Nadie imaginó que una mañana frente al tribunal marcaría el colapso definitivo de una familia. El padre firmó la querella en silencio. La acusada era su hija mayor. La víctima, su hija menor, de apenas 13 años.
El caso que hoy conmociona a San Francisco de Macorís no estremece solo por la muerte de una adolescente,
sino por la cadena de verdades dolorosas que emerge entre declaraciones opuestas, lágrimas tardías y una pregunta que persiste. ¿Quién falló en proteger a una menor?
Según la decisión más reciente del tribunal, la imputada Anquelsi Valerio de Jesús cumplirá prisión preventiva por un período de tres meses.

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Este plazo fue considerado necesario para que el Ministerio Público complete la investigación y fortalezca el expediente antes de presentar sus conclusiones finales.
Anquelsi será recluida en la cárcel femenina Juana Núñez, ubicada en el municipio de Salcedo. El juez acogió la solicitud de la fiscalía al valorar la gravedad de los hechos y la posible pena que enfrenta la imputada.
Lo que dejó atónita a la opinión pública no fue solo la medida de coerción, sino la identidad del querellante. El padre de la víctima es quien acusa.
Ante el tribunal, sostuvo que no podía guardar silencio al creer que su hija mayor actuó con intención de matar. En su mirada se mezclaban dolor, rabia e impotencia. No solo perdió a su hija menor, también enfrenta la posibilidad de ver a su otra hija tras las rejas.

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La defensa, encabezada por los abogados Freddy Faña y Vicente Faña, presentó una versión radicalmente distinta. Afirmaron que se trata de un homicidio involuntario ocurrido en medio de un conflicto familiar prolongado.
Según su argumento, Anquelsi actuó intentando proteger a su hermana menor, quien presuntamente sufría agresiones constantes por parte de su pareja.
Los abogados subrayaron que la víctima recibió un solo disparo, dato respaldado por informes médicos, con el objetivo de desmentir versiones iniciales que hablaban de múltiples detonaciones.
Este choque de relatos colocó el proceso en una zona legal especialmente tensa. Para la defensa, se trató de una reacción desesperada en un contexto de miedo y caos. Para la parte acusadora, hubo una intención previa de matar.

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El padre aseguró que Anquelsi fue a buscar el arma con un objetivo claro. La situación se desbordó cuando la adolescente, según su testimonio, atacó con un machete y lesionó un dedo de Anquelsi, lo que habría desencadenado una pérdida total de control y el disparo fatal dentro de una vivienda marcada por años de conflictos.
Más allá del debate jurídico, el expediente revela un trasfondo que hiela la sangre. La víctima, de 13 años, habría iniciado una relación sentimental con Emmanuel Núñez Batista, de 20, cuando tenía apenas 10 años.
Una relación profundamente desigual que se prolongó en silencio y violencia. El padre confirmó que Emmanuel golpeaba con frecuencia a su hija.
A pesar de múltiples intentos por intervenir y exigir el fin de la relación, se encontró con la resistencia de la menor, quien defendía a su pareja incluso frente a su propia familia.

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Emmanuel se encuentra actualmente gravemente herido y recibe atención médica en el hospital San Vicente de Paúl.
Su estado de salud y su eventual declaración son piezas clave en la investigación, ya que podrían redefinir el alcance penal del caso.
Para muchos, el hecho de que una menor permaneciera durante años en una relación abusiva sin una intervención efectiva de las autoridades ni de la comunidad constituye una alarma social de primer orden.
En medio de esta tragedia, la madre optó por el silencio. No acudió al tribunal y se negó a participar como querellante.
Observadores del proceso coinciden en que no se trata de indiferencia, sino de un dolor imposible de procesar.

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Perder a una hija y, al mismo tiempo, enfrentar la acusación penal contra otra es una carga emocional que supera cualquier palabra. Su ausencia pesó en la sala más que cualquier testimonio.
La abuela de la víctima expresó su conmoción entre lágrimas. Reconoció que desconocía muchos detalles de la relación de su nieta, aunque sabía que llevaba tiempo vinculada con ese joven.
Sus palabras temblorosas reflejaron la ruptura de los lazos familiares y la falta de comunicación que permitió que las señales de alerta pasaran inadvertidas.
Anquelsi compareció ante el tribunal visiblemente afectada, con el rostro agotado y la mirada perdida. Ya no era la imagen de una hermana fuerte, sino la de una joven al borde de perder su libertad, cargando con una culpa que la acompañará para siempre.
Más allá de si el hecho fue intencional o no, una realidad es innegable. Una vida adolescente se apagó de manera violenta.

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La investigación continúa, pero la indignación social no espera. En San Francisco de Macorís y en otras ciudades del país, el caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad familiar, la violencia en relaciones con menores y las fallas del sistema de protección infantil.
¿Cómo pudo mantenerse durante años una relación claramente dañina sin una intervención decisiva? ¿En qué punto la violencia doméstica dejó de ser un asunto privado para convertirse en una tragedia pública?
Este caso trasciende un expediente penal. Es un espejo que refleja las grietas de una sociedad que no siempre logra proteger a sus niños y adolescentes.
Cuando finalmente interviene la justicia, el costo no se mide solo en años de prisión, sino en familias destruidas y en un vacío que ninguna sentencia podrá llenar.