“El que dio la orden no viene de la oscuridad, sino de dentro del propio gobierno.”

La frase de Omar García Harfuch, exjefe de seguridad conocido por sus operaciones contra el crimen organizado, cayó como un golpe seco en el corazón de México.

El asesinato del alcalde Carlos Manso en Uruapan, que en un principio se pensó obra de sicarios comunes, empieza a mostrar los hilos de un complot político cuidadosamente planificado, con participación de funcionarios en ejercicio.

Aquel mediodía fatídico, Manso salía de un evento público en la plaza central de Uruapan. En cuestión de segundos, las ráfagas rompieron el aire.

La reacción fue inmediata: uno de los atacantes fue abatido en el acto, mientras que otros dos fueron capturados tras una persecución coordinada entre la Guardia Nacional, la policía estatal y el equipo de escoltas del alcalde.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los investigadores no fue la violencia, sino la precisión del operativo: rutas de escape trazadas, vehículos de apoyo y comunicación codificada.

Los testigos aseguran que todo ocurrió como una ejecución preparada. El atacante principal se acercó sin vacilar, disparó varias veces al alcalde y cayó abatido pocos segundos después.

En el sitio se incautó una pistola calibre 9 mm, siete casquillos y un dispositivo de comunicación cifrado.

No portaba identificación, y los peritos buscan su identidad a través de huellas y datos biométricos. Algunas pistas apuntan a que habría pertenecido a una fuerza paramilitar disuelta hace años.

Los dos detenidos permanecen bajo custodia especial en la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Son el primer eslabón de una investigación exhaustiva que combina interrogatorios, rastreo financiero y análisis digital.

Ambos aparecen vinculados a una empresa de “mantenimiento urbano”, aunque sus movimientos bancarios revelan depósitos sospechosos provenientes de una cuenta relacionada con oficinas municipales.

Uno de ellos, según registros de seguridad, tenía acceso autorizado al edificio de gobierno.

Cámaras de vigilancia lo captaron deambulando por los pasillos tres días antes del crimen con una credencial temporal emitida por un funcionario administrativo. “No sólo hubo quien disparó”, dijo Harfuch, “también hubo quien abrió la puerta para que disparara.”

El análisis de comunicaciones muestra una red más amplia. Los números intervenidos revelan más de diez llamadas previas desde Guadalajara, realizadas con líneas virtuales imposibles de rastrear.

Se hallaron además mapas GPS con rutas de fuga prediseñadas y un disco duro con coordenadas exactas de puntos de encuentro.

El vehículo utilizado por los atacantes estaba registrado a nombre de un empresario que, según los archivos electorales, financió la campaña política de 2021.

Estas coincidencias reavivan la pregunta central: ¿fue una venganza del crimen organizado, o un crimen político patrocinado desde dentro del sistema?

La familia de Carlos Manso, aún conmocionada, exige transparencia. “No queremos condolencias, queremos nombres y justicia”, dijo su hijo durante el funeral.

Mientras tanto, la ciudad se paraliza bajo la consigna “¿Quién dio la orden?”. El gobierno estatal ha reforzado la presencia militar en Uruapan, aunque muchos ciudadanos confiesan temer más a los despachos del poder que a las calles.

Fuentes cercanas a la investigación confirman que un funcionario de seguridad interna podría haber filtrado los itinerarios del alcalde a los atacantes. Si se comprueba, sería la primera vez en Michoacán que se acusa a un servidor público de colaboración directa en un asesinato político.

Las imputaciones que se barajan incluyen homicidio doloso, asociación delictuosa y revelación de información confidencial.

Harfuch ha prometido que “no habrá excepciones, sin importar el cargo que ocupen.” La investigación apunta ahora hacia una red donde confluyen dinero, poder y miedo: el verdadero rostro de un sistema corroído por dentro.

El asesinato de Carlos Manso ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en un espejo incómodo de México: un país donde la línea entre gobierno y crimen se vuelve cada día más delgada.

En su última conferencia, Harfuch cerró con una frase que heló la sala:

“Ya identificamos al traidor. Y no vive fuera de la ley… trabaja en una oficina del Estado.”

A veces, el disparo no proviene de las sombras.
A veces, se carga dentro de los muros del poder.