La noche en Uruapan brillaba con el resplandor anaranjado de las flores de cempasúchil y las velas titilantes. Las calles estaban llenas de música, risas y color.

Era el Día de Muertos, la celebración más tradicional de México. Pero en medio de esa alegría colectiva, un sonido cortó el aire como un cuchillo: disparos.

En cuestión de segundos, la fiesta se convirtió en caos. Carlos Manso, el presidente municipal,

cayó al suelo — abatido en pleno centro de la ciudad, frente a su gente. Murió entre las ofrendas, entre los vivos y los muertos.

El ataque ocurrió la noche del 1 de noviembre, mientras miles de personas recorrían las calles principales. Testigos relataron que los sicarios se acercaron a corta distancia y abrieron fuego sin titubear.

Nadie tuvo tiempo de reaccionar. En medio del humo y los gritos, los asesinos desaparecieron como sombras. Cuando llegó la policía, ya no quedaba más que un cuerpo tendido y un silencio atroz.

Horas después, el periodista Luis Chaparro lanzó una revelación escalofriante: los gatilleros habrían recibido alrededor de 50 mil pesos — menos de 3 mil dólares — por ejecutar al alcalde.

Un precio miserable, pero suficiente para sellar una sentencia de muerte en un país donde la vida humana se ha vuelto moneda de cambio.

“Con solo 50 mil pesos se eliminó a un alcalde,” escribió Chaparro. “Ese es el costo que el crimen organizado considera razonable para enviar un mensaje.”

Y el mensaje era claro: nadie desafía al poder de Jalisco.

Porque Carlos Manso hizo lo que pocos funcionarios en Michoacán se han atrevido a hacer: enfrentar de frente al crimen organizado, particularmente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización más poderosa y violenta de México.

Durante su administración, encabezó múltiples operativos que terminaron con detenciones importantes y golpes directos a las estructuras del cártel. Esa valentía lo convirtió en un blanco marcado.

Fuentes extraoficiales apuntan a que “El Jefazo”, el líder del CJNG, habría dado la orden directa. No por dinero, sino por orgullo.

En el mundo criminal, permitir que un alcalde se les enfrente impunemente es una ofensa, y el castigo debía ser ejemplar. Por eso eligieron el escenario más público, la noche más simbólica: una ejecución frente a todos, un recordatorio de quién manda realmente en Michoacán.

Antes de su asesinato, Manso había pedido protección al gobierno federal. Envió solicitudes formales y mensajes personales tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, advirtiendo que recibía amenazas constantes.

Un familiar declaró: “Él sabía que lo estaban cazando. Pero se negó a huir. Dijo: ‘Si yo me voy, ¿quién se queda para cuidar al pueblo?’”

La muerte de Carlos Manso no fue un hecho aislado. Es el reflejo brutal de una guerra silenciosa que se libra todos los días en Michoacán, donde los cárteles como el CJNG y Los Viagras se disputan territorios, rutas, madera, drogas y vidas.

En ese contexto, un alcalde honesto se convierte en enemigo.
Y en México, los enemigos del crimen organizado no viven mucho tiempo.

El asesinato provocó una ola de indignación en las redes sociales. Los ciudadanos colocaron flores en el lugar donde cayó, junto a una cartulina escrita a mano:

“Carlos Manso – murió por no callar.”

Una mujer mayor lloraba frente al altar improvisado: “No perdimos a un político, perdimos al único que estaba de nuestro lado.”

La policía local promete investigar, pero la población no cree en promesas. En Michoacán, la impunidad se ha vuelto costumbre, y los expedientes se apilan en los archivos del olvido.

Mientras tanto, los 50 mil pesos que costó la vida de un alcalde se han convertido en un símbolo amargo — el precio de la valentía y el reflejo de la impotencia estatal.

“¿Cuántas muertes más harán falta para que alguien actúe?” se pregunta la gente entre velas, flores y miedo.

Carlos Manso ya forma parte de la larga lista de funcionarios asesinados en México, pero su caso expone una verdad dolorosa: en Michoacán, la justicia es un privilegio, no un derecho.

Y cuando la vida de un alcalde vale apenas 50 mil pesos, la pregunta que queda en el aire es una sola:
¿Qué valor tiene entonces la vida de los demás?