La mañana del 22 de octubre de 2025, Michoacán no despertó con el canto de los gallos, sino con el rugido de los helicópteros y el eco de los disparos.

Por un instante, el estado más golpeado por la violencia pareció contener la respiración. Durante años, los pobladores habían aprendido a temer un nombre: Los Viagras, el grupo criminal que controlaba la vida y la economía agrícola del valle.

Pero ese día, Omar García Harfuch, jefe de las fuerzas de seguridad federales, lanzó una operación que él mismo describió como “un punto de inflexión histórico”: la Operación Tierra Clara.

No fue un operativo más. Fue una declaración de guerra a un sistema que había convertido el sudor de los campesinos en moneda del crimen.

Desde antes del amanecer, unidades del Sedena, la Guardia Nacional y la policía estatal de Michoacán se desplazaron hacia tres campamentos armados ocultos entre las montañas de Apatzingán y Buenavista. Detrás de cada movimiento, semanas de inteligencia satelital y de infiltración silenciosa.

A las 06:47 de la mañana, el primer disparo marcó el inicio del enfrentamiento. Durante más de treinta minutos, el fuego cruzado iluminó el valle. Cuando el humo se disipó, 17 integrantes de Los Viagras fueron neutralizados y 5 más arrestados.

Entre ellos, Carlos N, alias “El 40”, identificado como el enlace logístico entre el grupo y los productores extorsionados.

Dentro de una casa abandonada, los agentes hallaron documentos contables y una libreta manchada de humedad. En una de sus páginas, una frase escrita con tinta roja heló la sangre de los investigadores:

“Bernardo B eliminado. Misión M21 completada.”

Era la confirmación que todos temían: la ejecución de Bernardo Bravo, líder agrícola y portavoz de los limoneros que denunciaron los cobros ilegales, no fue un ajuste de cuentas personal, sino una orden planificada dentro de una estrategia para dominar la economía local a través del terror.

Bernardo Bravo había sido la voz de los campesinos honestos. Dirigía una asociación de pequeños productores y denunció públicamente cómo Los Viagras obligaban a vender las cajas de limón a 20 pesos, mientras el grupo las revendía a 80 pesos.

Semanas antes de su asesinato, Bravo declaró ante un reportero:

“Ellos no venden limones, venden nuestra sangre.”

Días después fue encontrado sin vida en los límites de Tepalcatepec, con señales de tortura.

Los documentos incautados durante “Tierra Clara”, bajo el título “Proyecto Bravo”, detallaban las órdenes internas del grupo: “Prohibidas las reuniones entre productores. Aislar a los líderes.”

El miedo se convirtió en ley. Nadie volvió a hablar.

Por eso, “Tierra Clara” no fue solo una operación militar. Fue una ruptura del silencio colectivo.
Entre las evidencias confiscadas se encontraron hojas con la lista de agricultores extorsionados, montos exactos, fechas, y registros de pagos mensuales.

El peritaje balístico confirmó que las armas recuperadas en el operativo coincidían con los casquillos encontrados en la escena del crimen de Bravo.
Un comandante, frente a los periodistas, solo dijo una frase:

“Confirmado: atrapamos a los mismos que mataron al productor de limón.”

La noticia recorrió todo Michoacán. Por primera vez en años, la gente salió a las calles sin miedo.

Los resultados de la operación tuvieron repercusiones inmediatas. Las comunicaciones interceptadas mostraron que Los Viagras comenzaban a fracturarse internamente; algunos acusaban a otros de haber vendido la ubicación de los campamentos.

La inteligencia federal descubrió además menciones a la “orden de Jilotlán”, un indicio de la colaboración temporal con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para mantener el control del valle limonero.

Desde entonces, los retenes desaparecieron poco a poco. Los caminos rurales, antes custodiados por hombres armados, se llenaron de camiones que volvían a transportar limones sin miedo. Era una imagen inédita: la economía del campo respirando libertad.

Al día siguiente, en la plaza principal de Apatzingán, cientos de campesinos se reunieron. Llevaban pancartas con una sola palabra: “Justicia.”

En medio del gentío, una manta blanca con letras negras ondeaba al viento:

“Por Bernardo, por nosotros.”

Traían en las manos limones, machetes, guantes de trabajo. Algunos lloraban en silencio. Una mujer mayor, con la voz quebrada, dijo ante las cámaras:

“Él murió para que nosotros pudiéramos vivir en paz.”

En una rueda de prensa improvisada, Harfuch fue contundente:

“Quien transforme el trabajo en miedo, será encontrado y detenido.”

No fue una promesa, sino una advertencia. Un mensaje dirigido a todos los grupos criminales que desde hace años convirtieron la agricultura mexicana en una economía del terror.

La operación concluyó oficialmente a las 17:20 horas del mismo día. El cielo de Apatzingán seguía gris, cargado de humo y polvo.

Pero por primera vez, los pobladores sintieron que algo había cambiado. Los campos volvieron a abrirse, los productores regresaron a sus huertos, y la historia de Bernardo Bravo comenzó a contarse como una leyenda de dignidad y resistencia.

Para Omar García Harfuch, “Tierra Clara” es más que un éxito operativo. Es un mensaje político, social y simbólico: una afirmación de que el Estado aún puede recuperar territorios perdidos, aunque sea a un precio alto.

Y para los habitantes de Michoacán, la esperanza se resume en una frase sencilla, casi una plegaria campesina:

“Queremos sembrar limones… sin tener que morir por ellos.”