Un asesinato que ha sacudido a todo México comienza a revelar detalles que indignan y desconciertan por igual.

Carlos Manso, alcalde de Uruapan y símbolo de la lucha contra el crimen y la corrupción en Michoacán

, fue asesinado a plena luz del día, frente a su familia y decenas de ciudadanos. Pero lo que más horroriza no es su muerte, sino el precio de su vida: solo 50.000 pesos.

Cuando el jefe de la policía federal, Omar García Harfuch, asumió personalmente la investigación, el panorama cambió por completo.

Detrás de las balas apareció la sombra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más sanguinarias y poderosas del país.

El sicario capturado —el segundo de los atacantes— confesó todo ante los investigadores.

En una grabación filtrada, reveló que ambos fueron contratados a través de un intermediario para “eliminar” a Manso, con la promesa de recibir 50.000 pesos entre los dos. Actuaron como verdaderos mercenarios, sin saber siquiera quién era la víctima.

“Nos pagaron por hacerlo… pero ni siquiera nos pagaron.”

Con esa frase, se derrumbó por completo la narrativa del “crimen de Estado”. No fue una conspiración política orquestada desde el poder, sino un contrato de asesinato barato, ejecutado por dos peones de la violencia.

Pero lejos de disminuir la gravedad del caso, lo que reveló fue la crueldad y el grado de infiltración del narco en la vida política mexicana.

Según el informe de la Guardia Nacional, el atacante principal disparó siete veces con una pistola de 9 mm por la espalda mientras Manso saludaba a los asistentes de un acto público.

Fue abatido en el lugar durante el intercambio de fuego. El otro intentó huir, pero fue detenido en menos de una hora.

En su teléfono, la policía encontró mensajes dirigidos a contactos del CJNG, con frases como “entrega mañana” y “50K listos”, presuntas claves del pago por el asesinato.

Harfuch declaró con firmeza:

“No se trató de un ataque político. Fue un crimen cometido por asesinos a sueldo. Pero quienes los contrataron siguen escondidos en las sombras.”

Mientras el país aún trataba de asimilar lo ocurrido, Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos de México, aprovechó el momento para lanzar declaraciones incendiarias.

Durante la celebración del 75 aniversario de Grupo Elektra, proclamó ante miles de asistentes que “ya fue suficiente” con el actual gobierno.

Llamó abiertamente a un levantamiento armado y acusó a los líderes del país de ser “ineptos, corruptos y destructores de la nación”.

Sus palabras se propagaron como fuego en redes sociales, compartidas cientos de miles de veces en cuestión de horas.

Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron que más de la mitad de esas interacciones provenían de cuentas falsas: bots pagados. Estas cuentas actuaban de forma coordinada, replicando mensajes, hashtags y horarios, lo que indica una operación mediática orquestada.

La contradicción de Salinas era evidente. Solo semanas antes había elogiado al gobierno de Felipe Calderón —quien desató la sangrienta “guerra contra el narcotráfico” en 2006— como una “época dorada del orden”.

Ahora promovía la legalización de armas y acusaba al Estado de desarmar al pueblo para convertirlo en víctima. Una incongruencia descarada, pero políticamente calculada.

En medio del caos, un día antes del asesinato de Manso, el Palacio de Gobierno de Michoacán fue atacado e incendiado.

Los encapuchados responsables fueron identificados como grupos radicales vinculados al PRIAN, la coalición opositora. Entre los detenidos figuran Mauricio Hernández Almerón (PRI), Freilán Muñoz (PRD) y Alan Juárez (PAN), tres líderes locales con antecedentes de conexión con células violentas.

Fuentes de seguridad sostienen que fue un montaje político, destinado a desestabilizar y culpar al gobierno de fomentar el caos nacional.

En ese contexto, el asesinato de Manso funcionó como un golpe letal a la confianza pública, y al mismo tiempo, una oportunidad para que ciertos sectores se beneficiaran del miedo ciudadano.

Harfuch, sereno y meticuloso, sigue una línea de investigación que pocos se atreven a mencionar. No descarta la participación de actores políticos o empresariales que habrían utilizado al CJNG como brazo ejecutor.

Informes internos apuntan a tres redes financieras en revisión, una de ellas con origen en Jalisco, donde se registraron movimientos de efectivo coincidentes con el día del crimen.

En una reunión privada, Harfuch habría dicho:

“No enfrentamos solo a los cárteles, sino a una estructura de poder que combina política, medios y crimen. El caso Manso es solo la punta del iceberg.”

En Uruapan, cientos de ciudadanos han salido a las calles con flores y pancartas que dicen “Justicia para Manso”. No solo lloran la pérdida del alcalde, sino también el sentimiento de que la vida humana en México parece tener un precio cada vez más bajo.

Una anciana, con la voz quebrada, dijo a la prensa:

“Si pudieron matar a un hombre como Manso por 50.000 pesos, ¿cuánto valemos los pobres como yo?”

La investigación sigue abierta. Pero lo cierto es que la muerte de Carlos Manso no es un hecho aislado: es el reflejo de un sistema corrompido hasta los cimientos, narcotizado y moralmente en ruinas.

Una vida —50.000 pesos. Una confesión —y todo un país obligado a mirarse en el espejo.
¿Quién pagó? ¿Quién dio la orden de apretar el gatillo? Y, sobre todo, ¿quién está aprovechando esa muerte para reescribir la historia del poder en México?

Las respuestas aún están por llegar. Pero una cosa es segura: México vuelve a enfrentarse a su propia oscuridad.