México acaba de atravesar una de las jornadas más turbulentas de su historia judicial. Omar García Harfuch —figura emblemática en la lucha contra el crimen organizado— irrumpió con una comparecencia que reconfigura por completo el mapa del poder en el país.

Lo presentado no fue un listado de irregularidades administrativas ni simples señales de negligencia institucional.

Fue la revelación de un aparato paralelo de poder, una estructura clandestina incrustada en lo más alto de la Fiscalía General de la República (FGR), operando durante años bajo el mando absoluto de un solo hombre: Alejandro Gertz Manero, de 85 años.

La conferencia duró menos de noventa minutos, pero su impacto ha desatado un terremoto político y judicial.

Las pruebas divulgadas muestran que durante cinco años, Gertz utilizó la FGR como feudo personal, construyendo una maquinaria silenciosa que mezclaba intereses políticos, acuerdos ocultos y una red de funcionarios subordinados.

El país entero se hace hoy una pregunta inevitable: ¿cuántas vidas, cuántas investigaciones, cuántos fallos judiciales fueron manipulados desde la cima misma del sistema?

Según el expediente presentado, Gertz articuló una red que abarcaba 47 fiscales estatales, 23 jueces federales estratégicamente colocados y 89 abogados dedicados a fungir como fachada legal para operaciones ilícitas.

Testimonios internos describen la FGR como un “Estado dentro del Estado”, un organismo autónomo de facto, blindado ante la supervisión pública y operando con una lógica completamente ajena a la ley.

Aún más alarmante fueron los audios difundidos por Harfuch. En ellos, altos funcionarios de la Fiscalía discuten abiertamente cómo “fabricar algo plausible” contra diversas figuras consideradas “enemigos políticos”.

La persecución jurídica —como queda claro— no era esporádica; era un mecanismo institucionalizado, aplicado con rigor y frialdad.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Adrián LeBarón, quien perdió a nueve familiares —seis de ellos niños— en la masacre de 2019.

Tras sus críticas a la falta de reacción del Gobierno Federal, la respuesta de Gertz no fue reforzar la investigación, sino inventar un proceso penal en su contra por supuesta “obstrucción de la justicia”.

LeBarón gastó más de 4,7 millones de pesos en su defensa, vivió 16 meses bajo riesgo inminente de detención y tuvo que suspender sus esfuerzos para exigir justicia para su propia familia.

El expediente también incluye el caso de la periodista Lydia Cacho, reconocida internacionalmente por revelar redes de explotación infantil protegidas por autoridades locales.

Apenas dos semanas después de publicar sus hallazgos, Gertz ordenó abrir una investigación por “lavado de dinero” y “difamación agravada”.

Un audio —con la voz inconfundible del propio Gertz— evidencia cómo instruyó a su equipo a “usar cualquier cosa disponible” para detener la labor periodística de Cacho.

Sus cuentas bancarias fueron congeladas, su pasaporte confiscado y tuvo que destinar más de 8,9 millones de pesos a su defensa legal. Su vida profesional quedó paralizada durante más de tres años.

Pero el capítulo más oscuro del expediente tiene otra dimensión: la protección sistemática a tres de los cárteles más poderosos del país —CJNG, Sinaloa y Golfo— a cambio de pagos multimillonarios.

Durante el mandato de Gertz, los procesos iniciados contra líderes criminales cayeron un 86%, una cifra que por sí sola desmiente cualquier narrativa oficial de combate frontal al crimen organizado.

En uno de los audios más contundentes, Gertz ordena cancelar una operación conjunta entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la DEA, alegando un “entendimiento implícito” con una facción del CJNG.
En un país con decenas de miles de desaparecidos, esta revelación provocó un estallido de indignación.

La muerte de Gustavo Elizondo, operador financiero del Cártel del Golfo que había empezado a colaborar con las autoridades, se convirtió en un símbolo del deterioro institucional.

Fue hallado muerto en su celda de la FGR apenas 24 horas después de aceptar cooperar. Aunque el reporte oficial habla de “suicidio”, peritos independientes concluyeron que las marcas en su cuello correspondían a estrangulamiento por otra persona.

Las cámaras de seguridad dejaron de funcionar misteriosamente justo en el momento clave.

A este entramado se suma una operación internacional de lavado de dinero que canalizó más de 12.340 millones de pesos en cinco años.

A través de 23 empresas fantasma y múltiples cuentas offshore distribuidas entre Panamá, las Islas Caimán y Suiza, el dinero proveniente de los cárteles terminó en manos de los beneficiarios finales:

• Alejandro Gertz Manero y su hermano Federico: 4,7 mil millones en Panamá
• Alejandro Gertz Alarcón (hijo): 3 mil millones en Caimán
• María Elena Gertz Ochoa (sobrina): 2 mil millones en Suiza

El expediente presentado por Harfuch culminó con una solicitud formal de orden de detención contra Gertz Manero, sustentada en una lista de delitos que incluyen colusión con delincuencia organizada, lavado de dinero, abuso sistemático de la función pública, persecución ilegal de ciudadanos y conspiración para cometer homicidio.

Menos de veinte horas después de la conferencia, el Poder Judicial emitió la orden. Harfuch encabezó personalmente el operativo de captura en el domicilio del exfiscal, marcando un punto de quiebre en la historia contemporánea de México.

La caída de Gertz Manero no es solo la detención de un funcionario poderoso. Es la exposición de un sistema que permitió que el máximo representante de la justicia se convirtiera en arquitecto de un imperio clandestino.

El país se enfrenta ahora a una tarea monumental: reconstruir la confianza en sus instituciones, reparar décadas de erosión y garantizar que jamás vuelva a erigirse un poder en las sombras desde el corazón de su sistema judicial.

Un capítulo oscuro se ha cerrado.
Pero la reconstrucción apenas comienza.