El silencio en la sala de prensa del Ministerio de Seguridad Nacional era casi absoluto. Cuando Omar García Harfuch —considerado

el “muro de acero” en la lucha contra el crimen organizado— subió al podio, las cámaras y los micrófonos apuntaron hacia él. Nadie imaginaba que lo que estaba a punto de decir haría temblar a todo México.

“Carlos Manso no murió por una falla de seguridad”, declaró Harfuch con voz firme pero cargada de pesar. “Lo asesinaron aquellos que debían interponerse entre él y el peligro.”

Una frase corta, devastadora. Bastó para derrumbar la confianza en todo el sistema de protección de los funcionarios públicos.

La muerte del alcalde Carlos Manso, ocurrida la noche del 1 de noviembre en la plaza central de Uruapan, ya no se considera un simple asesinato.

Ocho días de investigación, con 127 agentes federales y más de 280 pruebas físicas y digitales, revelaron una conspiración planeada desde el interior de su propio anillo de seguridad: una traición ejecutada con precisión quirúrgica.

El equipo de escoltas de Manso —26 hombres, entre ellos 14 de la Guardia Nacional y 12 policías municipales— había protegido al alcalde en 847 actos públicos sin un solo incidente. Pero todo cambió el 12 de octubre, cuando se incorporaron cinco nuevos miembros, sin pruebas psicológicas ni verificación de lealtad.

Esa decisión “administrativa” resultó ser la puerta de entrada de una infiltración criminal orquestada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A las 20:10 de aquella noche fatídica, mientras el alcalde concluía un acto comunitario, el sicario Rubén Castellanos Morales, alias El Helguero, se acercó entre la multitud.

Vestía una sudadera blanca. Siete disparos calibre 9 mm —cinco al cuerpo, dos a la cabeza— acabaron con la vida del alcalde al instante, frente a su hijo menor.

Lo más escalofriante fue lo que vino después: 23 de los 26 escoltas no reaccionaron. Solo tres intentaron responder. Los demás permanecieron inmóviles, como si hubieran recibido una orden silenciosa: no intervenir.

La investigación reveló que cinco radios del equipo de seguridad fueron apagados manualmente a las 18:45, creando un “corredor ciego” en las zonas norte y este de la plaza —exactamente la ruta de escape del asesino.

Rodrigo Villareal Sánchez, guardia asignado a la posición más cercana al alcalde, portaba su arma sin cargador. Alegó que estaba “en mantenimiento”. Su explicación violaba todos los protocolos de seguridad y lo dejaba como pieza clave de la traición.

Los registros bancarios mostraron que Villareal había recibido tres transferencias por un total de 340,000 pesos desde cuentas vinculadas a empresas fachada del CJNG durante octubre.

En la vivienda de El Helguero, abatido tres días después, se halló un cuaderno con anotaciones inquietantes:

“Foto final 2010 plaza centro salida norte.”
“Ya le dijeron que se quede esperar señal güero camisa blanca.”

Solo alguien con acceso directo a la agenda y protocolos del alcalde podía conocer tales detalles.

Pero el engaño había comenzado antes. Entre las 19:55 y las 20:10, Manso fue convencido tres veces de regresar a la plaza, cuando ya debía haber partido.

Un regidor lo detuvo para una foto, un coordinador de comunicación pidió otra entrevista, y finalmente el teniente Esteban Morales, jefe de la seguridad municipal, tocó la ventana del vehículo para pedirle que saludara a un grupo de niños.

Durante esos mismos minutos, Morales recibió tres llamadas del mismo número, vinculado luego a una célula operativa del CJNG en Jalisco.

El alcalde fue retenido deliberadamente en el lugar hasta el momento exacto en que llegó su verdugo.

Ante la magnitud de la infiltración, el gobierno federal activó el Protocolo Centinela, una respuesta de emergencia que incluye vigilancia total de comunicaciones, auditorías patrimoniales, evaluaciones psicológicas periódicas, rotación automatizada de escoltas y una red de inteligencia interna para detectar conductas sospechosas.

Sin embargo, los analistas coinciden en que el problema ya no es técnico, sino moral. Si el crimen organizado logra comprar conciencias dentro de las fuerzas que deben proteger a los funcionarios, ningún protocolo podrá garantizar la seguridad.

Las investigaciones ya se extendieron a 12 municipios de Michoacán y cinco de Jalisco. En al menos ocho corporaciones locales se detectaron patrones similares. Seis mandos regionales dimitieron. Tres alcaldes solicitaron protección federal.

La ciudadanía, mientras tanto, mira con miedo y desconfianza: ¿quién protege realmente a quién?

En el cierre de la conferencia, Harfuch bajó la mirada unos segundos antes de pronunciar sus últimas palabras:

“Carlos Manso no murió por las balas del asesino, sino por la traición de quienes juraron protegerlo.”

La frase resonó como una sentencia sobre un sistema corroído por dentro. No era solo el relato de un crimen político, sino el retrato de un Estado que comienza a ser devorado por la corrupción y el miedo.

En la pantalla del fondo apareció la última imagen del alcalde: Manso sonriendo, micrófono en mano, rodeado de su gente en la plaza de Uruapan.

Una escena luminosa que ahora simboliza la tragedia de un país que lucha por recuperar su alma, mientras la traición se infiltra hasta en los lugares donde debía habitar la lealtad.