En medio de la noche de la capital mexicana, un hecho vial que en otros contextos podría haberse diluido en las estadísticas se transformó rápidamente en un caso que sacude a la opinión pública.

No solo por la brutalidad del suceso, sino por la forma en que avanza la investigación, marcada por silencios prolongados y decisiones que no terminan de concretarse.

El nombre de Gaby “N” pasó de la anonimidad a convertirse en símbolo de indignación, sospecha y temor ante una justicia que muchos perciben como lenta y opaca.

El hecho ocurrió la noche del sábado 3 de enero de 2026 en la alcaldía de Iztapalapa. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la víctima fue Roberto Hernández, quien circulaba en su motocicleta cuando fue embestido por un automóvil.

Lejos de detenerse, el vehículo continuó su marcha, arrastrando al motociclista sobre el asfalto durante aproximadamente 2 kilómetros.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad y testimonios de testigos describen chispas saliendo del contacto del metal con el pavimento, una escena que quedó grabada en la memoria de quienes la presenciaron.

Roberto Hernández fue trasladado de emergencia a un hospital, pero falleció a causa de las graves lesiones.

Su muerte provocó una reacción inmediata en redes sociales y entre colectivos de motociclistas, quienes desde hace años denuncian la vulnerabilidad de este sector frente a la violencia vial en la ciudad. El 6 de enero se llevó a cabo su funeral.

Familiares, amigos y decenas de motociclistas acompañaron el cortejo fúnebre, portando mensajes de exigencia de justicia y castigo ejemplar para la persona responsable.

La principal sospechosa del caso es una mujer identificada como Gaby “N”, presuntamente enfermera. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, FGJCDMX, informó que ha reunido pruebas consideradas clave, entre ellas grabaciones de video y declaraciones de testigos presenciales.

Dicho material fue presentado ante un juez con la finalidad de solicitar una orden de aprehensión contra la sospechosa.

Como parte de las diligencias, las autoridades localizaron un vehículo con características coincidentes con el automóvil involucrado en el atropellamiento. La unidad fue hallada en la zona de Ciudad Lago, dentro del municipio de Nezahualcóyotl.

El automóvil presentaba daños que, según los peritajes iniciales, corresponden a un impacto de la magnitud descrita en los reportes. Desde el 5 de enero, la fiscalía abrió formalmente una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo.

Pese a estos avances, la inquietud social no ha disminuido. El punto más controvertido es que, a pesar de los anuncios oficiales, la orden de aprehensión no ha sido confirmada públicamente como emitida.

Tampoco se ha revelado la identidad completa de la sospechosa, una situación que alimenta especulaciones sobre posibles demoras injustificadas o tratos preferenciales.

En declaraciones a la prensa, Berta Alcalde, titular de la fiscalía capitalina, aseguró que la investigación avanza de manera positiva y que las autoridades ya tienen ubicada a la persona señalada.

Subrayó que los procedimientos legales se están siguiendo conforme a la ley y pidió paciencia a la ciudadanía mientras se concluyen los trámites judiciales correspondientes.

Por su parte, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, afirmó que su dependencia mantiene una coordinación permanente con la fiscalía para acelerar el proceso y garantizar la aplicación de la justicia.

Sin embargo, la distancia entre los discursos oficiales y los hechos concretos sigue generando desconfianza.

En redes sociales y espacios de opinión, se repite la pregunta de por qué un caso que cuenta con videos, testigos y un vehículo asegurado no ha derivado ya en la detención de la presunta responsable.

Para muchos, esta demora revive viejos temores sobre la fragilidad del Estado de derecho y la dificultad de obtener justicia en casos de alto impacto mediático.

El caso de Iztapalapa trasciende así el ámbito de un accidente vial. Se ha convertido en una prueba para las instituciones encargadas de procurar justicia y para su compromiso con la transparencia.

Para la familia de Roberto Hernández, cada día sin una resolución clara prolonga el duelo y la sensación de abandono. Para la sociedad, el mensaje es igualmente inquietante: la justicia no solo debe aplicarse, también debe percibirse como oportuna y efectiva.

Mientras las flores en la tumba de Roberto comienzan a marchitarse, la presión social continúa en aumento.

Colectivos ciudadanos y motociclistas anuncian movilizaciones y vigilias, decididos a mantener viva la exigencia de justicia. La expectativa es clara: un pronunciamiento firme, una acción concreta y la certeza de que este caso no quedará atrapado en la impunidad.

Porque, como repiten quienes acompañaron el funeral, no se trata solo de un nombre, sino de la credibilidad misma de la justicia en la capital mexicana.