Tepalcatepec permanece sumido en la incertidumbre tras el violento enfrentamiento entre sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hombres armados leales a Juan José “El Abuelo” Farías.
Lo ocurrido en la mañana del 22 de octubre de 2025 superó por completo un choque ordinario entre grupos delictivos: un helicóptero del Ejército Mexicano participó activamente y descargó fuego de alto poder.
Las imágenes captadas por civiles generaron una ola de cuestionamientos en todo el país: ¿las Fuerzas Armadas actuaron realmente en defensa de la población, o intervinieron como un brazo protector del capo local?

El ataque comenzó en la comunidad de Los Olivos, en los alrededores de Tepalcatepec, una zona considerada desde hace años como un punto estratégico en la disputa territorial entre organizaciones criminales.
Sicarios del CJNG, vestidos con uniformes tácticos y fuertemente armados, avanzaron con la intención de adentrarse en los dominios de El Abuelo y desmantelar su estructura de poder en Tierra Caliente.
Los primeros disparos de rifles automáticos resonaron antes del amanecer. Videos grabados por vecinos muestran a los defensores locales respondiendo desde calles estrechas y laderas montañosas en una resistencia feroz, metro a metro.
Mientras la balacera alcanzaba niveles críticos, un helicóptero militar irrumpió en la escena.

Lo que inicialmente parecía ser una operación para contener la violencia tomó un rumbo inesperado: la aeronave artillada abrió fuego directamente contra las posiciones del CJNG, utilizando una ametralladora Minigun cuya potencia de destrucción quedó registrada en cada nube de polvo levantada sobre los cerros.
El estruendo de la rotación del cañón, mezclado con los gritos de alerta, creó un escenario propio de una zona de guerra.
El resultado inmediato fue la retirada de los hombres del CJNG hacia las montañas cercanas. Ambulancias de Tepalcatepec y Coalcomán trasladaron a heridos en medio del caos.
Varias viviendas resultaron dañadas por impactos de bala, dejando a decenas de familias enfrentando la realidad de que el conflicto, aunque momentáneamente silenciado, puede reactivarse en cualquier instante.

Aunque el Ejército aseguró haber actuado para restablecer el orden y proteger a la ciudadanía, su intervención abrió un debate incómodo:
¿por qué únicamente se combatió al CJNG y no se desarmó también al grupo armado de El Abuelo?
¿Con qué legitimidad un individuo buscado por los Estados Unidos, con una recompensa de millones de dólares sobre su cabeza, sigue operando libremente y ejerciendo control armado sobre una región completa?
Las dudas no surgieron en el vacío. Revelaciones previas de los archivos filtrados por el colectivo Guacamaya expusieron patrones de colaboración indirecta entre ciertos operativos militares y capos locales en Michoacán.
Estas conexiones ponen en tela de juicio el verdadero papel de las instituciones de seguridad en una zona donde la lealtad al Estado se encuentra constantemente negociada en el mercado del poder criminal.

Tepalcatepec se ha convertido en un símbolo de la debilidad del Estado mexicano. En este territorio, la ley no es el único mecanismo que define el orden social.
La estabilidad pertenece a quien porta más armas y controla más voluntades. Para una parte significativa de la población, El Abuelo no es solo un criminal.
Es quien ofrece protección en un contexto en que el gobierno se ha mostrado insuficiente o ausente. Se le teme y se le respeta, pero también se le reconoce como garante de una paz precaria.
Por ello, el episodio del 22 de octubre no hizo más que reforzar su imagen como un “señor de la guerra” moderno, con respaldo implícito del poder institucional.
Algunos habitantes entrevistados fueron directos en su afirmación: “El Ejército no vino por nosotros. Vino por el patrón de aquí.”
Si la violencia se estabiliza no gracias al Estado, sino gracias a un capo blindado por la fuerza pública, la confianza ciudadana queda gravemente dañada.

No cabe duda de que el CJNG representa una amenaza nacional. Sin embargo, la estrategia para contenerlo plantea una paradoja alarmante: el Estado podría estar fortaleciendo a un enemigo para derrotar a otro.
Esta política de escoger al “mal menor” se ha convertido en una apuesta peligrosa cuyo precio es la erosión de la legitimidad institucional y el riesgo de institucionalizar a la criminalidad como actor de gobernanza.
Lo ocurrido en Tepalcatepec es un reflejo de un dilema que México aún no logra resolver: ¿cómo combatir al crimen organizado sin convertirse en socio funcional de una parte de él? ¿Cómo imponer la ley en un territorio donde la ley es percibida como intrusa?
El enfrentamiento también revela una realidad aún más inquietante: Michoacán no solo está fragmentado en tierra; también lo está en el cielo.

Los helicópteros que deberían simbolizar protección pública ahora generan sospecha y temor entre quienes viven bajo sus sombras.
La jornada terminó con una victoria táctica para las Fuerzas Armadas y su aliado tácito. No obstante, la pregunta crucial se mantiene intacta:
¿fue una victoria para México o para un capo que se ha asumido como protector de los suyos?
En Tepalcatepec, las armas ya enmudecieron. La desconfianza, en cambio, continúa resonando.
Y mientras el helicóptero militar se eleva y se aleja, lo único que queda grabado en la memoria colectiva es una duda que pesa más que cualquier metralla:
¿al servicio de quién está combatiendo realmente el Estado?