Cuando Donald Trump solía jactarse diciendo que “nadie entiende más de energía que yo”, jamás imaginó que el hombre que haría temblar a su economía no saldría de Washington, sino de México.

Omar García Harfuch —el rostro más duro del combate al crimen organizado y actual jefe de seguridad federal— acaba de lanzar el golpe

más devastador contra la economía clandestina binacional: la guerra total contra el huachicol, el robo de combustible que durante años enriqueció tanto a los cárteles mexicanos como a empresarios estadounidenses de cuello blanco.

Y esta vez, el golpe no solo desmanteló redes criminales en México, sino que le arrancó millones de dólares a los bolsillos de los magnates texanos —varios de ellos donantes fieles del movimiento MAGA de Donald Trump—.

Según el informe presentado por Harfuch ante el Congreso mexicano esta semana, las autoridades incautaron más de 98 millones de litros de hidrocarburos robados, con un valor estimado de más de 100 millones de dólares.

Pero en el mercado negro de Texas, esa cifra se dispara hasta los 130 millones de dólares en pérdidas directas para la economía estadounidense.

La magnitud del decomiso es brutal: suficiente combustible para llenar 39 piscinas olímpicas por día o el Estadio Azteca 33 veces. En términos prácticos, bastaría para abastecer gratis durante un año a todos los autos de estados completos como Aguascalientes, Zacatecas o Tlaxcala.

Lo que más inquieta a Washington es que gran parte de ese combustible tenía como destino final los Estados Unidos. El “huachicol” no era un fenómeno local: era un negocio transfronterizo consolidado, con ramificaciones en pequeñas refinerías del sur de Texas.

Ahí, empresas “semi-legales” compraban combustible robado, lo refinaban y lo vendían a gasolineras que operaban bajo contratos ambiguos.

Un alto funcionario mexicano, bajo condición de anonimato, lo resumió sin rodeos:

“El petróleo mexicano no fluía solo por ductos, también por los bolsillos de empresarios en Houston.”

Detrás de esa red se escondían empresarios de cuello blanco, dueños de compañías energéticas y financieros ligados a fundaciones políticas conservadoras en EE. UU.

Muchos eran donantes directos de las campañas de Trump, beneficiados durante años por el combustible mexicano a precio de ganga.
Cuando Harfuch cerró el grifo, perdieron su mina de oro.

Y lo más revelador: aunque México ha emitido órdenes de captura internacionales contra varios ciudadanos estadounidenses implicados en la red, ninguno ha sido procesado en territorio norteamericano. Algunos incluso siguen siendo contratistas del Pentágono.

En una frase que resonó como un misil, Harfuch declaró:

“Se quejan del fentanilo, pero guardan silencio sobre el huachicol. ¿Por qué? Porque el petróleo da dinero, no cadáveres.”

El término huachicol fiscal —“huachicol financiero”— describe a la perfección este mecanismo: una red para blanquear dinero ilícito dentro del sistema tributario estadounidense.

Las ganancias provenientes del robo de combustible se canalizaban hacia fundaciones, think tanks y fondos políticos, algunos con vínculos directos a la campaña republicana.

Por eso, cuando México cerró el paso al combustible robado, la prensa estadounidense optó por un silencio sepulcral.

La ofensiva de Harfuch se articula sobre cuatro pilares: prevención, inteligencia, coordinación y judicialización.

No se trató de solo custodiar ductos, sino de desmantelar toda la estructura logística y financiera que mantenía vivo el negocio.

En una operación conjunta entre la Marina, la Fiscalía General y el equipo de Harfuch, 15 personas fueron detenidas en Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Entre ellos: empresarios, funcionarios públicos y ejecutivos de transporte de carga. Solo en Tamaulipas, una redada logró decomisar 10 millones de litros de combustible en una sola jornada —un récord histórico.

“Ya no se trata de cerrar válvulas, sino de cerrar cuentas bancarias”, declaró Harfuch.
La investigación también expuso un sistema de contratos falsos y sobornos, revelando la complicidad de autoridades locales y federales en el tráfico energético.

Si para México esto representa una victoria en defensa de su soberanía energética, para Estados Unidos es una herida abierta en el corazón de su economía informal.

Durante décadas, el combustible barato proveniente de México permitió estabilizar los precios de la gasolina en la frontera, alimentar a empresas de transporte y sostener miles de empleos en refinerías menores de Texas.
Con la ofensiva de Harfuch, todo ese engranaje colapsó.

Un asesor republicano filtró a la prensa que Trump “no está nada contento”.
No solo por el impacto económico, sino porque la narrativa política que tanto repitió —“México no hace nada para controlar el caos”— se vino abajo de un golpe.

Por primera vez, es México quien muestra cómo ciudadanos estadounidenses se beneficiaban directamente del crimen organizado mexicano.

Lo más explosivo del informe es la acusación de que Estados Unidos habría armado a grupos paramilitares mexicanos —las mismas células que ahora están vinculadas al robo de combustible—.
“Les entregaron armas para robar petróleo, y luego se quejan de que hay violencia”, ironizó Harfuch.

El eco del golpe no se limita a Washington.
Dentro de México, Harfuch ha demostrado una capacidad de influencia política pocas veces vista.
Durante su reciente visita sorpresa a Mazatlán, Sinaloa, sostuvo reuniones con altos mandos militares, empresarios pesqueros y hoteleros.

Al día siguiente, el gobernador del estado despidió a la mitad de su gabinete.
La prensa local describió el hecho como un “apretón de orejas” monumental.
Según fuentes internas, Harfuch habría presentado pruebas contundentes sobre la colusión de funcionarios estatales con redes de huachicol y lavado de dinero.

Ese episodio consolidó su imagen de hombre implacable: ni políticos ni empresarios están fuera de su alcance.
El mensaje fue claro: “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los elegidos.”

En un momento en que México busca reafirmar su independencia económica frente a la presión de Washington, la figura de Harfuch encarna una nueva era de soberanía y orgullo nacional.

Su cruzada contra el huachicol no solo limpia el subsuelo mexicano, sino también el alma del país: rompe con décadas de subordinación energética ante Estados Unidos.

En Ciudad de México lo apodan “el golpe de acero”.
En Washington, los analistas lo llaman “el hombre que desordenó el tablero.”
Pero, sin importar el apodo, una verdad permanece: Harfuch golpeó justo donde más duele a Estados Unidos —en su petróleo.

Y en un mundo donde el poder se mide en barriles y contratos, México acaba de demostrar que puede desafiar al gigante del norte con algo más poderoso que un muro: la verdad y la justicia.

Por primera vez en décadas, México no es la víctima del sistema americano,
sino el país que obligó a Estados Unidos a mirar su propio reflejo en el espejo del petróleo robado.

Y Omar García Harfuch, el hombre que sobrevivió a tres atentados, acaba de convertir el combustible en su arma política más letal.