Hay casos que no terminan cuando se dicta sentencia. Permanecen abiertos en la conciencia pública porque obligan a la sociedad a mirarse al espejo.

El de Juanito, un adolescente de Toluca, es uno de ellos. Cuando el proceso judicial llegó a su fin, el debate apenas comenzaba. Detrás de las cifras y los expedientes, emergió una historia de quiebras familiares, miedo colectivo y un sistema de protección que no llegó a tiempo.

Antes de noviembre de 2024, la vida de Juanito transcurría sin sobresaltos. Asistía a la escuela, jugaba futbol con amigos y regresaba cada noche al pequeño departamento que compartía con sus padres. El padre trabajaba como chofer de autobús y su salario alcanzaba apenas para cubrir lo esencial.

La madre se dedicaba a actividades informales, ahorrando cada moneda con la esperanza de asegurarle a su hijo un futuro mejor. Esa rutina se rompió cuando la familia fue incluida en las listas de extorsión de grupos criminales locales, una práctica extendida en zonas urbanas empobrecidas.

Las primeras exigencias económicas fueron relativamente bajas, pero pronto se incrementaron. Al no poder pagar, el padre fue agredido como advertencia.

La familia quedó atrapada entre el miedo y la impotencia. El 28 de diciembre de 2024, la madre fue secuestrada al regresar a casa. Las llamadas de rescate se sucedieron con amenazas directas.

El padre pidió dinero a familiares y conocidos, pero la suma reunida fue insuficiente. Días después, el cuerpo de la mujer apareció con señales de tortura. Con su muerte no solo desapareció una madre, sino el último sostén emocional del hogar.

El 15 de enero de 2025, el padre se quitó la vida. En menos de un mes, Juanito perdió a ambos padres. A una edad en la que muchos niños aún cuentan con protección, quedó completamente solo.

Algunos familiares lo acogieron de manera temporal, pero la solidaridad inicial se diluyó frente a las dificultades económicas. Juanito abandonó la escuela y comenzó a trabajar en un mercado para sobrevivir. Cada jornada reforzaba su sensación de abandono y de invisibilidad social.

La familia nunca acudió a la policía. No fue por desconocimiento de la ley, sino por desconfianza. Las estadísticas oficiales señalan que más del 90 por ciento de los delitos de extorsión en México quedan impunes.

Para muchas víctimas, denunciar implica exponerse a represalias sin garantías de protección. En ese contexto, el silencio se convierte en una estrategia de supervivencia.

La transformación de Juanito no fue impulsiva. No se integró a bandas criminales ni buscó refugio en adicciones. Optó por el aislamiento y la observación.

Comenzó a memorizar rostros, rutinas y recorridos. En una libreta escolar de bajo costo anotó nombres, horarios y hábitos de quienes, en su percepción, habían destruido a su familia.

No había armas de fuego ni cómplices. Utilizó herramientas simples y eligió espacios sin cámaras de vigilancia. Actuaba de noche y regresaba a su rutina diurna en el mercado como si nada hubiera ocurrido.

Los investigadores quedaron impactados no solo por el número de ataques, sino por la frialdad con la que el adolescente mantenía su vida cotidiana.

En menos de dos semanas de marzo de 2025, siete personas fueron asesinadas. Las víctimas eran en su mayoría cobradores de extorsión de bajo nivel, eslabones pequeños pero visibles del engranaje criminal que aterroriza a barrios enteros.

El 17 de marzo de 2025, un testigo detectó un comportamiento sospechoso y alertó a las autoridades. Juanito fue detenido con la libreta que contenía doce nombres, siete de ellos tachados.

En la última página había una frase escrita a mano que conmocionó incluso a los agentes más experimentados: “Por mi madre, por mi padre, por mí”. Para muchos, esas palabras no sonaron a confesión, sino a un grito desesperado.

Los peritajes psicológicos concluyeron que Juanito no presentaba rasgos de psicopatía. Los especialistas determinaron que padecía un trastorno de estrés traumático complejo, resultado de pérdidas consecutivas y de una exposición prolongada al miedo.

La violencia, según los informes, funcionó como un mecanismo distorsionado para enfrentar el dolor. Esta conclusión no exculpó los hechos, pero desplazó el foco hacia la responsabilidad colectiva.

La reacción social fue profundamente polarizada. Un sector exigió castigos ejemplares para evitar que el caso sentara un precedente peligroso. Otro vio en Juanito el símbolo de miles de víctimas desprotegidas, abandonadas por instituciones incapaces de garantizar seguridad.

En redes sociales comenzó a circular la expresión “Efecto Juanito”, asociada a un fenómeno alarmante. Tras su arresto, otros adolescentes extorsionados empezaron a imitar sus métodos, usando libretas y armas improvisadas para vengarse.

Según fuentes de investigación, el presunto autor intelectual del secuestro de la madre de Juanito fue asesinado en 2026 por un grupo de jóvenes, lo que evidenció la expansión de esta dinámica violenta.

El tribunal de menores sentenció a Juanito a cinco años de internamiento, el máximo permitido por la ley. Su liberación está prevista para 2030.

Sin embargo, organizaciones de defensa de la infancia advierten que los centros de detención carecen de programas suficientes de atención psicológica. Muchos jóvenes salen de esos espacios con heridas emocionales más profundas, lo que incrementa el riesgo de reincidencia.

El caso Juanito revela una paradoja inquietante. Cuando el Estado no logra proteger a las víctimas, surgen respuestas violentas que algunos perciben como eficaces a corto plazo.

Pero el costo es una espiral de sangre y temor que se alimenta a sí misma. Juanito no es un héroe ni un monstruo aislado. Es el resultado de una cadena de fallas que involucra a la familia, la comunidad y las instituciones.

La pregunta central no se encuentra en el expediente judicial, sino en la conciencia social. Si los niños como Juanito recibieran apoyo oportuno, si las familias confiaran en que la ley puede protegerlas, tal vez esta tragedia no habría ocurrido.

Mientras esas condiciones no existan, el riesgo de que aparezcan nuevos “ejecutores de justicia” seguirá latente. Y cada nuevo caso será, una vez más, una acusación silenciosa contra todos.