América Latina se encuentra en un punto de inflexión histórico respecto a cómo los Estados abordan la crisis de violencia, el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. En el centro de este debate continental se erigen dos figuras políticas con visiones diametralmente opuestas: por un lado, Nayib Bukele en El Salvador, estandarte de la política de cero tolerancia y mano dura; por el otro, Claudia Sheinbaum en México, quien representa la continuidad de una estrategia enfocada en atender las causas estructurales de la violencia combinada con el uso de inteligencia estatal. Este choque de estrategias no solo define el futuro de la paz en sus respectivas naciones, sino que plantea un dilema profundo para toda la región, alterando los paradigmas de seguridad pública a nivel internacional.

El modelo salvadoreño ha capturado la atención mediática mundial debido a sus resultados inmediatos y drásticos. La implementación de un régimen de excepción, que ha sido prorrogado en múltiples ocasiones por el poder legislativo de ese país, permitió al gobierno de Bukele desarticular a las pandillas que mantuvieron a la población en zozobra durante décadas. La construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacárcel de máxima seguridad, se convirtió en el símbolo físico de esta estrategia punitiva. Las tasas de homicidios en El Salvador cayeron a mínimos históricos, transformando al país, estadísticamente, en uno de los más seguros del hemisferio occidental. Esta pacificación apresurada ha generado un nivel de aprobación ciudadana sin precedentes para el mandatario salvadoreño, convirtiendo su enfoque en un producto político de exportación que resuena en las demandas de los votantes de otras naciones latinoamericanas azotadas por la delincuencia.

Sin embargo, frente a esta ola punitiva que recorre el continente, México se erige como el principal contrapeso ideológico y operativo bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum. El proyecto mexicano parte de una premisa sociológica e histórica diferente: la violencia y el crimen organizado no pueden erradicarse de manera sostenible si no se atacan la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades que alimentan las filas de los cárteles. La estrategia de Sheinbaum se cimenta en la consolidación de la Guardia Nacional, una corporación de alcance federal que ahora opera bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, buscando garantizar la disciplina y evitar la corrupción que mermó a instituciones civiles del pasado.

A diferencia del modelo de Bukele, que prioriza el encarcelamiento masivo preventivo, la estrategia de Sheinbaum hace un énfasis particular en la investigación, la tecnología y la inteligencia financiera. El objetivo del gobierno mexicano no es realizar detenciones masivas indiscriminadas, sino desarticular las cúpulas financieras y logísticas de las organizaciones criminales, al tiempo que se despliegan programas sociales masivos para retener a los jóvenes en las escuelas y proporcionarles alternativas laborales. Este enfoque busca reconstruir el tejido social a largo plazo, asumiendo que la paz es fruto de la justicia social y no del miedo al aparato estatal.

El choque de estas estrategias genera un profundo debate en los foros internacionales sobre la viabilidad y la ética de cada modelo. La comunidad internacional, incluyendo organizaciones defensoras de derechos humanos, ha documentado y criticado severamente el modelo salvadoreño por las detenciones arbitrarias, la falta del debido proceso y las violaciones a los derechos fundamentales de miles de ciudadanos que, afirman, han sido encarcelados sin pruebas contundentes de pertenecer a grupos criminales. El dilema que plantea el “efecto Bukele” es si las sociedades están dispuestas a sacrificar sus libertades civiles y garantías individuales a cambio de caminar seguras por las calles.

Por su parte, el modelo mexicano enfrenta sus propios retos monumentales. Los críticos de la estrategia de atender las causas argumentan que sus resultados son a demasiado largo plazo para una población que sufre los estragos de la violencia diariamente. Los enfrentamientos entre cárteles por el control territorial y de las rutas de narcotráfico continúan siendo un desafío enorme para la administración de Sheinbaum. La exigencia de la ciudadanía mexicana es reducir los índices de homicidios dolosos, extorsiones y desapariciones con mayor celeridad, sin que esto implique la suspensión de los derechos constitucionales.

El impacto económico de estas políticas es otro factor crucial en esta comparativa. En El Salvador, la mejora en la percepción de seguridad ha reactivado sectores como el turismo y el comercio local, además de incentivar a la diáspora salvadoreña a invertir en su país de origen. No obstante, las dudas sobre la sostenibilidad financiera del mantenimiento de un sistema penitenciario sobrepoblado y el impacto de la concentración de poder en la confianza de los inversores institucionales a largo plazo persisten. En México, la seguridad es el factor determinante para aprovechar al máximo el fenómeno de la relocalización de empresas o nearshoring. Para el gobierno de Sheinbaum, garantizar la seguridad de las carreteras, zonas industriales y aduanas es vital para mantener a México como el principal socio comercial de Estados Unidos y atraer miles de millones de dólares en inversión extranjera directa, lo cual requiere una estrategia de seguridad que respete el estado de derecho y el marco legal internacional.

La influencia de estos dos líderes ya está alterando las campañas políticas en toda América Latina. Países como Ecuador, Perú, Chile y Honduras observan atentamente. Algunos políticos prometen replicar el modelo de las megacárceles y los estados de excepción para ganar votos en medio del pánico moral que genera el crimen urbano. Otros, observando el peso geopolítico de México, proponen abordar la criminalidad desde la prevención, el desarrollo económico y el fortalecimiento institucional de las fiscalías y los sistemas judiciales.

En conclusión, el panorama de la seguridad en América Latina está siendo rediseñado por la colisión de estas dos filosofías de Estado. Mientras Nayib Bukele apuesta por el monopolio absoluto de la fuerza coercitiva del Estado y la suspensión de garantías para extirpar la violencia de manera fulminante, Claudia Sheinbaum defiende un modelo garantista, apostando por la inteligencia estatal y la justicia social como verdaderos pacificadores de la nación. El desenlace de esta polarización determinará no solo el nivel de seguridad de millones de latinoamericanos, sino también la calidad democrática y el respeto a los derechos humanos en la región durante las próximas décadas. El contraste está servido y el continente entero es el escenario de prueba.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Cuál es la principal diferencia entre las estrategias de seguridad de Bukele y Sheinbaum? La principal diferencia radica en el enfoque del uso del poder del Estado. La estrategia de Bukele en El Salvador se basa en la confrontación directa, el encarcelamiento masivo y el uso de un régimen de excepción que suspende ciertas garantías constitucionales. En contraste, la estrategia de Sheinbaum en México busca atender las causas estructurales de la criminalidad, como la pobreza y la desigualdad, apoyándose en la inteligencia financiera y operativa, sin recurrir a la suspensión de derechos civiles.

¿Qué es el régimen de excepción utilizado en el modelo de Bukele? Es una medida legal extraordinaria contemplada en la constitución salvadoreña que permite al Estado suspender temporalmente ciertos derechos ciudadanos, como la libertad de asociación, el derecho a la defensa legal inmediata y la limitación del tiempo de detención administrativa sin cargos formales. Esta herramienta ha sido clave para facilitar detenciones masivas de presuntos miembros de pandillas.

¿Cómo planea Claudia Sheinbaum enfrentar a los cárteles en México sin usar el modelo salvadoreño? Su estrategia se centra en la consolidación de la Guardia Nacional bajo una disciplina militar pero con objetivos civiles, enfocándose fuertemente en labores de inteligencia, la coordinación entre fiscalías estatales y federales para aumentar las sentencias y reducir la impunidad, además de mantener y ampliar los programas sociales para evitar que los jóvenes sean reclutados por el crimen organizado.

¿Tienen impacto en otros países estas políticas de seguridad? Sí, el éxito percibido en la reducción de homicidios en El Salvador ha generado el llamado “efecto Bukele”, llevando a políticos de varios países latinoamericanos a proponer medidas de mano dura similares. Simultáneamente, el modelo mexicano sirve como referencia para aquellos gobiernos que buscan soluciones integrales de seguridad que no comprometan el orden democrático ni los derechos humanos frente a la presión internacional.

¿Cómo afecta la política de seguridad a la economía de estos países? En ambos casos, la seguridad es fundamental para la economía. En El Salvador, la pacificación ha impulsado el turismo y el consumo interno, aunque existen preocupaciones sobre la inversión extranjera debido al deterioro institucional. En México, proveer un entorno seguro y con estado de derecho es el desafío principal para consolidar la llegada de fábricas internacionales y asegurar el crecimiento económico sostenible.