Una frase que parecía jurídica y distante terminó encendiendo uno de los debates más intensos del momento político en México.
Cuando una abogada vinculada al PAN afirmó que la Constitución no puede cambiarse, Manuel Pedrero respondió con dureza
y lanzó una pregunta que hoy divide opiniones en todo el país: si el poder emana del pueblo, ¿quién puede limitar su derecho a transformar las reglas del juego?
Lo que comenzó como un intercambio argumentativo se convirtió en un reflejo de una disputa mucho más profunda. No se trata solo de una interpretación legal.
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Se trata del sentido mismo de la democracia mexicana en el siglo XXI. ¿Debe prevalecer la estabilidad institucional por encima de cualquier reforma estructural, o la voluntad popular tiene legitimidad suficiente para rediseñar el sistema cuando así lo exige la mayoría?
Durante los últimos años, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha impulsado diversas reformas constitucionales con el argumento de recuperar el espíritu social de la Constitución de 1917.
Sus defensores sostienen que el aumento real del salario mínimo superior al ciento cincuenta por ciento, la incorporación de programas sociales como derechos constitucionales y el fortalecimiento del papel del Estado en sectores estratégicos no representan una ruptura, sino un regreso a los principios originales de justicia social.
Desde esta perspectiva, la Carta Magna no puede convertirse en un documento estático. Debe responder a las necesidades históricas de cada generación.
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Se afirma que durante el periodo neoliberal varios de los principios sociales consagrados en 1917 fueron debilitados.
La recuperación del protagonismo de empresas estatales como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad es presentada como un acto de reafirmación de soberanía nacional.
Sin embargo, la postura crítica advierte un riesgo distinto. Reconoce avances en materia social, pero señala que las reformas podrían debilitar pilares esenciales del sistema democrático, como la independencia del Poder Judicial y la autonomía de órganos constitucionales.
Para este sector, la democracia no es solo el mandato de la mayoría, sino también el equilibrio entre poderes y la existencia de contrapesos efectivos.
El concepto que más controversia ha generado es el llamado núcleo intangible. Algunos juristas sostienen que toda constitución posee principios fundamentales que no deben alterarse, especialmente aquellos relacionados con la división de poderes y la independencia judicial.
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Desde esta óptica, modificar la estructura del sistema judicial podría afectar la identidad constitucional del país.
Manuel Pedrero y quienes respaldan las reformas responden con el artículo 39 de la Constitución, que establece que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, y que este tiene en todo tiempo el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Según esta interpretación, negar la posibilidad de reforma equivale a desconocer la esencia democrática del orden constitucional mexicano.
Uno de los puntos más sensibles es la reforma judicial que plantea la elección popular de jueces. Para sus promotores, este mecanismo dotaría de legitimidad directa al Poder Judicial, históricamente percibido como distante y marcado por acuerdos políticos internos.
Sostienen que permitir que la ciudadanía vote a los juzgadores fortalecería la rendición de cuentas.
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En contraste, los opositores advierten que la elección popular podría politizar la justicia y abrir espacios de influencia indebida.
Temen que campañas judiciales transformen la imparcialidad en competencia electoral. La preocupación central es que el remedio termine debilitando la independencia que pretende reforzar.
El debate también se ha extendido al número de reformas realizadas. Desde 1917 hasta 2018, los gobiernos del PRI y del PAN promovieron decenas de modificaciones constitucionales.
Los defensores del actual gobierno argumentan que reformar la Constitución no es una anomalía histórica. Lo que cambia hoy es la orientación de esas reformas y el contexto político en el que se producen.
En el fondo, la discusión enfrenta dos concepciones de estabilidad. Una entiende la estabilidad como la preservación de estructuras institucionales que han garantizado cierto equilibrio.
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La otra sostiene que la verdadera estabilidad solo se alcanza cuando las instituciones reflejan de manera efectiva la voluntad popular y las demandas sociales contemporáneas.
El contexto social mexicano añade una dimensión adicional. Tras décadas marcadas por desigualdad y desconfianza hacia las élites políticas, amplios sectores ven en las reformas una oportunidad para reconfigurar el sistema.
Otros, en cambio, consideran que los cambios acelerados pueden generar incertidumbre y erosionar avances democráticos obtenidos con esfuerzo.
Así, la confrontación entre Manuel Pedrero y la abogada panista no es un episodio aislado. Es el síntoma visible de una polarización creciente en la vida pública del país.
Cada argumento jurídico está cargado de implicaciones políticas y cada reforma es leída como un paso hacia un modelo distinto de nación.
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La pregunta central permanece abierta. ¿Debe la Constitución ser un muro que resista cualquier transformación profunda o un instrumento vivo capaz de adaptarse a la voluntad colectiva? La respuesta definirá no solo el alcance de las reformas actuales, sino también el rumbo institucional de México en los próximos años.
Lo que está en juego no es únicamente la redacción de artículos legales. Es la tensión permanente entre continuidad y cambio, entre tradición institucional y soberanía popular. Y en esa tensión se juega, una vez más, el futuro democrático del país.
