figura de Julián Jiménez se convirtió en un símbolo para muchos. Un estudiante joven, que combina estudios y trabajo para construir su futuro, y que aun en medio de la humillación mantuvo la compostura.

Su historia resonó entre repartidores, trabajadores de servicios y miles de personas que se han sentido alguna vez menospreciadas por su ocupación.

El video no solo expuso la conducta de una persona. Abrió un debate más amplio sobre la forma en que la sociedad trata a quienes realizan trabajos esenciales pero poco valorados.

Mostró cómo un acto aparentemente trivial, la entrega de una pizza, puede revelar profundas desigualdades y una cultura de desprecio que persiste en la vida cotidiana.

El caso de Liliana y Julián sigue bajo la mirada atenta de la opinión pública. Más allá de las disculpas o de las sanciones administrativas, muchos esperan una respuesta clara del sistema legal y de las instituciones.

Porque si no la hay, la frase “usted no sabe quién soy yo” seguirá resonando como un desafío abierto a la justicia y a la conciencia colectiva.