Hay hechos que al inicio se presentan como simples accidentes viales, pero que, al examinarse con detalle,

revelan decisiones y conductas que conmocionan a la opinión pública.

La muerte de Roberto Hernández, un repartidor de 52 años, siguió ese curso. Lo que comenzó como un choque nocturno terminó por convertirse en un caso que despierta indignación social, al evidenciarse una secuencia de acciones calificadas como frías, omisas y compatibles con una huida deliberada.

La noche del 3 de enero de 2026, Roberto salió de casa con un plan cotidiano: recoger a su pareja al terminar su jornada laboral. Circulaba en motocicleta por el oriente de la Ciudad de México, una zona que mantiene tránsito incluso entrada la noche.

Pasadas las 22:00 horas, en el cruce de Periférico Oriente, Canal de Garay y Eje 6 Sur Luis Méndez, dentro de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa, un Honda City azul impactó su motocicleta por la parte trasera.

Ese momento debió marcar el inicio de un auxilio inmediato. Sin embargo, de acuerdo con los registros oficiales y las imágenes captadas por cámaras y teléfonos móviles, ocurrió lo contrario.

El vehículo continuó su marcha. El cuerpo de Roberto quedó atrapado bajo el chasis y fue arrastrado por casi dos kilómetros a través de calles densamente pobladas.

No se trata solo de una distancia, sino de un lapso en el que otros automovilistas advirtieron lo que sucedía, tocaron el claxon e incluso grabaron videos.

En varias imágenes se aprecia que el automóvil siguió avanzando pese a los ruidos y a las señales de alerta, un elemento que ha alimentado el debate sobre la conciencia de la conductora en esos minutos críticos.

El recorrido terminó en la calle Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, cuando un tope liberó el cuerpo de Roberto. Para entonces, el repartidor ya había perdido la vida. El Honda City no se detuvo para solicitar ayuda médica ni dar aviso a las autoridades y abandonó el sitio, dejando el cuerpo sobre el asfalto.

Alrededor de una hora después, a las 23:10, cámaras de seguridad en la zona de Lago Azul, colonia Ciudad Lago, en el municipio de Nezahualcóyotl, registraron la llegada del vehículo a un domicilio.

Las imágenes muestran a la conductora, identificada como Gabriela Gómez Córdoba, descender del auto con aparente calma. Encendió las intermitentes, caminó hacia el portón y esperó a que pasaran otros vehículos antes de estacionarse.

La ausencia de nerviosismo o señales de shock se convirtió en uno de los aspectos más cuestionados tras la difusión de los videos.

Vecinos relataron que al día siguiente, al enterarse del atropellamiento, la mujer regresó para recoger pertenencias y posteriormente abandonó la vivienda. Desde entonces, no volvió a ser vista en el lugar.

Algunos residentes la describieron como una persona que solía llegar tarde por cuestiones laborales y con un carácter conflictivo, aunque ninguno anticipó que desaparecería tras un hecho de tal magnitud.

La ruta del vehículo no concluyó esa noche. En la madrugada del 4 de enero, a las 05:57, otra cámara captó al Honda City saliendo del domicilio.

En el video se observa a Gabriela caminando delante, mientras el automóvil avanza lentamente detrás, presuntamente conducido por un familiar. Ambos giraron hacia la calle Lago Zumpango y salieron del campo visual, abriendo un nuevo vacío en la investigación.

El 5 de enero, el automóvil fue localizado abandonado en la calle Lago Zaima, dentro de la misma colonia Ciudad Lago.

Ya no tenía placas y presentaba daños severos en la parte frontal y el sistema de escape, además de marcas compatibles con el arrastre de un cuerpo. El vehículo fue asegurado e incorporado como prueba clave en la carpeta de investigación de la Fiscalía.

A estas evidencias se sumaron versiones que apuntan a una huida planificada. Testigos señalaron que la sospechosa realizó una mudanza exprés el domingo posterior al hecho. Otras versiones no confirmadas la sitúan en Chimalhuacán.

El periodista Carlos Jiménez difundió declaraciones de familiares de Gabriela, quienes aseguraron que no se encontraba bajo los efectos de alcohol o drogas, sino alterada. Para amplios sectores de la sociedad, estas explicaciones no atenúan la gravedad de lo ocurrido.

La familia de Roberto rechaza que el caso sea catalogado como un accidente vial. Consideran que las decisiones posteriores al impacto eliminaron cualquier posibilidad de auxilio.

Rodrigo Hernández, hermano de la víctima, ha sido enfático al afirmar que nada en esta secuencia puede calificarse como fortuito, sino como una cadena de elecciones conscientes.

Roberto Hernández no era una figura pública ni tenía influencia política. Era un trabajador que recorría las calles para sostener a su familia. Esa noche planeaba reencontrarse con su pareja y más tarde comprar juguetes para sus nietos pequeños.

Las llamadas y mensajes que recibió su teléfono nunca obtuvieron respuesta. Su muerte se convirtió en un recordatorio brutal de la vulnerabilidad de quienes transitan a diario por la ciudad.

Mientras la Fiscalía y la Policía de Investigación de la Ciudad de México continúan con los peritajes, el análisis de huellas y la búsqueda de la sospechosa, el caso sigue bajo el escrutinio público.

Las imágenes de la aparente serenidad ante las cámaras, el abandono del vehículo y la desaparición posterior han trascendido el ámbito judicial y plantean una discusión más amplia sobre responsabilidad, ética y la normalización de la indiferencia en entornos urbanos.

La pregunta persiste. ¿Habrá justicia para Roberto Hernández o su muerte se sumará a la larga lista de tragedias sin resolución definitiva en una metrópoli de más de veinte millones de habitantes? Para su familia y para muchos ciudadanos, la respuesta será una medida de la confianza en el sistema y del valor real de una vida común frente a la impunidad.