En el mundo del crimen organizado en México, donde el poder suele medirse por el ruido de las armas y la presencia armada en el territorio, el silencio repentino puede resultar aún más inquietante.

En los últimos días, en varias zonas estratégicas del occidente del país, retenes que durante meses operaron

de manera constante bajo el control del Cártel Jalisco Nueva Generación desaparecieron sin dejar rastro.

No hubo enfrentamientos, ni comunicados, ni anuncios de repliegue. Solo quedaron vehículos, armas y objetos de uso cotidiano, como si quienes vigilaban esos puntos hubieran huido con urgencia.

Fuentes de inteligencia y autoridades de distintos niveles coinciden en la confirmación de un fenómeno poco común.

Al menos 123 integrantes de células operativas del CJNG desertaron en semanas recientes, principalmente en regiones del occidente mexicano consideradas históricamente como bastiones de la organización.

De acuerdo con funcionarios consultados, la cifra podría ser mayor, ya que en varias zonas aún continúan las labores de verificación.

Lo asegurado por las fuerzas de seguridad ilustra la magnitud del episodio. Se recuperaron 34 vehículos, entre ellos camiones blindados de fabricación artesanal, camionetas de reciente modelo y motocicletas utilizadas para labores de vigilancia y comunicación.

También fueron decomisadas más de 156 armas de fuego, incluyendo fusiles de asalto, armas de alto calibre y pistolas, además de una cantidad considerable de cargadores y municiones. En los sitios quedaron chalecos balísticos, uniformes con insignias del CJNG, radios, víveres y pertenencias personales sin recoger.

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Para los analistas, uno de los elementos más reveladores es la forma en que estos hombres abandonaron sus posiciones.

En varios casos, los vehículos permanecían con las llaves puestas, la comida sin terminar y los equipos de comunicación encendidos. Todo apunta a que no se trató de un retiro planificado, sino de una huida precipitada motivada por el miedo o por la pérdida de confianza en la estructura que debía protegerlos.

Especialistas en seguridad consideran que esta deserción masiva es resultado directo de la presión militar creciente contra el CJNG.

Durante meses, operativos conjuntos del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales han golpeado de manera sistemática las rutas de abastecimiento, los centros logísticos y los puntos de control de la organización.

A diferencia de acciones aisladas del pasado, las recientes operaciones han sido continuas y enfocadas en debilitar la capacidad del grupo para sostener el control territorial.

Un factor determinante ha sido el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado desde el 9 de noviembre por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Datos oficiales indican que, en poco más de un mes, esta estrategia derivó en al menos 207 detenciones, el desmantelamiento de múltiples laboratorios clandestinos y la recuperación de decenas de vehículos robados.

Para los sicarios de base, el mensaje es claro. El cerco se estrecha mientras las opciones de escape y apoyo se reducen.

No obstante, la presión externa es solo una parte del problema. El deterioro interno del CJNG parece estar estrechamente ligado a la incertidumbre en su cúpula.

Desde hace meses no existe confirmación pública sobre la presencia o actividad de Nemesio Oseguera Cervantes, máximo líder de la organización. Su prolongada ausencia ha alimentado rumores y dudas tanto dentro del mundo criminal como entre las agencias de inteligencia.

Recientemente circuló un video en redes sociales en el que un hombre encapuchado afirma ser el líder del CJNG y niega la responsabilidad del grupo en la explosión de un vehículo en Coahuayana.

Lejos de disipar las dudas, el material generó mayor escepticismo. Expertos en análisis de voz señalan diferencias notables respecto a grabaciones de hace cinco años, lo que abre interrogantes sobre la identidad real del individuo.

En estructuras criminales basadas en el liderazgo personal, la falta de claridad en la cabeza suele ser un síntoma de fractura profunda.

La deserción ocurre además en un contexto de violencia creciente. El 6 de diciembre, la explosión de un camión frente a un cuartel de la policía comunitaria en Coahuayana dejó seis muertos y once heridos, marcando un punto de inflexión en la intensidad de los ataques.

La respuesta del Estado también mostró un endurecimiento inusual, cuando un helicóptero militar armado abrió fuego contra sospechosos en Buenavista, una acción poco frecuente en la región en tiempos recientes.

De manera paralela, el sur de Sinaloa volvió a registrar explosiones, bloqueos carreteros y desapariciones, en medio del recrudecimiento de disputas entre facciones rivales del crimen organizado. Este escenario incrementa la presión y la inestabilidad en todo el corredor occidental del país.

En este contexto, analistas advierten que la deserción masiva dentro del CJNG podría anticipar una etapa de reacomodos violentos.

Cuando una organización pierde cohesión, sus adversarios suelen intentar ocupar los espacios que deja, lo que abre la puerta a nuevas confrontaciones por el control territorial.

Para las comunidades que han vivido durante años bajo la sombra de estos grupos, la reacción es ambivalente. Existe la esperanza de que la debilidad del cártel reduzca la violencia cotidiana, pero también el temor de que el vacío de poder detone enfrentamientos aún más sangrientos.

La huida de 123 sicarios no es solo un dato estadístico. Es una señal de desgaste interno en una estructura que durante años fue considerada casi intocable.

Cuando la presión militar se intensifica, el liderazgo se vuelve difuso y el futuro deja de ser predecible, incluso los imperios criminales más temidos pueden comenzar a resquebrajarse desde dentro. Y esa erosión silenciosa podría redefinir el mapa del crimen organizado en el occidente de México en los meses por venir.