Desde el instante en que la camioneta gris sin rótulos fue detenida en la franja fronteriza de Zacatecas, algo comenzó a desprender ese olor inconfundible que los veteranos de seguridad federal conocen demasiado bien.

Pero lo que Harfuch y su equipo observaron después no fue simplemente una irregularidad operativa.

Era una pieza incrustada en lo más profundo de la estructura frágil y enmarañada de la seguridad interestatal, un territorio donde las líneas legales a veces funcionan como cortinas que encubren actividades que nadie quiere nombrar.

La pick-up de doble cabina, vidrios polarizados, sin placas visibles, quedó inmóvil en plena oscuridad. Adentro, cuatro hombres vestidos con equipo táctico, portando armamento y dispositivos similares a los de una unidad oficial, pero careciendo del elemento básico que legitima su presencia: sus insignias.

El ambiente se volvió aún más denso cuando los peritos detectaron manchas semáticas en la puerta del vehículo, restos biológicos que cualquier analista forense reconoce de inmediato.

A pocos metros, en las tierras áridas que separan Villa de Cos de Santo Domingo, yacían varios cuerpos en avanzado estado de degradación.

La postura, la temperatura tisular y el nivel de descomposición indicaban que no habían muerto allí. Era un punto de abandono, no la escena primaria del crimen.

Eso implicaba que el vehículo no estaba “casualmente” cerca, sino que probablemente formaba parte del trayecto de traslado o eliminación de las víctimas.

San Luis Potosí respondió sin demora: los agentes estaban atendiendo una llamada de auxilio y, debido a la urgencia, utilizaron una unidad sin distintivos.

Sin embargo, los investigadores desmontaron la versión rápidamente. No existe folio de la llamada. No hay registro de hora, operador ni despacho.

El GPS no coincide con ningún protocolo de rescate, y no se emitió notificación alguna a Zacatecas respecto a una operación interinstitucional, algo obligatorio en estos casos.

Un fiscal describió la situación con crudeza: “O están diciendo la verdad y entonces estamos ante un error operativo de dimensiones graves, o están mintiendo y la evidencia señala hacia otro lado.”

La investigación forense avanzó con precisión quirúrgica. Las muestras biológicas dentro del vehículo revelaron restos de sangre limpiada con soluciones desinfectantes, un intento fallido de borrar rastros.

Dos cuerpos ya fueron identificados, y las autoridades analizan coincidencias con la lista de jóvenes desaparecidos en diversas comunidades de Zacatecas durante las últimas dos semanas. Los tiempos coinciden de forma inquietante.

La judicialización contra los cuatro agentes potosinos llegó con rapidez, señal de que la fiscalía cree tener elementos suficientes.

Pero la pregunta que domina el debate es otra: ¿actuaron solos o bajo órdenes superiores? ¿Fue una iniciativa irregular de un mando medio, o un operativo más amplio disfrazado de emergencia para cruzar la frontera estatal sin levantar sospechas?

Especialistas en seguridad llevan años advirtiendo sobre la existencia de “zonas grises” entre los estados, corredores donde el crimen puede moverse con facilidad y donde, en ocasiones, las fuerzas oficiales terminan siendo espectadores involuntarios o incluso participantes encubiertos.

El caso Zacatecas demuestra que estas zonas no solo existen, sino que se han convertido en un ecosistema paralelo, con reglas propias.

Para el gobierno federal, y particularmente para Harfuch, este episodio golpea directamente su discurso de depuración interna.

Él ha intentado construir la imagen de un mando férreo, decidido a limpiar la institución desde dentro. Pero este escándalo lo coloca frente a una estructura que no solo desafía la autoridad, sino que parece haber desarrollado mecanismos propios de operación y protección.

El impacto público también es contundente. Para la ciudadanía, no importa la narrativa si ven agentes uniformados cerca de un sitio donde se abandonaron cuerpos.

La erosión de confianza no se revierte con conferencias de prensa, sino con investigaciones transparentes y sentencias bien fundamentadas.

En esencia, el caso no es solo una “camioneta sospechosa”. Es un retrato crudo de los límites desdibujados entre deber y crimen, entre fuerzas protectoras y conductas fuera de la ley.

Tres elementos siguen socavando la coartada del “rescate”: la unidad sin distintivos con rastros biológicos, la cercanía inmediata con el lugar donde se hallaron los cuerpos y la confirmación de que los ocupantes eran agentes estatales fuera de su jurisdicción.

Si el juicio termina con condenas firmes, el mensaje será claro: no hay inmunidad fáctica para actos atroces.

Pero si el caso se derrumba por presiones políticas o vacíos probatorios, se convertirá en símbolo de un sistema que se protege a sí mismo mientras deja a las víctimas en la sombra.

En ese escenario, Zacatecas será solo un capítulo más en la creciente ruptura entre instituciones y ciudadanía.