Sin golpes de Estado televisados ni columnas de tanques cruzando plazas, América Latina entra en una nueva fase de inestabilidad
a través de pactos discretos, decisiones económicas calculadas y cacerías silenciosas en el mundo criminal.
Lo que ocurre de Caracas a Ciudad de México plantea una pregunta incómoda y provocadora. ¿Quién controla hoy el poder real y quién ha traicionado a quién en una región donde el petróleo, el crimen organizado y la geopolítica se entrelazan?
En Venezuela, el impacto llegó desde una voz inesperada. El embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzya, sostuvo públicamente que los hechos recientes no pueden leerse como simples operativos de seguridad.
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A su juicio, revelan una traición estructural nacida dentro del propio círculo del presidente Nicolás Maduro. La afirmación reavivó dudas sobre la lealtad de la élite gobernante en un país asfixiado por sanciones y crisis prolongada.
La acusación ganó peso al coincidir con un giro decisivo en la política petrolera. La vicepresidenta Delcy Rodríguez firmó normas que abren el sector energético a la inversión extranjera.
Casi en paralelo, el expresidente Donald Trump anunció una nueva presencia de Estados Unidos en Venezuela con el aval del propio gobierno. Para numerosos analistas, el mensaje es directo.
Washington deja en segundo plano el discurso democrático y prioriza el control de recursos estratégicos, con el petróleo como palanca central para recuperar influencia regional.
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Venezuela aparece así no solo como un país en crisis, sino como una pieza clave del tablero. La apertura petrolera es vista como salvavidas económico, pero también como concesión que erosiona soberanía.
Las denuncias de traición, por tanto, no son solo retórica política. Reflejan una pugna interna entre facciones que buscan sobrevivir bajo presión externa y colapso financiero.
Más al norte, México enfrenta un frente distinto pero igual de tenso. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que los ataques contra legisladores del partido Movimiento Ciudadano a finales de enero de 2025 están vinculados al grupo conocido como Los Chapitos.
Se trata de la facción controlada por los hijos de El Chapo Guzmán, símbolo de una nueva generación criminal más sigilosa, más violenta y mejor adaptada a la presión estatal.
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El objetivo central de la cacería es Iván Archivaldo Guzmán, señalado como líder operativo de esa facción dentro del Sinaloa Cartel. Aunque rara vez aparece en público, se le atribuye la coordinación de rutas transfronterizas y un férreo control interno.
La recompensa de diez millones de dólares ofrecida por Estados Unidos subraya la prioridad del caso y el temor a que la violencia cruce fronteras.
El estado de Nuevo León se convirtió en uno de los principales focos. Fuerzas federales, Guardia Nacional y autoridades locales instalaron mesas permanentes de seguridad en García y desplegaron operativos continuos.
Más de cuarenta personas fueron detenidas en poco tiempo, aunque el propio gobierno admite que desmantelar por completo estas estructuras será una tarea prolongada. La ofensiva contra Los Chapitos funciona también como prueba de credibilidad para el Estado mexicano.
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Mientras combate la violencia, México impulsa otra batalla menos visible pero estratégica. La energética. Bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, el país refuerza la línea de soberanía sobre el sector.
La puesta en marcha de la refinería Dos Bocas y la modernización del sistema nacional permitieron a Pemex alcanzar cifras decisivas. En 2025, México produjo más de la mitad de la gasolina que consume y casi la totalidad del diésel.
Estos datos tienen lectura política. Reducen la dependencia de importaciones desde Estados Unidos y sostienen la tesis de que el Estado puede recuperar control sobre sectores estratégicos.
También contrastan con la herencia de las reformas bajo Enrique Peña Nieto, periodo en el que Pemex fue acusado de debilitarse, vender crudo barato y recomprar combustibles caros, afectando la seguridad energética nacional.
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El petróleo, sin embargo, desborda lo doméstico. La escalada entre Estados Unidos y Cuba coloca a México en una posición delicada. Nuevas sanciones de Washington apuntan a países que suministren crudo a La Habana con el objetivo explícito de presionar su economía.
Ante críticas internas, la presidenta Sheinbaum afirmó que México mantendrá la solidaridad con el pueblo cubano por vías diplomáticas, cuidando al mismo tiempo sus intereses económicos.
El debate se trasladó al Congreso. Figuras opositoras como Ricardo Anaya acusaron al gobierno de apoyar a una dictadura.
El oficialismo respondió que los envíos de petróleo a Cuba no son una novedad y se realizaron durante décadas bajo administraciones del PRI y del PAN.
La reciente desviación de un buque petrolero mexicano hacia Dinamarca ilustra los riesgos y la complejidad de decidir en un entorno geopolítico tenso.
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En conjunto, las piezas encajan en un mismo cuadro. América Latina emerge como escenario donde petróleo, seguridad y diplomacia se cruzan de forma inseparable.
En Venezuela, las acusaciones de traición exponen la fragilidad del poder en un país cercado. En México, la caza del hijo de El Chapo muestra el esfuerzo por recuperar control frente al crimen organizado, mientras la estrategia energética redefine su posición regional.
La incógnita persiste. ¿Servirán las decisiones actuales para fortalecer soberanía y estabilidad o abrirán la puerta a nuevas crisis incubadas en acuerdos discretos y lealtades quebradas? La respuesta, como el petróleo y el poder, sigue fluyendo bajo la superficie.
