¿Cómo fue posible que tres helicópteros destinados a salvar vidas hayan terminado vendidos a precio de remate sin que nadie alzara la voz?

¿Quién permitió que los recursos destinados a damnificados de un huracán se evaporaran en cuentas de empresas fantasma?

Y la pregunta que más divide al país: ¿por qué el hombre que gobernaba desde la cúspide de esta estructura hoy brinda café en Oslo, mientras su operador más confiable enfrenta décadas de prisión?

El caso conocido como “La Estafa Colosal” sacude a Hidalgo y reaviva el debate sobre los límites reales del Estado de derecho en México.

Las investigaciones han revelado un esquema de desvío de recursos que se extendió durante toda la administración anterior.

El cálculo oficial habla de al menos 502 millones de pesos desfalcados. No obstante, análisis independientes sugieren que el monto podría superar los 2 mil millones de pesos, considerando todas las contrataciones simuladas durante el sexenio.

El modus operandi, aunque sofisticado, sigue el patrón clásico de la corrupción institucional: se justificaban necesidades presupuestales extraordinarias, se pactaban contratos con empresas fachada, se simulaban servicios o adquisiciones y el dinero desaparecía.

Trece gobiernos municipales y diversas dependencias estatales habrían servido como canales para la operación.

Al centro de la compleja red aparece Martiniano Vega Orozco, quien fungió como Oficial Mayor durante seis años en el gobierno de Omar Fayad Meneses.

Desde esa posición, controló todos los procesos de compra pública, la firma de contratos multimillonarios y la administración de activos estratégicos, incluida la flota aérea del estado.

La confianza depositada en él habría sido utilizada para saquear los recursos públicos a gran escala.

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo lo identifica como el operador estatal que firmó y ejecutó los contratos ficticios que dieron origen al enorme quebranto patrimonial.

Tres esquemas paralelos permiten entender la dimensión del golpe:

En primer lugar, el fraude sanitario durante la pandemia de COVID-19. En medio de la crisis de 2020, se autorizó la compra urgente de 34,358 litros de gel quirúrgico por 18,202,490.97 pesos. La investigación confirma que el producto nunca fue entregado.

En segundo término, el desvío del seguro por daños del huracán Grace. En 2021, la aseguradora Grupo Mexicano de Seguros transfirió 116,062,000 pesos para la atención a damnificados.

Todo el dinero terminó directamente en la cuenta de Locom Trading Company SA de CV, una firma señalada como vehículo de lavado, desde donde los fondos fueron sacados del país.

El tercer capítulo involucra la venta subvaluada de helicópteros y predios estatales. Tres aeronaves de rescate fueron vendidas con una pérdida mínima de 116 millones de pesos, ya que solo se pagó la mitad de su valor real.

A ello se suman 55 millones de pesos más derivados de ventas irregulares de inmuebles estatales. Activos destinados a proteger a la población fueron convertidos en botín privado.

La operación judicial para desmantelar la red adoptó la estrategia de “apilar y presionar”. La Fiscalía comenzó por el caso más sencillo de acreditar, el fraude del gel quirúrgico, apoyada en el testimonio de Víctor Eloy Porras Oaxaca, subordinado directo de Martiniano.

Este funcionario aceptó un criterio de oportunidad, confesando haber recibido el 30% del valor de los contratos como sobornos y devolviendo 5.4 millones de pesos. Su colaboración fue decisiva para condenar a Martiniano a 12 años de prisión en julio de 2023.

A diferencia de César Román Mora Velázquez, Contralor del estado y presunto cerebro del esquema, quien estuvo prófugo más de dos años hasta ser detenido en Miami en mayo de 2025, Martiniano quedó privado de la libertad desde el inicio y posteriormente fue notificado de nuevas órdenes de aprehensión vinculadas al hurto de los fondos del huracán y la venta ilícita de aeronaves. En conjunto, podría enfrentar hasta 40 años de cárcel.

El avance judicial, sin embargo, pone en evidencia un contraste inquietante. Aunque la red de corrupción operó a la sombra del Ejecutivo estatal, el exgobernador Omar Fayad Meneses aparece desligado de responsabilidades.

Por el contrario, fue premiado políticamente: en diciembre de 2023 fue designado embajador de México en Noruega, mientras el sistema judicial estrechaba el cerco sobre su primer círculo de colaboradores.

La ratificación del nombramiento desató una tormenta en el Senado. La oposición acusó que el cargo diplomático fue una “recompensa por lealtad” y un escudo de impunidad para evitar que la justicia tocara al jefe político del grupo.

La defensa oficial eludió hablar de inocencia y se centró en elogiar la “conducta democrática” del exgobernador durante los comicios de 2022. Aun así, la designación fue aprobada por 70 votos a favor.

Hoy, mientras Martiniano yac e tras las rejas y Mora espera ser extraditado para responder ante los tribunales, Omar Fayad pasea por las calles de Oslo como un diplomático respetado.

La imagen cruda es difícil de ignorar:
la justicia alcanzó a quienes firmaron los contratos, pero no a quien entregó el poder para que se firmaran.

Este caso obliga a México a enfrentar una conclusión dolorosa: cuando la corrupción se convierte en una estructura de Estado, la ley castiga a algunos participantes, pero protege a los indispensables.

Las aeronaves que debieron sobrevolar para salvar vidas hoy simbolizan una verdad amarga: en el juego del poder, la impunidad vuela más alto que cualquier helicóptero estatal.