A las tres de la madrugada, cuando Guanajuato aún intentaba dormir después de una jornada marcada por el terror, una operación de alto impacto se puso en marcha.

Apenas 24 horas antes, una cancha de futbol amateur se había convertido en un escenario de muerte, con once personas asesinadas a sangre fría y decenas de heridos.

Sin respuestas claras y con la indignación creciendo, surgió una pregunta incómoda y polémica.

Por qué la reacción fue tan rápida y por qué el objetivo era un rancho aparentemente discreto ubicado en una zona residencial de alto nivel.

En la madrugada del 26 de enero, alrededor de 80 elementos de fuerzas especiales de la Marina mexicana avanzaron en silencio hacia un complejo identificado como la base de operaciones de Moisés Soto Bermúdez, operador principal de la célula Los Marros, subordinada a Mario Eleazar Lara Belman, conocido como El Negro.

El despliegue incluyó fusiles Sig Sauer calibre 5.56, visores nocturnos panorámicos y equipos hidráulicos para derribar accesos. Todo estaba calculado al minuto.

En menos de diez minutos, el lugar quedó completamente bajo control. Dieciocho personas fueron detenidas sin que se disparara un solo tiro, un contraste absoluto con la violencia desatada por ese mismo grupo horas antes.

Fuentes de inteligencia señalan que la clave fue el exceso de confianza. Tras la masacre en la cancha, varios integrantes del grupo criminal se reunieron para celebrar, convencidos de que las autoridades tardarían días en reaccionar.

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Esa breve ventana de descuido fue suficiente para ejecutar un golpe certero contra el corazón de la organización.

El rancho, valuado en unos 25 millones de pesos, operaba oficialmente como una exitosa empresa textil. Tenía registros fiscales en regla, movimiento constante de camiones y trabajadores contratados legalmente.

Sin embargo, detrás de esa fachada se ocultaba una maquinaria criminal de alta complejidad. Durante el cateo, las autoridades aseguraron cinco toneladas de droga, entre ellas 3.200 kilos de metanfetamina de alta pureza y alrededor de 100 kilos de cocaína.

El valor estimado en el mercado superaba los 2.500 millones de pesos, una cifra capaz de financiar múltiples estructuras de violencia durante años.

Dos recámaras principales habían sido transformadas en bóvedas con estándares similares a los de una institución bancaria.

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Contaban con sistemas de ventilación industrial diseñados para evitar la dispersión de vapores químicos y no levantar sospechas entre los vecinos.

Otra área funcionaba como un centro de comando digital, equipado con servidores encriptados, sistemas de monitoreo y radios de alta frecuencia.

Desde ese punto se coordinaban rutas, se giraban órdenes y se administraban pagos como si se tratara de una empresa clandestina perfectamente organizada.

El arsenal decomisado reveló un nivel de militarización alarmante. Se aseguraron 32 armas de uso exclusivo militar, entre ellas un fusil Barret calibre .50 con capacidad para derribar aeronaves.

A esto se sumaron miles de cartuchos, granadas y equipo táctico. El lujo también estaba presente. Vehículos como un Lamborghini Urus y una Mercedes Benz G63 AMG, ambos con blindaje nivel 5+, no solo simbolizaban poder económico, sino que ofrecían protección en posibles enfrentamientos armados.

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Nada de esto, sin embargo, preparó a los agentes para el hallazgo más perturbador. Bajo un jardín cuidadosamente mantenido, con césped impecable y árboles ornamentales, se descubrió una fosa clandestina.

En realidad era una fosa séptica modificada, de unos 20 metros de profundidad. En su interior se encontraron alrededor de 200 cuerpos en avanzado estado de descomposición, apilados como si fueran desechos.

La identidad de las víctimas estremeció aún más a la opinión pública. Entre los restos había al menos 134 sicarios de un grupo rival, el CJNG, pero también periodistas locales que investigaban al crimen organizado, comerciantes que se negaron a pagar extorsiones y un ex alcalde que llevaba siete años desaparecido.

No eran solo bajas de una guerra entre bandas, sino mensajes de terror dirigidos a toda la sociedad.

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Un objeto aparentemente insignificante se convirtió en el símbolo más doloroso del caso. Dentro del vehículo del líder criminal se encontró una mochila rosa con la imagen de Frozen. Pertenecía a la hija de un comerciante secuestrado.

La niña había sido utilizada como rehén para obligar a la familia a guardar silencio. Para muchos investigadores, esa mochila representó la forma en que esta organización reducía incluso la infancia a una moneda de cambio.

El análisis de teléfonos celulares y servidores incautados destapó otra capa del entramado criminal. Un archivo de Excel titulado nómina-enero-2026 detallaba pagos semanales a policías municipales y funcionarios del sistema de justicia estatal.

Mensajes de WhatsApp confirmaron que, antes de la masacre en la cancha de futbol, agentes locales recibieron la orden de retirarse de la zona con quince minutos de anticipación, dejando el camino libre para el ataque. La evidencia apuntó de manera directa a un sistema de corrupción estructural.

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La llamada Operación Asalto Halcón fue presentada como un éxito táctico. Un centro logístico clave fue desmantelado, una red criminal quedó expuesta y cientos de víctimas salieron del anonimato.

No obstante, especialistas en seguridad advirtieron que se trata solo de un alivio momentáneo. Como un vendaje sobre una herida abierta desde hace más de una década en Guanajuato, la operación no resolverá el problema mientras persistan la corrupción y la impunidad.

Que una instalación descrita por investigadores como una fábrica de muerte haya operado durante 18 meses en una zona residencial exclusiva sin ser detectada plantea preguntas inquietantes.

Quién miró hacia otro lado. Quién cobró por el silencio. Y cuántos lugares similares continúan ocultando horrores bajo fachadas de prosperidad.

Mientras esas preguntas sigan sin respuesta, la sensación de inseguridad no solo pesará sobre Guanajuato, sino sobre todo México.