La liberación inesperada de dos familiares directos considerados los principales sospechosos e

n la desaparición de la niña Brianna no solo desató una ola de indignación en la República Dominicana, sino que también profundizó la desconfianza ciudadana hacia la capacidad y la voluntad del sistema judicial.

Mientras confesiones, rastros de sangre y múltiples indicios siguen presentes en el expediente, la gran pregunta ya no es únicamente qué ocurrió con Brianna, sino por qué la justicia aún no ha logrado alcanzar la verdad.

Según relató Braulio González, abuelo de la menor, los dos sospechosos, presuntamente tíos de la niña, fueron liberados tras cumplirse el plazo legal de 48 horas de detención preventiva establecido por el Código Procesal Penal.

A la familia solo se le informó que las autoridades no habían completado a tiempo los procedimientos necesarios para solicitar medidas coercitivas. Para González, esa explicación resultó inaceptable.

El abuelo afirmó que ambos hombres habían reconocido su vinculación con el caso y que la policía encontró manchas de sangre en la vivienda de uno de ellos.

En su lógica, esos elementos debieron ser suficientes para mantenerlos bajo custodia mientras avanzaba la investigación.

Su liberación, dijo, fue como sentir que el dolor de su familia quedaba reducido a un simple trámite legal, mientras el destino de su nieta permanecía suspendido en un limbo de indiferencia.

Cada noche, en su casa, el sueño se vuelve imposible. González confiesa que imagina a Brianna llamándolo, preguntándole por qué aún no la encuentra.

No sabe qué responderle, porque él mismo desconoce dónde está su nieta, si sigue con vida o si ya no pertenece a este mundo. La esperanza persiste, pero acompañada de un temor creciente de que la verdad llegue demasiado tarde.

La madre de Brianna, que se encontraba en Estados Unidos cuando ocurrió la desaparición, atraviesa una profunda crisis emocional. Vive atrapada entre la culpa, la impotencia y el dolor de no haber estado con su hija en el momento más oscuro.

Cada llamada a su país solo aumenta la angustia, porque las respuestas siguen siendo vagas y sin garantías de que el caso avance con firmeza.

En una declaración que conmovió a miles de personas, el abuelo expresó que, si lo peor llega a confirmarse, su único deseo es encontrar el cuerpo de su nieta para poder darle una sepultura digna.

No se trata solo del clamor de un abuelo, sino del grito desesperado de una familia que vive entre la esperanza y la resignación.

La indignación social se extendió rápidamente por los medios y las redes. Muchos ciudadanos cuestionaron cómo un caso que involucra a una menor de edad, con indicios tan graves, puede permitir que los principales sospechosos recuperen su libertad por simples vacíos procesales.

Para una parte de la opinión pública, la ley parece estar protegiendo más los procedimientos que a la víctima.

Ante la creciente presión, la fiscal general Yeni Berenice decidió asumir personalmente la investigación. Esta decisión fue interpretada como un punto de inflexión, no solo para el caso Brianna, sino para la credibilidad de todo el sistema judicial dominicano.

Conocida por su firmeza en procesos complejos, su intervención directa reavivó una esperanza moderada en la sociedad.

Analistas consideran que su participación implica la asignación prioritaria de recursos, desde equipos forenses especializados hasta unidades de investigación digital y métodos técnicos avanzados.

Sin embargo, la expectativa viene acompañada de una enorme presión. Si el caso no muestra resultados claros, el impacto en la confianza pública podría ser aún más devastador.

Desde el punto de vista legal, la liberación de los sospechosos no significa el cierre del proceso. El Ministerio Público anunció que el 12 de enero solicitará medidas coercitivas contra los dos principales implicados. Esta acción busca corregir el vacío procesal previo y reafirmar que el expediente sigue abierto.

No obstante, juristas advierten que, sin un conjunto sólido de pruebas, estas medidas podrían ser nuevamente rechazadas.

En ese escenario, no solo la familia de Brianna, sino toda la sociedad, se enfrentaría al riesgo de ver un caso de extrema gravedad estancado en un callejón sin salida.

El caso Brianna ha dejado de ser una tragedia privada. Hoy es un espejo de las debilidades del sistema de investigación, del proceso judicial y de los mecanismos de protección infantil.

La ciudadanía no solo exige justicia para Brianna, sino una garantía real de que otros niños no se convertirán en víctimas de la lentitud y la ineficiencia institucional.

Los periodistas del canal Agenda56, que han seguido el caso desde el inicio, afirman que su labor no busca explotar el dolor, sino evitar que la verdad sea sepultada por el silencio.

Cada día sin respuestas, sostienen, aumenta el sufrimiento de la familia y la deuda moral de la sociedad.

En este contexto, el rol de la fiscal Yeni Berenice no se limita a descubrir la verdad. También implica reconstruir la confianza colectiva.

Ella enfrenta una decisión histórica: convertir el caso Brianna en un símbolo de justicia efectiva o permitir que se transforme en una evidencia más del fracaso en la protección de los más vulnerables.

En un rincón de la República Dominicana, Braulio González sigue sentado frente a su casa, esperando el día en que Brianna regrese o, al menos, en que la verdad finalmente toque a su puerta.

Para él, la justicia no es un concepto jurídico complejo, sino la respuesta a una sola pregunta: por qué su nieta desapareció.

Y para toda la sociedad dominicana, esa respuesta hoy descansa en las manos de Yeni Berenice, en una prueba que nadie puede permitirse perder.