Hay crímenes que indignan. Hay crímenes que estremecen. Y

hay crímenes que obligan a una sociedad entera a preguntarse si la justicia todavía tiene la fuerza para alcanzar la verdad. El asesinato de Roberto Hernández en Iztapalapa pertenece a esta última categoría.

No solo por la brutalidad del acto, sino por la desaparición simultánea de toda una familia, como si una mano invisible los hubiera borrado del mapa.

Según la investigación de la periodista Anabel Hernández, este caso ya no es la historia de una agresora aislada. Es la historia de un sistema de protección.

La tarde del 3 de enero, Gabriela Gómez conducía un Honda City azul por una vía concurrida de Iztapalapa.

Roberto Hernández, que circulaba en motocicleta delante de ella, fue impactado por detrás. En lugar de detenerse, Gabriela continuó avanzando, arrastrando el cuerpo del joven bajo el vehículo durante casi dos kilómetros sobre el asfalto.

Testigos relataron haber escuchado gritos, golpes metálicos y los ruegos desesperados de las personas que pedían que el auto se detuviera. Pero el Honda siguió avanzando, como si debajo no hubiera un ser humano, sino un simple obstáculo.

Cuando el cuerpo de Roberto se desprendió del vehículo, Gabriela no redujo la velocidad. Aceleró y huyó, dejando atrás un cuerpo sin vida y una calle marcada por la violencia.

Las cámaras del sistema C5 registraron toda la ruta. El vehículo cubierto de sangre se dirigió directamente a Ciudad Jardín, en Nezahualcóyotl.

Allí, Gabriela permaneció cerca de veinte minutos. Reunió documentos, dinero en efectivo y ropa. Antes de irse, pidió a su familia que negara cualquier conocimiento sobre su paradero.

Desde ese momento, Gabriela desapareció.

Pero lo que realmente sacudió a la opinión pública no fue la huida de una sospechosa, sino la forma en que toda su familia comenzó a desaparecer de manera ordenada, casi perfecta.

De acuerdo con Anabel Hernández, los familiares no solo guardaron silencio, sino que participaron activamente en el encubrimiento.

El automóvil fue trasladado a otro punto, se le retiraron las placas y fue abandonado en la calle Lago Ciraen como si fuera basura. El objetivo era romper cualquier vínculo directo entre el vehículo y la vivienda.

Cuando la policía interrogó a la familia, todos negaron haber visto a Gabriela. Sin embargo, las cámaras demostraban lo contrario. Aquella negación ya no parecía fruto del miedo. Parecía parte de un guion.

Luego, uno a uno, comenzaron a desaparecer.

David, el hermano, cruzó la frontera hacia Estados Unidos. Elliot, el esposo y también enfermero, abandonó su trabajo, ignoró la citación judicial y cortó toda comunicación. Ingrid, la hija, dejó su domicilio. El primo que supuestamente colaboraba con la policía también se esfumó.

Las autoridades catearon cinco viviendas relacionadas con el caso. No encontraron personas. Encontraron señales de una huida apresurada. Comida en los refrigeradores.

Ropa abandonada en las camas. Zapatos sin ordenar. Todo indicaba que no se trataba de un viaje planeado, sino de una evacuación.

Una evacuación organizada.

Anabel Hernández formuló la pregunta que dejó en silencio a buena parte del país: ¿cómo una familia de ingresos ordinarios logra ejecutar una fuga colectiva sin dejar rastro?

Gabriela era enfermera. Su esposo también. Sin embargo, ella figuraba como propietaria de tres vehículos. Una cifra difícil de justificar con su ingreso oficial. Entonces, ¿de dónde provenía el dinero? ¿Quién lo proporcionó? ¿Quién los protegía?

La periodista considera que no se trata de una simple coincidencia. Para ella, el caso muestra indicios claros de una red de apoyo clandestina, posiblemente vinculada a intereses económicos o relaciones de poder aún desconocidas para la opinión pública.

Por estas razones, las autoridades cambiaron la clasificación del delito. El caso pasó de homicidio culposo a homicidio calificado.

Los agravantes incluyen el abandono de la víctima cuando aún tenía signos de vida, la crueldad de arrastrarlo durante dos kilómetros y la alevosía, al tratarse de un ataque por la espalda con un vehículo, sin posibilidad de defensa.

Con este cargo, Gabriela Gómez enfrenta una posible condena de hasta cincuenta años de prisión. Los familiares que la ayudaron podrían ser procesados por encubrimiento y obstrucción de la justicia.

Pero por ahora, la sentencia solo existe en los expedientes.

Porque la acusada sigue desaparecida. La familia sigue desaparecida. Y las preguntas más importantes siguen sin respuesta.

¿Quién los ayudó? ¿Quién financió la huida? ¿Quién garantizó que pudieran desaparecer sin dejar rastro?

Anabel Hernández sostiene que el caso de Roberto Hernández no es solo la historia de una víctima. Es una prueba para todo el sistema judicial mexicano.

Si una familia puede desaparecer en conjunto después de un homicidio público, no solo Roberto ha perdido la vida. También la confianza social en la justicia está siendo arrastrada por ese mismo camino.

Hoy, Roberto Hernández solo permanece en la memoria de sus seres queridos y en las frías imágenes de las cámaras de seguridad. Pero su historia no ha terminado.

Se ha convertido en el símbolo de una pregunta mayor: ¿la justicia encontrará primero a Gabriela Gómez, o el silencio logrará enterrarlo todo?

Mientras la familia continúa fuera del alcance de la ley, México espera. No solo una captura. Espera una confirmación. Que, aunque tarde, la verdad todavía puede regresar.