La atmósfera en el tribunal de Michoacán aquella jornada se volvió densa, casi irrespirable.

Durante casi ocho horas consecutivas, cada capa de información fue desnudada metódicamente, hasta que una revelación polémica—capaz de sacudir por completo el rumbo de la investigación—emergió en medio de la audiencia. Un sicario de 17 años, un silencio de más de 13 segundos y un disparo ejecutado a apenas unos centímetros de distancia.

Tres elementos que, al unirse, dibujan un escenario inquietante: la posibilidad de que se haya producido una ejecución extrajudicial justo en el lugar donde asesinaron al alcalde Carlos Manzo.

La audiencia se centró en los siete escoltas del alcalde Manzo y en Jorge Armando N, conocido como “el licenciado”.

Según la Fiscalía de Michoacán, Jorge Armando N no solo era una figura cercana al entorno del alcalde, sino que además fue identificado como un operador criminal vinculado directamente con la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los fiscales lo presentan como una pieza clave en la planeación del atentado, lo que desplaza el foco del simple acto homicida hacia un entramado más profundo y calculado.

La víctima, Carlos Manzo, era alcalde de Uruapan, una ciudad estratégicamente importante y al mismo tiempo marcada por la presencia constante de grupos criminales.

Su asesinato a plena luz del día desató inmediatamente sospechas ligadas al poder político, el control territorial y la influencia creciente del crimen organizado.

El momento que conmocionó a toda la sala llegó cuando los fiscales revelaron los detalles sobre la muerte del joven atacante, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años.

Conforme a los peritajes y al testimonio de un testigo presencial, Vidales no murió en un intercambio caótico de disparos.

Después de ejecutar seis tiros mortales contra el alcalde, Vidales fue abatido con su propia arma, en circunstancias que ahora levantan serias dudas.

El tiro final fue hecho por Demetrio, uno de los escoltas de Manzo. Pero el punto crucial radica en el lapso de más de 13 segundos que transcurrió después de la agresión inicial: un tiempo anómalo, suficiente para determinar si el joven seguía siendo una amenaza o si ya estaba reducido.

La autopsia y la reconstrucción de los hechos indican que el disparo fue efectuado a menos de 30 centímetros del pecho de Vidales, una distancia extremadamente corta, incompatible con un acto defensivo bajo presión.

Esta precisión técnica fortaleció el argumento de la Fiscalía: el joven habría sido ejecutado deliberadamente.

En medio del caos, un paramédico presente se convirtió en testigo clave. Declaró haber presenciado el disparo y denunció que los escoltas le impidieron acercarse a atender al alcalde en los segundos inmediatamente posteriores al ataque.

Esa intervención no solo obstaculizó cualquier intento de reanimación, sino que también dejó la inquietante impresión de que se quería controlar o preservar algo en la escena, lejos de la mirada médica.

El testimonio del paramédico subraya que los instantes posteriores al atentado fueron “vitales”, y sin embargo, la actuación de los escoltas hizo imposible cualquier esfuerzo por salvar la vida de Manzo.

Esto abre dos interpretaciones: o hubo confusión y miedo, o se siguió un guion preconcebido, cuyo objetivo aún no termina de esclarecerse.

En términos legales, la audiencia marcó un punto de inflexión. El juez impuso prisión preventiva oficiosa a los escoltas, mientras la defensa solicitó duplicidad de término para preparar su estrategia.

La situación jurídica de los detenidos se definirá el 26 de noviembre, una fecha que podría redirigir por completo la investigación.

A la par, un personaje enigmático identificado como R1 empieza a tomar protagonismo. Sería el superior inmediato de “el licenciado” dentro de la estructura criminal.

Las autoridades creen que R1 podría poseer las respuestas clave a la pregunta más peligrosa del caso:
¿Quién ordenó realmente el asesinato de Carlos Manzo y por qué el sicario de 17 años tuvo que morir de inmediato?

El expediente del alcalde Manzo ha dejado de ser un simple caso de homicidio para convertirse en un laberinto que expone posibles fracturas internas, fuerzas criminales infiltradas y decisiones letales tomadas fuera del marco legal.

El séptimo disparo—el que acabó con el atacante—se perfila como la pieza central para descifrar la verdad, una verdad incómoda que podría redefinir el panorama de seguridad en Michoacán.

¿La audiencia del 26 de noviembre revelará la trama completa o abrirá un abismo aún más oscuro?
Lo único cierto es que la historia está lejos de terminar. Y ese disparo a quemarropa podría ser la clave para entenderlo todo.