La tarde del 13 de octubre, el sol caía sobre el barrio Doctores —el corazón del sistema judicial de la Ciudad de México— cuando dos disparos rompieron la rutina.
El abogado David Cohen Sacal, uno de los rostros más influyentes del ámbito legal, quien representó a Anahí y a Billy Álvarez, cayó abatido a pocos metros de su vehículo. El ataque fue rápido, preciso y calculado: una ejecución en plena luz del día.
El país entero se estremeció y el gremio jurídico se hizo la misma pregunta: ¿quién tiene el poder y el interés para ordenar la muerte de un hombre que conocía tantos secretos?
Según los primeros reportes, Cohen salió del tribunal alrededor de las 16:30 horas, acompañado por dos escoltas armados.

Cuando se acercaba a su camioneta, un joven se aproximó sin decir palabra, sacó su arma y disparó dos veces. Una bala le atravesó el cráneo y otra impactó en su pierna.
Sus guardaespaldas respondieron, pero el atacante huyó en una motocicleta sin placas. Minutos después, por orden directa del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se activó el operativo “Cerco Total”, bloqueando todas las salidas del barrio Doctores.
El sospechoso, identificado como Héctor N, de 19 años, fue detenido a 200 metros del lugar. Tenía una herida en el brazo derecho, producto del intercambio de disparos, y portaba una pistola calibre 9 mm.
Al ser interrogado, pronunció una frase que heló la sangre de los agentes: “Solo me ofrecieron 30.000 pesos.” Una confesión escalofriante que revela la crudeza de un asesinato por encargo planificado con precisión, pero pagado con una suma miserable.

En la vida de David Cohen Sacal, sin embargo, los secretos valían mucho más que eso. No era solo un abogado de celebridades como Anahí, Maite Perroni, Sebastián Rully o Cecilia Gallano. También defendió a figuras del poder económico y deportivo, entre ellos Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la cooperativa Cruz Azul, acusado de lavado de dinero y desvío de más de 100 millones de pesos.
Este caso lo colocó en el ojo de un huracán de intereses financieros y criminales. Cohen era, según fuentes cercanas, el hombre que tenía en sus manos documentos capaces de revelar una red internacional de lavado y corrupción corporativa.
En las semanas previas a su asesinato, Cohen había mostrado preocupación y cambiaba constantemente su rutina. Comentó a colegas que “un expediente pronto haría temblar a más de uno”. Algunos investigadores sostienen que estaba dispuesto a cooperar con la Fiscalía, incluso a entregar pruebas contra antiguos aliados de Álvarez, lo que podría haber sido su sentencia de muerte.

Otra línea de investigación apunta al mundo del espectáculo, en particular al entorno de Anahí y su antiguo representante Guillermo Rosas, acusado de malversar fondos del tour de reencuentro de RBD.
Cohen, según trascendió, revisaba los contratos y las cuentas relacionadas con la artista, donde detectó movimientos financieros irregulares y acuerdos paralelos. Aunque no existen pruebas concretas que vinculen este caso con el homicidio, el silencio absoluto de Anahí tras el asesinato alimentó las sospechas y teorías conspirativas.
Ante el escándalo, Omar García Harfuch desplegó una respuesta táctica sin precedentes. Ordenó el cierre total del perímetro, coordinó acciones con la Fiscalía General de Justicia y con la Policía de Investigación, y activó los sistemas de cámaras C5 para reconstruir los movimientos del sicario.
También involucró a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la capital para rastrear transferencias sospechosas que pudieran estar relacionadas con el pago del asesino. Durante la noche, se realizaron cateos simultáneos en dos inmuebles de Cuauhtémoc y Benustiano Carranza, donde se cree que se planificó el crimen.

Harfuch además ordenó aplicar un protocolo especial de protección a los colaboradores y asistentes legales de Cohen, conscientes de que más personas podrían estar en riesgo. En conferencia de prensa, el jefe policial declaró con firmeza: “No habrá espacio para la impunidad. Vamos a encontrar a quien dio la orden y desmantelaremos toda la red detrás de este asesinato.”
El gremio legal y el mundo del entretenimiento respondieron con indignación. La Asociación de Abogados de la Ciudad de México calificó el homicidio de Cohen como “un ataque directo a la independencia judicial y al Estado de derecho”.
El actor Sebastián Rully escribió: “No solo perdimos a nuestro abogado, perdimos a un hombre justo que siempre creyó en la verdad.” Entretanto, Anahí se mantiene en silencio —ni una palabra, ni una publicación. Un silencio tan pesado que parece decirlo todo.

El asesinato de un abogado con escoltas, en pleno centro judicial y a plena luz del día, desató el miedo y la desconfianza ciudadana.
Si alguien con poder, influencia y protección puede ser ejecutado así, ¿qué esperanza queda para el resto? La violencia no solo arrebató una vida, sino que disparó directamente contra la confianza en la justicia mexicana.
Mientras las investigaciones continúan, una verdad se impone: en el México de hoy, cada disparo no solo mata a una persona, sino que hiere la fe de toda una sociedad en su propio derecho a vivir segura.