Era una noche sofocante de otoño. La música electrónica retumbaba desde Terraza Valentino, el bar más lujoso de Mazatlán. Las luces violetas danzaban sobre las copas y los cuerpos en movimiento.

Nadie dentro de aquel paraíso nocturno imaginaba que, detrás de una pared con un discreto letrero que decía “Servicio Técnico”, un joven acababa de entrar al baño para nunca volver a salir.

La desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, de 21 años, expuso el lado más oscuro del poder en Sinaloa: un bar operado como centro clandestino, protegido por el dinero, la influencia y el silencio.

Y quien rompió ese muro de impunidad fue Omar García Harfuch, el hombre que ya había enfrentado a los cárteles más peligrosos de México.

Según el informe oficial, Carlos Emilio desapareció alrededor de las 2:30 de la madrugada del 5 de octubre de 2023. Le dijo a su madre que iría al baño y regresaría enseguida.

Veinte minutos después, su familia no volvió a verlo. Al preguntar al personal, recibieron una respuesta fría: “Probablemente se fue sin avisar.”

Durante siete días, Terraza Valentino guardó un silencio absoluto. Mientras tanto, la familia buscaba desesperadamente y los medios internacionales —CNN, Telemundo, El País— ya seguían el caso. Bajo la presión pública, el bar publicó un comunicado ambiguo, sin disculpas ni explicaciones.

No fue sino hasta el 24 de octubre, casi tres semanas después, cuando se emitió una orden de cateo. Al ingresar, los agentes notaron algo extraño: no olía a alcohol ni a perfume, sino a cloro industrial, fuerte y penetrante.

El piso brillaba como recién pulido, los plafones eran nuevos, y el sistema de cámaras —de manera “coincidente”— perdió exactamente 43 minutos de grabación, los mismos en los que Carlos desapareció.

Durante la revisión, los peritos hallaron algo espeluznante. Detrás de la puerta marcada como “Baños” había una cámara frigorífica sin cámaras de seguridad, con el piso húmedo, olor a desinfectante y una tapa de drenaje nueva, conectada directamente al sistema pluvial de la ciudad.

Los registros electrónicos mostraban que a las 2:36 a.m. se había abierto la cámara con una tarjeta sin asignación de empleado, activada horas antes desde la oficina central de Grupo Eleva, empresa propietaria del bar.

El responsable de esa activación: Sebastián Torres, gerente nocturno, quien solicitó licencia al día siguiente y desapareció de Mazatlán. Su teléfono fue apagado y sus cuentas bancarias, congeladas.

Pocos minutos después, una cámara externa captó la llegada de un camión ajeno al servicio de basura, que permaneció en el estacionamiento entre las 2:49 y las 3:07, con un aumento de peso de 300 kilogramos al salir.

El GPS reveló que el vehículo nunca fue al vertedero municipal, sino que se detuvo 17 minutos en un almacén de Grupo Eleva. Tres empleados que trabajaron esa noche recibieron un pago triple con la nota “manejo de material sensible”.

Uno de ellos declaró que movieron “dos tambores metálicos pesados” desde el camión hasta una habitación cerrada… antes de pedir hablar con su abogado.

El 26 de octubre, Harfuch encabezó el cateo del almacén. En la habitación rotulada como “Mantenimiento”, los peritos aplicaron Luminol, y una neblina azul iluminó el piso: una traza continua desde la entrada hasta el drenaje central.

Los análisis confirmaron la presencia de sangre, fibras de mezclilla y un compuesto químico utilizado exclusivamente en morgues para limpiar restos biológicos.

La sustancia provenía de una empresa de limpieza contratada por Grupo Eleva. Fotografías internas mostraban a empleados con trajes de bioseguridad dentro de Terraza Valentino el 19 de octubre, solo días antes del cateo.

En la reunión del gabinete de seguridad federal, Harfuch presentó el material forense, las grabaciones, los registros GPS y los testimonios. Las evidencias eran abrumadoras. Al ser cuestionado sobre el caso, el gobernador Rocha dijo: “No se descarta ninguna hipótesis.”

Seis horas después, Ricardo Belarde Cárdenas —secretario de Economía y dueño de Terraza Valentino— renunció.

Pero su renuncia no cerró el caso. Solo abrió un túnel más profundo: una red criminal estructurada bajo la fachada de entretenimiento de lujo.

Otros dos bares de Grupo Eleva fueron inspeccionados. En uno se halló una sala sin cámaras; en otro, un sótano refrigerado con drenaje independiente que desembocaba en un callejón sin vigilancia. El patrón era idéntico: zonas ciegas, personal rotativo, y registros alterados.

Un ex empleado confesó que había recibido órdenes explícitas de “no preguntar por la cámara fría”. Un vecino declaró haber visto un camión de basura ingresar de madrugada, con hombres vestidos de negro cargando algo “muy pesado”.

Cada testimonio, cada video, cada anomalía formó el mismo mosaico: una maquinaria precisa diseñada para hacer desaparecer personas.

El 28 de octubre, el equipo forense excavó en el vertedero señalado por el GPS del camión. Entre los desechos industriales, hallaron fragmentos de mezclilla y una hebilla metálica corroída, idéntica a la del cinturón de Carlos Emilio. Las muestras fueron enviadas a análisis genético urgente.

Un investigador comentó fuera de cámaras:

“El cloro limpia la superficie, pero el Luminol revela lo que el poder quiso enterrar.”

Mazatlán sigue brillando bajo las luces del turismo, pero Terraza Valentino permanece sellado. El neón apagado, el portón de acero cerrado. Dicen que bajo ese piso, aún quedan secretos que la música intentó silenciar.

El caso de Carlos Emilio no es solo una tragedia. Es un espejo que refleja la corrupción que devora a México: donde los bares de lujo se convierten en fábricas de silencio, y la fiesta sirve de cortina para el crimen.