Aquella mañana de abril, la Ciudad de México parecía contener el aliento. Frente a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR),

Omar García Harfuch —el mismo que sobrevivió milagrosamente a un atentado con más de 400 disparos— descendió de una camioneta negra con un sobre amarillo en la mano.

Dentro, dijo, llevaba “pruebas irrefutables” de abuso de poder, manipulación de evidencias y persecución política contra el hombre más poderoso del sistema judicial mexicano: el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

Ese instante fue descrito por los observadores como un terremoto institucional. Un jefe policial desafiando al símbolo más alto del poder judicial —algo que, en México, simplemente nunca había ocurrido.

Pero el enfrentamiento no fue un arrebato. Según fuentes cercanas, Harfuch lo planeó durante meses: revisó cientos de expedientes, recogió testimonios, aseguró registros digitales y documentó reuniones internas dentro de la FGR.

Para un hombre que había enfrentado la muerte de frente, el miedo era ya una emoción conocida, domesticada. Harfuch sabía que sólo con pruebas sólidas podría derribar al poder. Y cuando el sobre amarillo fue entregado, comenzó una nueva era para la justicia mexicana.

La denuncia, de más de cincuenta páginas, acusaba formalmente a Gertz Manero de abuso de poder, manipulación de pruebas y persecución política.

Según Harfuch, la Fiscalía se había convertido en un instrumento para proteger aliados y destruir adversarios. Investigaciones “selectivas”, expedientes modificados y presiones políticas configuraban una maquinaria de justicia al servicio del poder, no de la ley.

El documento también señalaba un caso especialmente sensible: la utilización del aparato judicial para venganzas personales contra la familia política del propio Gertz, vinculada al hermano fallecido del fiscal. Aquello, en palabras de Harfuch, era “el ejemplo más claro del uso del Estado con fines personales”.

Cuando el caso se hizo público, Gertz Manero reaccionó con furia. Convocó una conferencia de prensa urgente, calificando las acusaciones de “completamente infundadas” y denunciando una supuesta “campaña para desestabilizar las instituciones”.

De inmediato, su equipo mediático filtró informes internos que buscaban vincular a Harfuch con el crimen organizado, en un intento clásico de convertir al acusador en acusado.

Pero la narrativa se rompió con la aparición inesperada de una figura clave: Isabel Camacho, exasistente personal de Gertz durante cinco años. Despedida tras cuestionar ciertas órdenes éticamente dudosas, había permanecido en silencio… hasta ahora.

Camacho afirmó poseer grabaciones y correos internos donde el fiscal ordenaba fabricar pruebas contra un gobernador opositor.

En una de las cintas, se le escucha decir: “Si no encontramos, creamos.” La exfuncionaria, temiendo por su seguridad, contactó discretamente con el equipo de Harfuch y entregó un USB con las grabaciones originales y documentos confidenciales.

El material llegó a manos del juez federal José Méndez, conocido por su independencia. Tras revisarlo, el magistrado emitió una orden de cateo sin precedentes contra oficinas de la FGR y residencias de tres altos funcionarios cercanos a Gertz. Era la primera vez en la historia moderna de México que el poder judicial tocaba directamente al fiscal general.

El efecto político fue inmediato. Aliados de Gertz comenzaron a distanciarse. Empresarios y senadores evitaron pronunciarse, mientras desde Palacio Nacional sólo se escuchó una frase ambigua sobre “respetar la independencia del Poder Judicial”. En los pasillos del poder, el silencio equivalía al abandono.

La madrugada del 18 de junio, a las 6:30, agentes federales ejecutaron la orden de detención. En su mansión de Lomas de Chapultepec, el fiscal fue arrestado sin resistencia.

Las imágenes del hombre más temido del país, esposado y escoltado por policías federales, dieron la vuelta al mundo. Para muchos, fue el colapso del mito de la impunidad.

El juicio comenzó con una expectación sin precedentes. La fiscal especial Leonora Gómez abrió la sesión con una frase que marcó la historia: “No estamos juzgando sólo a un hombre, sino a un sistema corrompido desde dentro.”

La primera testigo fue Isabel Camacho. Con voz temblorosa pero firme, relató cómo Gertz mantenía una lista negra de opositores y dictaba personalmente qué investigaciones debían abrirse o cerrarse. Las grabaciones reproducidas en la sala dejaron a todos en silencio.

Luego subió al estrado Harfuch. Su declaración fue breve, directa, institucional: “El problema no fue una persona, sino una estructura que convirtió la justicia en arma política.” Denunció cómo la FGR había alterado estadísticas delictivas y obstruido investigaciones legítimas de la Secretaría de Seguridad. “Esto no es una venganza —dijo—, es una responsabilidad con el país.”

Tras tres meses de audiencias y más de tres mil páginas de pruebas, el juez Méndez dictó sentencia: Alejandro Gertz Manero, culpable de abuso de poder, obstrucción de la justicia y falsificación de pruebas.

La condena: quince años de prisión, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y decomiso de bienes adquiridos de manera ilícita. El fallo fue celebrado no como un triunfo político, sino como un respiro moral. Por primera vez en décadas, México veía a la justicia imponerse al poder.

A la salida del tribunal, Harfuch pronunció una frase que se convirtió en lema nacional:

“Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley.”

Mientras tanto, Isabel Camacho —bajo protección del Estado— declaró sentir “alivio y esperanza”. Su valentía inspiró a cientos de funcionarios, periodistas y ciudadanos a romper el silencio. La prensa denominó este fenómeno “el Efecto Camacho”, una ola de denuncias que reconfiguró el mapa de la lucha contra la corrupción en México.

El día que se anunció el veredicto, El Universal tituló en primera plana: “México vio lo impensable: la justicia venció al poder.”

La historia de Harfuch y Gertz no fue solo un duelo personal, sino el símbolo de una nación que, tras décadas de cinismo y miedo, comenzó a creer nuevamente en la justicia. Porque a veces, basta un hombre que se atreve —y una mujer que no calla— para que todo un sistema empiece a cambiar.