Hay hechos que no pueden quedarse en la categoría de un simple accidente de tránsito. Son episodios que sacuden la frontera entre la imprudencia y la intención, entre el error humano y la responsabilidad penal, entre un impacto de segundos y una cadena de decisiones tomadas en plena oscuridad.

La muerte de Roberto Hernández, un hombre de 52 años arrastrado más de dos kilómetros bajo un automóvil y abandonado en las calles de la capital mexicana, se ha convertido en uno de los casos que mayor indignación han provocado en los primeros días de 2026.

La pregunta que domina el debate público no es solo quién causó su muerte, sino cuánto deberá pagar ante la justicia.

La noche del 3 de enero de 2026, Roberto Hernández, repartidor en motocicleta con más de una década de experiencia, salió de su casa para cumplir con una rutina cotidiana.

Alrededor de las 22:00 horas, cuando circulaba por el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, un automóvil Honda City azul lo impactó por detrás. El golpe derribó a Roberto y a su motocicleta, pero lo más grave ocurrió después.

De acuerdo con videos grabados por automovilistas que circulaban detrás, el vehículo no se detuvo. Por el contrario, aceleró mientras el cuerpo de Roberto quedaba atrapado bajo el chasis.

Durante varios minutos, el auto avanzó por calles transitadas, en medio de cláxones, luces intermitentes y gritos de alerta. Algunos conductores intentaron emparejarse para obligar a la conductora a frenar, pero no lo lograron.

El cuerpo de Roberto fue liberado únicamente cuando el automóvil pasó por un tope en la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, el repartidor ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades confirmaron después que la causa de la muerte no fue solo el impacto inicial, sino las lesiones múltiples provocadas por el arrastre prolongado sobre el asfalto.

Con el paso de las horas, la identidad de la presunta responsable comenzó a tomar forma. Las autoridades señalaron a Gabriela Gómez Córdoba, de 43 años, como la mujer que conducía el vehículo.

En redes sociales circularon versiones que la identificaban como enfermera, con estudios en enfermería obstétrica y una maestría en administración hospitalaria, además de una supuesta relación laboral con el Hospital Juárez de México.

No obstante, la fiscalía aclaró que estos datos aún se encuentran en proceso de verificación y no forman parte de una conclusión oficial.

Lo que sí quedó establecido fue la secuencia de su huida. Minutos después del atropellamiento, la mujer habría llegado a su domicilio en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Vecinos relataron que esa misma noche recogió pertenencias personales, dejó abandonado el Honda City a pocos metros de su casa y se marchó. Para la mañana siguiente, la vivienda estaba vacía. Desde entonces, su paradero permanece desconocido.

El 5 de enero, elementos de la policía de Nezahualcóyotl localizaron un automóvil que coincidía con las características descritas por testigos. El Honda City no tenía placas, presentaba daños visibles en la parte frontal y en el sistema de escape, además de rastros compatibles con el arrastre de un cuerpo.

El vehículo fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para realizar peritajes de impacto, análisis mecánicos y estudios forenses.

Desde el punto de vista legal, la fiscalía abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo, un delito que se persigue de oficio.

El Código Penal de la Ciudad de México establece para este ilícito una pena base de tres a ocho años de prisión, además de la suspensión de la licencia de conducir por un periodo equivalente. Este marco se aplica cuando la muerte ocurre sin intención, como resultado de negligencia o imprudencia.

Sin embargo, el caso de Roberto Hernández plantea elementos que van más allá de un hecho vial común. La legislación prevé agravantes cuando el conductor huye del lugar del accidente, omite prestar auxilio, maneja de forma peligrosa o incurre en violaciones graves al reglamento de tránsito.

En esos supuestos, la pena puede aumentar hasta trece años de prisión. Para muchos especialistas, el arrastre prolongado de la víctima, la falta absoluta de auxilio y el abandono posterior constituyen circunstancias especialmente graves.

Existe además la posibilidad de una reclasificación del delito. Si la fiscalía logra demostrar que la conductora era consciente de que arrastraba a una persona bajo el vehículo y aun así decidió continuar su marcha, el caso podría configurarse como homicidio doloso.

En ese escenario, la pena contemplada por la ley oscila entre ocho y veinte años de prisión, además de sanciones adicionales por omisión de auxilio. Esta hipótesis es la que la familia de la víctima exige que se investigue a fondo.

Durante el funeral de Roberto Hernández en el panteón de Tezonco, el dolor se mezcló con la exigencia de justicia. Rodrigo Hernández, hermano del repartidor, declaró ante medios de comunicación que lo ocurrido no puede ser tratado como un accidente.

Afirmó que hubo tiempo suficiente para detenerse y que la conducta de la conductora reflejó decisiones conscientes, no un momento de confusión.

La indignación se trasladó rápidamente a las calles. Desde el 5 de enero, grupos de motociclistas y repartidores han realizado protestas en distintos puntos de la capital, como Avenida Tláhuac y Avenida La Turba, para exigir justicia y mayor seguridad vial.

En ese contexto surgió la propuesta de la llamada Ley Roberto, una iniciativa ciudadana que busca endurecer las penas contra automovilistas que causen la muerte de motociclistas y reforzar las medidas de protección para quienes trabajan sobre dos ruedas.

El caso de Roberto Hernández no es solo la historia de una familia en duelo. Es también un reflejo de las tensiones entre movilidad, responsabilidad y justicia en una ciudad donde miles de personas se juegan la vida cada día en el tránsito.

Con el vehículo asegurado y las investigaciones en curso, la presión social crece para que la resolución del caso no se limite a una sanción mínima, sino que establezca un precedente claro.

Cuántos años de cárcel podría enfrentar la mujer que lo arrolló, lo arrastró y huyó sigue siendo una incógnita.

Lo que ya es evidente es que la muerte de Roberto Hernández ha abierto un debate profundo sobre el valor de la vida humana en las calles y sobre la capacidad del sistema judicial para responder con firmeza ante hechos que han conmocionado a toda una ciudad.