La audiencia de vinculación a proceso de Omar Bravo —el exfutbolista y símbolo del orgullo nacional mexicano— se ha convertido en el epicentro de la atención mediática y judicial.

Las acusaciones por abuso sexual infantil han derrumbado, de un día para otro, la imagen del ídolo de Chivas.

En la pequeña sala de audiencias de Zapopan, Jalisco, el ambiente era tenso, casi irrespirable: de un lado, el héroe deportivo convertido en acusado; del otro, la parte denunciante con pruebas que, según ellos, son “irrefutables.”

Pero entre el ruido mediático y la presión social, el abogado defensor Leobardo Treviño eligió otro terreno: el del razonamiento técnico y jurídico.

Sereno, con voz firme, abrió su alegato con una frase que congeló la sala: “No negamos el dolor de nadie, pero la justicia no puede construirse sobre capturas de pantalla manipuladas ni sobre un video de diez segundos.”

El abogado de la víctima, José Juan Soltero, asegura poseer evidencia sólida: fotos, capturas de pantalla y videos grabados en secreto que mostrarían años de presunto abuso.

Según su versión, los hechos comenzaron cuando la víctima tenía apenas siete años, extendiéndose hasta la adolescencia. Entre los materiales presentados, figura un video que, de acuerdo con la fiscalía, “demuestra claramente” la conducta del acusado.

Treviño respondió con contundencia: calificó las pruebas como fragmentadas, manipuladas y sin contexto. “Los mensajes fueron recortados para cambiar su significado; se eliminaron partes completas de las conversaciones”, sostuvo.

Aseguró que las capturas solo abarcan el último mes, no los supuestos seis o siete años que menciona la parte acusadora. “Un mensaje que dice ‘buenas noches’ no prueba un delito, aunque quieran interpretarlo así”, añadió.

Sobre el video, Treviño fue aún más tajante: solo dura diez segundos. Según él, ese fragmento “no demuestra ningún acto ilícito, sino algo completamente distinto, editado para crear una impresión falsa”. Con ironía, lanzó una analogía: “Si alguien acusa a otro de robar una manzana, pero el video solo muestra que la manzana cayó del árbol, eso no prueba el robo.”

El punto más crítico del alegato defensivo fue el de la legalidad de las pruebas digitales. Treviño denunció violaciones graves al debido proceso: el video y las capturas carecen de “huella electrónica” —metadatos, direcciones IP, o rastros digitales verificables— que garanticen su autenticidad.

“Sin esos elementos técnicos, cualquier archivo puede ser manipulado. Y si la prueba no puede verificarse, no tiene valor jurídico,” enfatizó.

La defensa también desestimó el examen psicológico de la víctima, considerándolo “subjetivo, emocional y carente de rigor científico.”

Treviño afirmó que el estado mental de una persona puede alterarse por múltiples factores —estrés, conflictos familiares, frustraciones cotidianas— y que atribuirlo directamente al acusado es una conclusión precipitada.

“La psicología no es matemática: dos más dos no siempre es cuatro. Y curiosamente, este peritaje fue hecho en tres días. Un récord mundial,” ironizó.

Por su parte, el abogado Soltero insistió en la validez de las pruebas y recordó que la víctima ha pasado por evaluaciones periciales exhaustivas.

Además, reveló la existencia de dos carpetas de investigación previas contra Bravo, que habían sido archivadas, pero ahora fueron reabiertas tras la aparición de nuevos elementos.

Treviño se mostró sorprendido y crítico: “Ni mi cliente ni yo fuimos notificados del contenido de esas carpetas. Si fueron archivadas, ¿por qué se desempolvan ahora? ¿Y con qué propósito?” cuestionó.

Aun así, el defensor no esquivó el peso moral del caso. “No justifico a nadie, pero defiendo el derecho a un juicio justo.

Porque si permitimos que las emociones guíen las sentencias, hoy puede ser Omar Bravo, pero mañana será cualquiera de nosotros,” declaró con tono grave.

En México, el delito de abuso sexual infantil contempla dieciséis modalidades diferentes, con penas que van de uno a veinticuatro años de prisión, dependiendo de la edad de la víctima y la naturaleza del acto.

En el caso de Bravo, si el juez determina la vinculación formal al proceso, podría enfrentar la pena máxima.

Mientras tanto, el país entero observa. El caso ya ha trascendido lo jurídico: es ahora un espejo del sistema judicial mexicano y de su capacidad para equilibrar la verdad, la emoción y la justicia.

Al finalizar la audiencia, cuando un periodista le preguntó si confiaba en ganar, Treviño respondió con una media sonrisa: “No sé si ganaré, pero estoy seguro de que haré pensar muy bien al juez antes de condenar a un hombre por un video de diez segundos.”

El juicio de Omar Bravo continúa, pero lo que ya está claro es que no solo se trata de un caso penal: es un duelo entre la verdad mediática y la verdad judicial, entre la imagen del ídolo caído y el laberinto de la justicia mexicana.