A pleno día, en Zapopan, lo que debía ser una jornada común en una zona residencial de Jalisco se convirtió en minutos en una escena propia de una guerra.

Las ráfagas de disparos rompieron el silencio y dejaron cuerpos, sangre y una pregunta que sacude a todo México. Quién tuvo el poder suficiente para ordenar una ejecución pública de esta magnitud, frente a decenas de testigos y bajo la sombra del Estado.

El 29 de diciembre, el convoy de un Lamborghini color naranja en el que viajaba el empresario Alberto Prieto Valencia fue interceptado.

De acuerdo con fuentes de investigación independientes y testimonios de vecinos, más de treinta hombres armados aparecieron casi al mismo tiempo, desplazándose en siete vehículos distintos y cerrando el cerco con precisión. No hubo titubeos.

En cuestión de instantes se dispararon más de doscientas balas, suficientes para asegurar que nadie dentro del automóvil tuviera oportunidad de sobrevivir. Prieto murió en el lugar. Su hija, de apenas dieciséis años, falleció camino al hospital.

Un escolta perdió la vida y otras cuatro personas resultaron heridas. No hubo persecución ni intercambio prolongado, solo la frialdad de una operación planeada al detalle.

Días antes del ataque, habitantes de la zona habían advertido señales inquietantes. Reportaron drones volando a baja altura, describiendo círculos como si reconocieran el terreno.

Vehículos desconocidos aparecían y desaparecían siguiendo rutas específicas. Todo apuntaba a una vigilancia previa y a una emboscada concebida con lógica militar, lejos de un acto improvisado.

Tras la masacre, la opinión pública quedó dividida entre dos hipótesis opuestas sobre el papel real de Alberto Prieto Valencia. La primera, la más extendida entre comerciantes y vecinos de Zapopan, lo presenta como víctima de un sistema de extorsión profundamente arraigado en la economía local.

Prieto era un empresario con recursos, propietario de dos bodegas en el mercado de Abastos y de la empresa de transporte Transportes Sodal, con certificaciones legales.

En un entorno dominado por organizaciones criminales, negarse a pagar cuotas o intentar operar fuera de su control suele equivaler a una sentencia de muerte.

Diversas fuentes señalan que las organizaciones criminales en Jalisco no solo cobran derecho de piso de forma directa. También recurren a métodos más sofisticados como las rifas colombianas o el sistema de préstamos gota a gota para extraer dinero de los negocios.

Quienes se resisten quedan marcados. Bajo esta hipótesis, el asesinato de Prieto sería una advertencia brutal para toda la comunidad empresarial, un mensaje claro de que la riqueza no protege y, en ocasiones, convierte en blanco.

La segunda hipótesis es todavía más polémica. Comentarios en redes sociales y versiones provenientes de fuentes de seguridad no oficiales sostienen que Prieto no era un simple empresario ajeno al crimen. Según esta narrativa, su compañía de transporte habría sido utilizada para mover droga y funcionar como parte de la estructura logística de un cártel.

En ese contexto, habría sido eliminado por apropiarse de dinero o traicionar a la organización. Si este escenario fuera cierto, la emboscada no respondería a una extorsión fallida, sino a una purga interna ejecutada de forma pública para enviar un mensaje ejemplar.

Más allá de las versiones, un nombre se repite insistentemente en Zapopan, en las conversaciones cotidianas y en los análisis de seguridad. Se trata del Cartel Jalisco Nueva Generación, considerado la fuerza criminal dominante en el estado.

Para muchos habitantes, no hay duda de que una orden de esta magnitud solo pudo provenir del CJNG y de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho.

Durante años, este grupo ha construido un control casi total, no solo de las rutas del narcotráfico sino también de amplios sectores de la economía local. Desde grandes empresas hasta vendedores ambulantes, pocos pueden operar sin someterse a sus reglas.

La emboscada a plena luz del día fue interpretada como un mensaje de poder. No estaba dirigida únicamente a una persona o a una familia, sino a todo el tejido social y a las autoridades. El mensaje es que el verdadero control no reside en el gobierno, sino en quienes imponen su ley con armas.

La reacción de las instituciones tras el ataque incrementó las sospechas. La policía llegó al lugar cerca de cuarenta minutos después, a pesar de que el tiroteo ocurrió en horas de alta actividad y con detonaciones que sembraron el pánico en varias cuadras.

La zona cuenta con cámaras de vigilancia del sistema C5 del gobierno, pero las imágenes completas del ataque nunca fueron difundidas. Esta ausencia de pruebas visuales alimenta la percepción de que los registros fueron eliminados o retenidos para proteger a los responsables.

A nivel federal, las respuestas también fueron cautelosas. La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch se limitaron a declaraciones generales sobre coordinación y seguimiento del caso, evitando mencionar de forma directa al CJNG. Para una parte creciente de la sociedad, ese silencio no es casual, sino reflejo del temor o de la incapacidad del Estado para enfrentar a una organización que ha penetrado múltiples niveles de poder.

Lo ocurrido en Zapopan no es solo una tragedia familiar. Es el retrato de un problema estructural. México es descrito cada vez con mayor frecuencia como un narcoestado, donde el dinero y las armas permiten corromper desde policías municipales hasta jueces y políticos.

En ese contexto, la confianza ciudadana en las instituciones se erosiona día a día. Muchas personas viven bajo la lógica del miedo, obedeciendo normas impuestas por los grupos criminales más que por la ley.

Las balas disparadas en Zapopan pusieron fin a la vida de Alberto Prieto Valencia y de quienes lo acompañaban, pero también abrieron una herida más profunda.

Quién dio realmente la orden y si el Estado mexicano tiene la voluntad y la fuerza para recuperar el control siguen siendo preguntas sin respuesta.

Mientras esas incógnitas permanezcan ocultas tras la violencia y el silencio, Zapopan será solo otro capítulo en la larga y dolorosa historia de un país que lucha por recuperar el orden y la justicia.