Nadie imaginaba que una comunidad tranquila en Lerma, en las laderas de Naucalpan Toluca,

se convertiría en el escenario de uno de los feminicidios más estremecedores registrados en México.

La mañana del 5 de febrero de 2015, la pequeña Fátima, de apenas 12 años, fue acompañada por su padre hasta la parada del autobús como todos los días, pero por la tarde, una intuición angustiante hizo que su madre sintiera que la niña estaba pidiendo auxilio desde algún lugar.

A partir de ese momento se abrió un caso criminal brutal que reveló no solo la ferocidad de los agresores sino también las graves fallas del sistema de justicia.

Según relató su madre, Lorena Gutiérrez, en el programa “Voces con Ana Paulina”, Fátima era una estudiante responsable, aplicada y amante de la escuela. Cuando la menor no regresó pasada la una de la tarde, la familia inició inmediatamente su búsqueda.

Las primeras versiones llevaron a los padres hasta dos vecinos conocidos, Luis Ángel y Misael Taide Reyes, quienes aseguraron no haber visto a la niña. Sin embargo, el testimonio de Salma, mejor amiga de Fátima, confirmó que la menor había pasado frente a los tres sospechosos aquella mañana.

A solo doce metros de la casa de los implicados, la señora Lorena encontró la chaqueta de su hija cubierta de sangre, junto a un cuchillo y el dinero que la niña llevaba.

Minutos después, al regresar, vio a José Juan Hernández, conocido como “El Pelón”, salir de la habitación superior, mientras Misael huía desde la parte baja con la mochila de la menor en las manos.

Dentro de la vivienda, la familia halló ropa y calzado manchados de sangre, además de un balde con agua rojiza que parecía haber sido usado para limpiar la escena.

Un vecino llamó a la madre hasta una zanja cercana donde se encontraban coágulos de sangre, tierra removida y pertenencias de la niña.

Más adelante, el hallazgo de un zapato, una calceta y restos de tela confirmó el nivel de violencia ejercida contra la menor. Al llegar los paramédicos, solo pudieron certificar su muerte.

El informe forense reveló un nivel de brutalidad alarmante. Fátima fue interceptada frente a la casa de los agresores, recibió cortes en el rostro y el cuello, fue apuñalada 236 veces, sufrió fracturas y fue víctima de agresión sexual acompañada de tortura.

Cuando aún mostraba señales de resistencia, los agresores utilizaron tres rocas que en conjunto superaban los 90 kilogramos para aplastar su cabeza y su pecho, provocando traumatismo craneoencefálico fatal.

La noticia provocó la indignación de la comunidad de Lerma. Los habitantes bloquearon la carretera Naucalpan Toluca exigiendo justicia. Algunos pobladores intentaron linchar a los sospechosos, pero la familia de la víctima intervino para evitarlo, confiando en que la justicia debía llegar por la vía legal.

Sin embargo, fue justamente el sistema judicial el que se convirtió en el principal obstáculo. La vivienda de los implicados nunca fue asegurada, numerosas pruebas no fueron recolectadas y una jueza incluso se negó a tipificar el crimen como feminicidio porque “no sabía si la menor había tenido su menstruación”.

Misael, de 17 años y 8 meses, fue liberado a los catorce días por falta de pruebas y más tarde recibió únicamente una condena de cinco años.

Luis Ángel fue sentenciado a más de 73 años, mientras que José Juan inicialmente quedó libre gracias a un video que después se comprobó que había sido manipulado. Recién en 2021 recibió la condena de prisión vitalicia.

La tragedia se agravó cuando la familia de Lorena Gutiérrez comenzó a recibir amenazas, su casa fue atacada a disparos y se vieron obligados a desplazarse.

El mecanismo de protección para víctimas no funcionó de manera real, dejándolos sin acceso a educación, salud o apoyo económico.

La cadena de desamparo culminó cuando Daniel, hermano menor de Fátima, falleció en 2020 tras recibir un diagnóstico erróneo y ser tratado como un caso de ansiedad, pese a sus evidentes signos de crisis médica.

La señora Lorena concluye que el sistema de justicia mexicano ha fallado no solo a su familia sino a miles de víctimas más.

Aunque la Suprema Corte emitió posteriormente una resolución histórica, la justicia llegó demasiado tarde para evitar estas pérdidas.

Hoy, su familia vive bajo constantes restricciones mientras el país sigue preguntándose cuántas niñas más deberán morir antes de que la protección y la justicia dejen de ser una promesa incumplida.

El caso Fátima no es solo una tragedia. Es un recordatorio urgente de la responsabilidad del Estado en proteger a mujeres y menores frente a un panorama creciente de violencia. La justicia no puede seguir llegando después de la muerte. Debe existir para prevenirla.